La exconcejal de Guanyar, Nerea Belmonte, tras declarar en Fiscalía. Foto: PEPE OLIVARESALICANTE. La exconcejal de Guanyar y exmilitante de Podemos, Nerea Belmonte, no se olvida de sus reivindicaciones tras el cambio de signo político en el Ayuntamiento de Alicante y ya insta al nuevo equipo de Gobierno, compuesto por ocho ediles del PP, a llevar al próximo pleno de junio su propuesta de modificación del Reglamento Orgánico del Pleno (ROP) que abriría la puerta al reconocimiento de derechos políticos y económicos a los ediles no adscritos en las mismas condiciones que el resto de concejales de la oposición. Belmonte precisó a Alicante Plaza que la tramitación de su propuesta sigue bloqueada desde el mes de enero, sin que se le haya dado curso, por lo que instó a los populares a reactivarla en el menor plazo posible.
La petición en sí misma no es nueva: se trata del mismo requerimiento que Belmonte viene formulando desde el pasado verano y que llegó a poner sobre la mesa como una de sus condiciones imprescindibles para que pudiese prestar apoyo a la investidura de la socialista Eva Montesinos como nueva alcaldesa, tras la renuncia de Gabriel Echávarri. Es más, el PSOE accedió a tramitar esa modificación y se comprometió a ello por escrito, en un documento suscrito por representantes de Guanyar y Compromís. Ese documento recogía la voluntad política de los tres grupos a tramitar la reforma del ROP, de modo que se retirasen las limitaciones recogidas durante la etapa de Gobierno de Sonia Castedo sobre los concejales no adscritos. De hecho, las tres fuerzas incidieron entonces en que la reforma del ROP fue uno de los puntos incluidos en el pacto de gobierno que dio lugar al tripartito y que, además, la propuesta de modificación de Belmonte contaba con un informe favorable del secretario municipal, como adelantó este diario. Eso sí, las tres formaciones insistieron en que ese compromiso no implicaba que a Belmonte se le concediese sueldo de manera automática. En todo caso, esa decisión debía adoptarse en un acuerdo posterior para el que se requeriría mayoría del pleno.
Sin embargo, Belmonte acabó rechazando ese compromiso político y pidió que en ese documento firmado por PSOE, Guanyar y Compromís también se incluyese por escrito que, tras la reforma del ROP, se le concedería una retribución por el desempeño de sus funciones como concejal. El desenlace de esos contactos ya es conocido: las tres fuerzas políticas que constituyeron el tripartito se negaron a incluir esa condición y Belmonte emitió un voto en blanco en el pleno de elección de nuevo alcalde, lo que acabó dando la Alcaldía al popular Luis Barcala como candidato de la lista más votada en las municipales de 2015, tras tres años de mandato de la izquierda.
Un mes después, esos acontecimientos derivaron en una declaración de la propia concejal tránsfuga en el transcurso del pleno ordinario de abril, en las que señaló que había recibido una oferta de sueldo de 3.500 euros a cambio de su voto. Y más tarde, en la apertura de diligencias por parte de la Fiscalía Anticorrupción, tras la denuncia presentada por dos particulares (militantes de Podemos), que -según las fuentes consultadas- podrían ampliarse en los próximos días con la petición de diversa documentación adicional, antes de que se produzcan nuevas citaciones. Entre ellas, podría barajarse el probable testimonio del exconcejal y exsenador del PSOE, Ángel Franco, al que Belmonte habría señalado, según informaciones periodísticas.
La Fiscalía sopesa solicitar nueva documentación relacionada con el supuesto intento de compra de su voto antes de acordar más probables citaciones
Sea como fuere, el expediente abierto por el PSOE para tramitar la reforma del ROP presentada por Belmonte no ha experimentado ningún avance conocido desde que el secretario municipal emitiese su informe. El texto no ha pasado por la Junta de Gobierno para su aprobación o rechazo, lo que resulta necesario para que pueda ser debatida en comisión informativa y, después, en pleno. De ahí que la tránsfuga vuelva a apremiar ahora para que se le dé curso, después de haber excedido con creces el plazo previsto en el acuerdo por el que se abrió el expediente.
Por lo pronto, Barcala sí admitió -en una entrevista concedida a Radio Alicante hace una semana- que ese expediente debía seguir su curso porque se trata del trámite normal en todos los supuestos similares sobre iniciativas que cuentan con el visto bueno de los técnicos. En esta línea, insistió en subrayar que el cambio propuesto por Belmonte sólo afecta a la posibilidad de que se reconozcan derechos políticos y económicos a los concejales no adscritos, algo que con el texto actual no es posible. Y como vino subrayando el PSOE, remarcó que, de aprobarse, la reforma del ROP no implicaría que a Belmonte se le concediese un sueldo; únicamente se abriría la posibilidad de que se le concediese.
