La actual edil de Comercio y Hostelería, Gloria Vara, junto al alcalde y exedil del área, Gabriel Echávarri, en imagen de archivo.ALICANTE. Carpetazo al expediente administrativo que dio origen al llamado caso Comercio: una de las dos causas judiciales que han expuesto al alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, a sentarse en el banquillo de los acusados por un supuesto delito de prevaricación administrativa. El equipo de Gobierno, compuesto por el PSOE en solitario tras la ruptura del tripartito, aprobó este jueves la "finalización del procedimiento de revisión de oficio para la declaración de nulidad" de los 25 contratos menores concertados de manera directa desde la Concejalía de Comercio entre noviembre y diciembre de 2016, por un importe individual inferior a los 18.000 euros, pero por una suma global de más de 189.000 euros.
El acuerdo se adoptó, a iniciativa de la edil de Comercio y Hostelería, Gloria Vara, en una sesión extraordinaria de la Junta Local de Gobierno (el órgano de representación política en el que se adoptan la mayor parte de las decisiones municipales) con el argumento de que no se ha encontrado ninguna causa legal que conlleve o requiera su anulación. O lo que es lo mismo, que los contratos son válidos. Así lo refleja, cuando menos, la literalidad de la propuesta: "De las actuaciones que obran en el expediente no resulta probado que en la preparación y en la ejecución de los contratos a que este se refiere se haya producido actuación alguna que pueda tipificarse en alguno de los graves supuestos previstos en el artículo 47 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, como productores de la nulidad de pleno derecho de los actos revisados".
El expediente de revisión de oficio se abrió el 4 de abril de 2017, cuando se había elevado la propuesta de aprobación de pago de esos 25 encargos directos. En ese momento, se puso de manifiesto que existían dos informes en los que se expresaban dudas sobre la existencia de un posible fraccionamiento de contratos, lo que habría evitado la convocatoria de un concurso público y, por tanto, la libre concurrencia de empresas. Esos informes fueron los evacuados por el exjefe de Servicio de Comercio, Diego Agulló (relegado de esas funciones un mes después, cuando Echávarri cedió la delegación de Comercio a Vara), y por el interventor municipal.
A la vista de esos informes, el equipo de Gobierno, entonces compuesto por PSOE, Guanyar y Compromís, adoptó un acuerdo en el que figuraban dos puntos de recorrido paralelo. Primero, se anuló el pago de esos contratos con cargo al presupuesto ordinario y se aprobó un expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito para que se abonasen los servicios contratados y efectivamente prestados a precio de mercado (lo contrario hubiese supuesto que el Ayuntamiento incurriese en un enriquecimiento injusto). Y segundo, se acordó elevar el expediente al Consell Jurídic Consultiu (CJC) para que dictaminase si la tramitación de esos contratos fue correcta o nula. Como recoge la propuesta aprobada este jueves, se trata de un trámite preceptivo para que la posible anulación de esos contratos fuese efectiva (para que adquiriese eficacia).
Mientras, el PP dio traslado de los hechos a la Fiscalía para que dilucidase si en la tramitación de esos encargos se pudo incurrir en un supuesto de fraccionamiento de contratos y Ciudadanos (Cs) solicitó una comisión de investigación para aportar transparencia sobre el procedimiento, que el tripartito acabó aceptando.
Una de las sesiones de la comisión de investigación sobre los contratos del 'caso Comercio'. Foto: PEPE OLIVARESLos acontecimientos posteriores ya son conocidos: tras esa comisión de investigación (sobre la que no se han llegado a aprobar conclusiones), el PP y Cs elevaron sendas denuncias al juzgado, lo que provocó la imputación de Echávarri, de su jefe de gabinete, Lalo Díez, y del asesor de Comercio, Pedro de Gea. Ahora, la Audiencia acaba de ratificar su procesamiento.
Lo cierto es que, entre tanto, el Ayuntamiento llegó a remitir ese expediente al Consell Jurídic, aunque al parecer lo hizo de manera incompleta. De ahí que el órgano consultivo de la Generalitat le requiriese en varias ocasiones que completase los trámites pendientes. Lo hizo el 3 de octubre de 2017, para que el Ayuntamiento enviase "la propuesta de acuerdo de declaración de nulidad de los actos que considere nulos" para que se pudiese dictaminar al respecto. Y reiteró esa misma petición el pasado 28 de febrero.
Ahora, once meses después de que se abriese el expediente de revisión, el PSOE lo concluye y valida los contratos sin llegar a recabar la opinión del Jurídic. La propuesta aprobada recoge textualmente la siguiente explicación: "Toda la actuación revisora iniciada tiene su origen y su apoyo en un informe del anterior señor Jefe de Servicio de Comercio, Consumo, Sanidad y Mercados en el que manifestó que se le presentaban dudas acerca de si en algunos de los 25 contratos a que se refiere el acuerdo de la junta se pudo incurrir en alguna infracción legal. Y al respecto, hay que señalar que, más allá de tales dudas, no existen constancia en el expediente de informe alguno (proceda su autoría del anterior Jefe del Servicio de Comercio, de la Asesoría Judicial o de la Intervención General del Ayuntamiento) en el que se ponga de relieve que exista una relación clara y manifiesta entre unos actos contractuales concretos con una actuación procedimental jurídicamente irregular susceptible de causar la nulidad de los referidos actos".
Sobre esa base argumental, la propuesta -apoyada en el informe del nuevo Jefe del Servicio de Comercio y Hostelería, Javier Maestre- declara concluso el expediente de revisión de oficio "no habiéndose probado que en la producción de los actos a que dicho expediente se circunscribe se haya incurrido en causa de nulidad" y plantea que se dé traslado al CJC "la finalización del expediente administrativo a que se refiere este acuerdo". Es decir, se resuelve que ya no es necesario su dictamen sobre la posible nulidad, puesto que no hay actos anulables.
La decisión ya motivó este jueves la crítica de los grupos de la oposición. Como mínimo, Compromís mostró su "estupefacción" sobre la decisión adoptada, "once meses después de estar mareando la perdiz y sin enviar los documentos requeridos al Consell Jurídic", según expuso su portavoz municipal, Natxo Bellido. "Ahora se cierra el expediente sin el dictamen del Jurídic y sin que se sepa qué pasa con la factura número 26 que formaba parte de ese mismo paquete, pero que se aprobó en octubre", insistió. Por ello, señaló que "Compromís permanecerá vigilante y solicitará copia del expediente que se le remite ahora al Jurídic informando sobre su cierre".
El portavoz del PP, Luis Barcala, por su parte, también cuestiona la decisión de la Junta de Gobierno y califica de "sorprendente el acuerdo exprés de la junta del minigobierno del alcalde, Gabriel Echávarri, dando carpetazo a la anulación de los 25 contratos con los que ha sido procesado". "Parece que el señor Echávarri no se cansa de meterse en líos y así complicar todavía más su situación con decisiones como ésta", ha explicado el dirigente del PP.
Sin embargo, los populares no apuntan sólo al primer edil, sino también al resto de concejales que forman parte de la Junta de Gobierno. "Lo que sí resulta más preocupante", continúa Barcala, "es el grado de inconsciencia del resto de los concejales del minigobierno al secundarle en su suicida estrategia y ante la responsabilidad que se pudiera derivar con ese acuerdo de la junta de gobierno". "Espero que todos y cada uno de los concejales del gobierno socialista supieran lo que estaban haciendo cuando han suscrito y adoptado ese acuerdo", advierte Barcala.
