El alcalde, Gabriel Echávarri, en una visita al Mercado Central, de archivo. ALICANTE. El estallido del llamado caso Comercio ya tiene consecuencias internas, al margen de las diligencias que instruye la Fiscalía Anticorrupción o de la creación de una comisión de investigación sobre los 25 contratos menores tramitados a lo largo del pasado diciembre. Primero fue la renuncia voluntaria del alcalde, Gabriel Echávarri, a ejercer las competencias sobre la materia y su delegación en favor de la también edil socialista, Gloria Vara, hasta ahora responsable de Infraestructuras, Inmigración y Plaza de Toros. Y ahora, llega un ajuste de inicio en el organigrama de la concejalía, con la destitución del jefe del servicio, Diego Agulló.
Agulló, que ya conoce la decisión (el decreto de Alcaldía, si no está firmado con fecha de este martes, se firmará en las próximas horas), es el técnico que expresó sus dudas sobre la existencia de un posible fraccionamiento de contratos -dudas confirmadas después por el interventor municipal- en el momento en el que debía instruirse el expediente para que la Junta de Gobierno aprobase los pagos. Es decir, cuando ya se habían tramitado los 25 encargos directos como contratos menores. Como viene informando Alicante Plaza, todos ellos fueron por un importe inferior a los 18.000 euros que contempla la Ley de Contratación del Sector Público para los llamados contratos menores, pero por un importe global de algo más de 189.000 euros. En ese expediente, no figuraba ningún escrito de advertencia previa. Según las fuentes municipales consultadas, sencillamente porque nunca llegó a existir ese aviso con antelación.
Agulló viene ejerciendo como jefe de servicio del área de Comercio durante los tres últimos mandatos. Ocupó esa responsabilidad junto a los concejales del PP, Juan Zaragoza, Antonio Sobrino y Belén González. En esa etapa, se ha visto envuelto en dos investigaciones judiciales en las que ha llegado a quedar expuesto a una imputación: el contrato para el montaje de infraestructuras festivas, el llamado caso Isjoma, y la organización de una Feria Outlet. En este último caso, se investiga también un supuesto fraccionamiento de contratos por el encargo por separado del montaje de esa certamen, que se celebró en octubre de 2009 en el paseo de la Zona Volvo, con trabajos inferiores a los 18.000 euros.
Con la llegada de PSOE, Guanyar y Compromís al poder, en junio de 2015, se mantuvo a Agulló al frente del departamento pese a que ya pesaba sobre él al menos la imputación por el caso Isjoma. Según las mismas fuentes, en ese momento se evaluó su experiencia en el cargo y se le mantuvo la confianza. Ahora, queda apartado y sustituido por el actual jefe del área de Infraestructuras, Javier Maestre, que compatibilizará las dos jefaturas. Maestre también ocupó diversas responsabilidades bajo el Gobierno de la popular Sonia Castedo. En concreto, ejerció como jefe de Atención Urbana junto al vicealcalde, Andrés Llorens, como hombre de su máxima confianza. Desde junio de 2015, es la mano derecha de Vara, motivo por el que tanto ella como Echávarri habrían apostado por él al frente del nuevo organigrama del renovado departamento de Comercio y Hostelería. De hecho, la decisión sobre su nombramiento se habría justificado en la necesidad de que Vara confeccionase su propio equipo.
Agulló viene ejerciendo como jefe de Servicio durante los últimos tres mandatos y se ha visto salpicado por dos investigaciones judiciales: el 'caso Isjoma' y la 'Feria Outlet'
Agulló, por su parte, continuará como jefe de área de la Concejalía de Sanidad. Según las fuentes consultadas, él mismo ya había presentado hace meses su dimisión como máximo responsable técnico de Protección Animal. Las fuentes consultadas no llegaron a referirse al relevo de Agulló como respuesta a la petición de responsabilidades que cursaron tanto Guanyar como Compromís cuando se conoció la supuesta anomalía y se tuvo que anular el pago de esas facturas por el procedimiento ordinario para abonarse como reconocimiento extrajudicial de crédito. Desde entonces, el primer edil viene defendiendo que en esos encargos directos no se incurrió en ningún delito y que no se troceó ningún contrato, sino que se concertaron campañas diferentes. Además, también viene insistiendo en que fue él quien propuso la anulación de los pagos a la vista de las dudas expresadas por el interventor.
El relevo en la jefatura del servicio coincide con un acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno este martes en relación a las instrucciones que deben regir para la tramitación de los llamados contratos menores. Pese a que el informe de la Asesoría Jurídica que figura en el expediente sobre los contratos de Comercio sostiene que es una modalidad de contratación que, según recomendaciones de la Unión Europea, debe tender a limitarse o desaparecer siempre que sea posible (para, así, favorecer la pública concurrencia), la propuesta ratificada por PSOE, Guanyar y Compromís viene a mantener su vigencia. En concreto, el acuerdo matiza las instrucciones sobre contratación acordadas en abril y subraya que, en esos contratos menores, para ganar "agilidad y eficacia" no es necesario aportar memorias o redactar pliegos.
El portavoz del equipo de Gobierno y edil de Contratación, Natxo Bellido (Compromís), explicó al término de la Junta que los contratos menores solo requieren de la aprobación del gasto y la presentación de la factura. Además, en la propuesta de acuerdo se establece que las instrucciones aprobadas "transcriben" las instrucciones "dictadas" por el Ministerio de Hacienda.
"Las instrucciones, que son de carácter técnico, sirven para dar criterios a la hora de relacionarnos con las empresas que prestan un servicio al Ayuntamiento", sostuvo Bellido, que indicó que se busca que las instrucciones sean "más claras" y que "no se está pidiendo a ningún servicio cosas a las que no están obligados por ley". "Lo que hemos aclarado en la nueva versión de las instrucciones es que separamos claramente los contratos menores y que no están afectados por la necesidad de hacer pliegos de condiciones y memorias", concluyó.
