La Fiscalía reclama a Echávarri las facturas 'sospechosas' del área de Comercio de Alicante

ALICANTE. La Fiscalía Anticorrupción de Alicante ha decidido abrir diligencias por la denuncia presentada por el PP por el posible fraccionamiento de facturas en la Concejalía de Comercio que dirige el alcalde, el socialista Gabriel Echávarri, según publica este miércoles el diario Información y ha confirmado Alicante Plaza. El Ministerio Público ha reclamado al consistorio la documentación sobre las facturas que los populares consideran como sospechosas. 

En su denuncia, el PP atribuía un delito de prevaricación administrativa al primer edil como concejal delegado de Comercio por haber concertado varios contratos por un importe inferior a los 18.000 euros (el límite legal para los llamados contratos menores) para encomendar directamente a las empresas que se pretendía la ejecución de determinados trabajos y servicios que, a su juicio, constituían en realidad un mismo objeto con la intención de eludir la convocatoria de un proceso público en el que se amparase la libre concurrencia de empresas. En total, las 25 facturas anuladas por el tripartito en Junta de Gobierno, cuyo pago se acordó al mismo tiempo a través de un procedimiento extrajudicial de crédito, ascendían a un importe global de 189.000 euros. El presunto fraccionamiento, según el PP, no se habría producido en todos esos encargos, sino en las relacionadas con tres trabajos concretos: la organización de la Gala de entrega de Premios de Comercio, la señalización de los mercados municipales y la campaña promocional con el lema Alicante está de moda.

Al margen de la denuncia del PP en Fiscalía, también se ha activado la creación de una comisión de investigación a instancias de una moción impulsada por Ciudadanos, avalada por la unanimidad de los grupos políticos representados en la corporación. Esa comisión debía iniciar sus trabajos de revisión de los expedientes el pasado viernes, pero quedó en suspenso hasta que se dilucide si C's presenta una impugnación contra la composición propuesta (sólo un miembro por grupo municipal, cuando la moción hablaba de que debía tener una composición análoga a la del resto de comisiones de plenos, con dos miembros) y contra su régimen de funcionamiento (con sesiones a puerta cerrada, con acceso sólo para medios de comunicación salvo que se produzca una petición expresa de algún compareciente para que los periodistas también se ausenten). 

El último paso anunciado por C's al respecto es la petición en les Corts de los expedientes relacionados con la contratación de propaganda electoral del PSOE en las municipales de 2015 en las instalaciones de la red del TRAM gestionadas por Ferrocarrils de la Generalitat para dilucidar posibles vínculos entre los contratantes de esa publicidad y los adjudicatarios de los encargos directos de Comercio.

Cuando el Ayuntamiento responda a la petición de Fiscalía sobre los expedientes de Comercio, el fiscal Felipe Briones será el encargado de decidir si ve indicios de delito y por lo tanto envía a los juzgados una denuncia contra el regidor o archiva. El procedimiento seguido es muy parecido al que se está llevando a cabo con la contrataciones de Fitur de la Diputación de Alicante que denunció Compromís. En ese caso, el mismo fiscal sí que ha abierto diligencias previas a la que se han añadido posibles contrataciones irregularidades de otros ayuntamientos, como Benidorm.

La denuncia del PP fue presentada en abril ante la Fiscalía y en ella, el portavoz del PP, Luis Barcala, acusa al alcalde de Alicante de haber eludido el procedimiento reglado que exige la ley para llevar a cabo hasta 25 contratos menores -que suman 189.000 euros- desde la Concejalía de Comercio durante el pasado mes de diciembre en lo que ha considerado un presunto caso de fraccionamiento de contratos.