ALICANTE. La iniciativa registrada por el grupo municipal de Ciudadanos (Cs) para forzar al equipo de Gobierno, del PP, a reanudar los trabajos de la comisión de investigación de los contratos de Comercio tendrá otra derivada que trata de revertir una de los últimas decisiones adoptadas por el PSOE en relación a esas contrataciones bajo sospecha. Se trata del acuerdo aprobado justo dos semanas antes de que el socialista Gabriel Echávarri registrase su renuncia a la Alcaldía por el que se daba por zanjado el expediente de revisión de oficio sobre el procedimiento de contratación que el ya extinto tripartito (PSOE, Guanyar y Compromís) decidió iniciar en abril de 2017. Es decir, cuando se tuvo conocimiento del informe del interventor municipal en el que expresaba sus dudas sobre la posible existencia de un supuesto fraccionamiento.
En concreto, en el acuerdo aprobado por los socialistas en la Junta de Gobierno del 23 de marzo (Echávarri dimitió el 9 de abril) se establecía que: "De las actuaciones que obran en el expediente no resulta probado que en la preparación y en la ejecución de los contratos a que este se refiere se haya producido actuación alguna que pueda tipificarse en alguno de los graves supuestos previstos en el artículo 47 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, como productores de la nulidad de pleno derecho de los actos revisados".
Ahora, tanto si el PP convoca o no esa nueva sesión de la comisión de investigación para acordar sus conclusiones y cierre, el grupo municipal de Guanyar ya ha instado al nuevo ejecutivo que coordina Luis Barcala a dar respuesta al recurso de reposición contra esa decisión que el grupo presentó en plazo, el pasado 23 de abril. En ese escrito, la plataforma electoral liderada por Esquerra Unida (EU) reclamaba que el acuerdo aprobado por el PSOE en Junta de Gobierno quedase anulado al estimar que sí se concurrían causas suficientes para seguir revisando esas contrataciones a la vista de los informes emitidos por el interventor municipal como y por el exjefe técnico de la Concejalía de Comercio, Diego Agulló, cuando ya figuraba como investigado por un delito de prevaricación en relación a hechos similares en el curso de las diligencias por la adjudicación de la feria outlet del Puerto.
En su recurso, Guanyar exponía que el interventor y el técnico expresaron sus dudas sobre la legalidad de esos contratos en dichos informes y, después, también durante sus comparecencias ante la comisión de investigación, por lo que no podía decidirse sin más que no existieron irregularidades obviando todas sus apreciaciones, en base a un nuevo informe en el que se decía que no se había encontrado causa para declarar la nulidad de esos 25 encargos concertados de manera directa por separado y por un importe inferior a los 18.000 euros, pero con un presupuesto global de más de 189.000 euros.
Así, en ese mismo recurso, Guanyar incidía en que en el acuerdo por el que el PSOE dio carpetazo a la revisión de oficio sobre esos contratos tampoco se mencionaba que tanto el entonces edil de Comercio, Gabriel Echávarri, como dos de sus asesores (Lalo Díez y Pedro de Gea), iban a ser juzgados en relación a la adjudicación de esos contratos. Así, consideraba que en ningún caso podía darse por concluido el expediente de revisión de esas adjudicaciones y llegaba a plantear la posibilidad de que se suspendiese ese proceso de revisión hasta que existiese sentencia por el principio de prejudicialidad penal.