La edil no adscrita, Nerea Belmonte, interviene en un pleno, en imagen de archivo. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante, compuesto ahora por el PSOE en solitario tras la ruptura del tripartito, excede el plazo comprometido para tramitar la propuesta de modificación del Reglamento Orgánico del Pleno (ROP) que podría conceder derechos políticos y económicos a la edil no adscrita, Nerea Belmonte, en igualdad de condiciones respecto al resto de concejales que ejercen funciones de oposición. El acuerdo por el que se inició el trámite de la propuesta normativa de Belmont, aprobado por la Junta de Gobierno el pasado 22 de diciembre (ya con el PSOE solo al frente de la gestión municipal) establecía que, una vez reunidos los informes del interventor y del secretario municipal, "que deberán emitirse en el plazo máximo de treinta días, la Junta de Gobierno emitirá el suyo propio sobre la oportunidad y procedencia de la iniciativa y remitirá el expediente a la Secretaría General del Pleno, para el inicio del trámite ante la Comisión Permanente de Presidencia".
Como ha publicado este diario, el informe preceptivo pero no vinculante del secretario municipal se emitió el pasado 30 de enero: es decir, hace más de un mes y medio. Hasta el momento, la propia Belmonte aseguró a Alicante Plaza no haber tenido constancia de que el departamento de Intervención haya emitido su propio informe. No obstante, sostuvo que, en todo caso, ese dictamen ni es trascendente (sólo podría pronunciarse sobre la disponibilidad de crédito para poder asumir el pago de unas hipotéticas retribuciones), ni es estrictamente necesario en este momento para que la propuesta pueda elevarse a pleno. "El hecho de que la propuesta normativa llegue a pleno no significa que vaya a aprobarse, así que la falta de ese informe no puede servir de excusa; en todo caso, se puede pedir después, si se aprueba que tengo derecho a percibir retribuciones como el resto de concejales de la oposición ", apuntó.
Como también viene informando este diario, el informe jurídico del secretario valida la propuesta y deja su consideración a la decisión política del pleno de la corporación. Es más, llega a recomendar que algunas de las propuestas planteadas por la exconcejal de Guanyar (expulsada del grupo municipal y de Podemos por dar contratos menores a personas afines, sin que se abriese ninguna investigación municipal ni judicial al respecto) sea incorporada en la norma municipal en sintonía con lo que determina la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional (TC).
El acuerdo por el que se inició la tramitación de la propuesta daba un plazo de un mes para que se emitiesen informes, con el propósito de debatirla en la Comisión de Presidencia
Belmonte llegó a acusar al equipo de Gobierno de haber "secuestrado su propuesta normativa para usarla como moneda de cambio" en el actual contexto político, en el que se debate sobre la posible renuncia del alcalde, Gabriel Echávarri, y sobre la necesidad de reunir al menos 15 votos para garantizar la investidura de Eva Montesinos (la número 2 de la lista del PSOE) como sustituta. Si se da por hecho el respaldo ya anunciado de Guanyar y Compromís a ese hipotético relevo, por pura aritmética, ese voto número 15 podría ser el de Belmonte, aunque también podría facilitarlo el segundo concejal no adscrito, Fernando Sepulcre (exconcejal de Ciudadanos), o alguno de los cinco concejales del partido de Albert Rivera. Por lo pronto, fuentes de Alcaldía precisaron el martes que la propuesta de Belmonte no se había bloqueado y que seguía en estudio.
