Los portavoces de Compromís y Guanyar, Natxo Bellido y Miguel Ángel Pavón. Foto: PEPE OLIVARESALICANTE. El pulso por la modificación del Reglamento Orgánico del Pleno (ROP) planteado por Guanyar y Compromís en el pleno de diciembre sigue en pie. Los dos exaliados políticos del PSOE pretenden aprovechar el resquicio abierto por la edil no adscrita, Nerea Belmonte (expulsada del equipo de Gobierno, de Guanyar y de Podemos por conceder contratos menores a afines) con su propuesta normativa de modificación de ese documento, ya en fase de trámite, para reiterar sus propias sugerencias de cambio mediante la presentación de enmiendas en ese proceso de revisión en curso.
A grandes rasgos, la propuesta registrada por Belmonte persigue que se le concedan derechos de participación política hasta ahora no contemplados en ese reglamento para los ediles no adscritos. En concreto, la posibilidad de presentar mociones en los plenos y que se le dé cabida en las comisiones no permanentes de pleno en las que ni ella ni Fernando Sepulcre (el segundo concejal no adscrito, ex de Ciudadanos) están representados. Además, también reivindica que se le reconozca el derecho a percibir una retribución económica por su labor en el Ayuntamiento, al estimar que la jurisprudencia establecida por el Tribunal Constitucional (TC) sobre la materia sólo delimita que los concejales no adscritos no podrán percibir una remuneración superior a la que que tenían asignada en el grupo político de procedencia.
El objetivo de Guanyar y Compromís es usar la tramitación de ese expediente para forzar la inclusión de dos de sus peticiones básicas: la retirada de sueldos a los concejales imputados por causas relacionadas con delitos de corrupción (lo que podría interpretarse como una propuesta para que el alcalde, Gabriel Echávarri, perdiese su retribución) y la reducción del exceso de prerrogativas que ese reglamento reserva a Alcaldía desde su última revisión, llevada a cabo bajo el mandato de la popular Sonia Castedo en 2011. Las dos formaciones, que renunciaron a sus competencias de gobierno en noviembre por la negativa de Echávarri a dimitir tras su imputación en dos causas distintas (los llamados caso Comercio y caso despido), siguen considerando que esos dos cambios forman parte del compromiso político que dio lugar a la formación del tripartito, en junio de 2015, por lo que volverán a plantearlos para su debate después de que PP y PSOE tumbasen su iniciativa en el último pleno ordinario.
Su segunda tentativa podría contar con el respaldo del grupo municipal de Ciudadanos (Cs). Su portavoz, Yaneth Giraldo, criticó el oportunismo de las mociones presentadas por los exsocios de Echávarri al plantear propuestas de modificación después de casi dos años de gobierno. Con todo, a diferencia de PSOE y PP, sus cinco ediles optaron por abstenerse, ya que, según Giraldo, Cs también comparte la necesidad de que se modifique ese reglamento en los foros que ya existen para ello, como la comisión de Presidencia, sin necesidad de que se promueva una nueva comisión específica para ajustar el reglamento.
Todo parece indicar que, incluso, pese a ese hipotético respaldo de Cs, la revisión planteada por Guanyar y Compromís podría quedar desestimada de nuevo al no reunir más votos a favor que en contra. Sin embargo, en realidad las dos formaciones no lo considerarían un fracaso: su propósito es que, como mínimo, se vuelva a debatir sobre el tema y que todos los grupos políticos queden forzados a retratarse.
