El exalcalde Luis Díaz Alperi junto al exconcejal de Comercio, Antonio Sobrino, en una imagen de archivo. Foto: JUAN CARLOS SOLERALICANTE. El Juzgado de Instrucción número 8 ha acordado elevar a la Audiencia Provincial de Alicante la causa sobre la organización presuntamente irregular del montaje de la feria Outlet celebrada en 2009 en el recinto de la Zona Volvo para que se celebre juicio oral contra los dos imputados: el exconcejal de Comercio del Ayuntamiento de Alicante, José Antonio Sobrino (PP), y el exjefe de Servicio de esa concejalía, Diego Agulló.
Se trata de una pieza separada del conocido como caso Isjoma, en el que se investiga la adjudicación supuestamente irregular de la contrata sobre el montaje de infraestructuras para actos festivos y culturales iniciada a instancias de la denuncia presentada en Fiscalía por Montajes Alavés tras considerar que pudieron haberse cometido anomalías al adjudicar la contrata a Isjoma cuando la oferta de esta última era por un coste superior a la propia. En concreto, un millón más cara. En esa causa matriz, dos de los investigados también son exconcejales del PP, Juan Zaragoza y Andrés Llorens. Tanto Sobrino como Zaragoza y Llorens están ahora desvinculados de la actividad política.
En esta segunda causa sobre el montaje de la feria outlet, Sobrino y Agulló están acusados de un delito de prevaricación en la contratación del montaje de ese certamen. Según han precisado fuentes del TSJ, se les acusa de fraccionar el pago de más de 48.000 euros en varias facturas, tras omitir el procedimiento legal y adjudicar el servicio de manera directa, sin solicitar presupuestos a un mínimo de tres empresas, como hubiese sido preceptivo, mediante la convocatoria de un procedimiento negociado.
En el caso de la feria Outlet de 2009, la Fiscalía Anticorrupción solicita provisionalmente para el político y el técnico penas de hasta siete años de inhabilitación para el desempeño de cargo público. Según la acusación pública, el entonces concejal suscribió un contrato de servicios por 42.000 euros que adjudicó directamente a una empresa "conforme al procedimiento negociado sin publicidad", aunque excedía del límite legal de 18.000 euros: el límite legal para la concertación de los llamados contratos menores. Más tarde, Sobrino y Agulló, "perfectamente conocedores de lo ocurrido, aprobaron pagos fragmentados del contrato inicial, haciéndolos pasar por contratos menores", aunque todos ellos obedecían al mismo objeto, relata la acusación pública en su escrito de conclusiones.
Anticorrupción sostiene que dos patrocinadores pagaron dos de estas facturas y el ayuntamiento abonó otras cuatro que superaron un importe total de 26.320,09 euros, lo que "seguía superando le límite del contrato menor de suministros". Finalmente, el Consistorio abonó a la empresa, contando el IVA (16%), 30.531,11 euros por dicha feria, que se celebró en la zona Volvo del puerto de Alicante del 9 al 12 de octubre de 2009.
El titular del juzgado de Instrucción 8 de Alicante decretó ya el pasado mes de noviembre la apertura de juicio oral contra Sobrino y Agulló por estos hechos y ha remitido ahora el proceso a la Audiencia para la celebración de la vista, según el TSJCV.
