ALICANTE. La disputa jurídica sobre el servicio de mantenimiento de las zonas verdes de Alicante continúa. La empresa Geamur, que asumió la prestación entre los años 2012 y 2020, ha optado por agotar todas las posibilidades a su alcance con la interposición de un recurso de reposición frente al auto dictado por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) por el que se daba por descartada la posibilidad de ejecutar la sentencia a su favor. Un pronunciamiento conocido en julio de 2022 en el que el alto tribunal autonómico conminaba al Ayuntamiento de Alicante a retrotraer el concurso convocado en 2019 al momento de valoración de las ofertas presentadas, readmitiendo la propuesta presentada por Geamur.
Esa decisión, avalada por el Tribunal Supremo (TS) en noviembre de 2023, dio paso al proceso para dar cumplimiento al mandato contenido en el fallo, con el que se abrió un proceso de negociación entre el Ayuntamiento y Geamur en busca de un acuerdo extrajudicial. Sin embargo, las conversaciones concluyeron sin éxito, por lo que Geamur instó al TSJ a acordar la ejecución de su sentencia. Con todo, el alto tribunal autonómico resolvió, el pasado 28 de mayo, que el fallo dictado hace dos años resulta inejecutable en la medida en que la duración original del contrato objeto de litigio ya había vencido.
Los magistrados de la sala quinta de la Sección de lo Contencioso Administrativo del TSJ apuntaban en ese auto que "el contrato con sus prórrogas se ha extinguido y no cabe la ejecución singular fijada en la sentencia de anular la licitación y retrotraer las actuaciones; por tanto, concluimos que existe imposibilidad material y legal de retrotraer unas actuaciones que ya no existen". De este modo, el TSJ coincidía con las alegaciones formuladas por los servicios jurídicos municipales, después de que el TS inadmitiese los recursos presentados por el Ayuntamiento y por la actual empresa concesionaria del servicio, STV Gestión, y ratificase la sentencia favorable a Geamur.
Ahora, en un extenso recurso, Geamur discrepa respecto al criterio del TSJ y entiende que debe resarcirse su derecho de poder concurrir en ese procedimiento de licitación, del que quedó excluida de manera indebida -según resolvió el TSJ- cuando los informes técnicos apuntaron que su oferta había incurrido en una baja anormalmente desproporcionada no justificada. Esa exclusión impidió que Geamur pudiese convertirse en adjudicataria del servicio, en un concurso en el que su propuesta se perfilaba como la mejor posicionada, por lo que solicita que el concurso vuelva al punto de baremación de las ofertas, como el mismo TSJ había resuelto en 2022.
Está por ver cuál puede ser ahora el pronunciamiento del alto tribunal autonómico, después de haber descartado de partida la posibilidad de recuperar el concurso una vez vencida la duración de su objeto. En cualquier caso, la interposición del recurso de reposición por parte de Geamur no impide que pueda acogerse a la fórmula de la indemnización económica como vía alternativa expuesta por el propio TSJ. De hecho, el alto tribunal abrió incidente de indemnización para determinar la cuantía de esa posible compensación y confirió a Geamur un plazo de 20 días para plantear el cálculo de la posible cuantía a la que podría ascender ese mecanismo de reparación del daño.
Entre tanto, esos últimos pasos del litigio habrían bloqueado la posibilidad de que el equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), pueda promover la convocatoria del nuevo concurso para renovar la contrata en el que venía trabajando hasta ahora, según se concretó en el escrito presentado ante el TSJ en enero en el que alegaba la imposibilidad de ejecución material de la sentencia favorable a Geamur.
Entonces, se anticipó que se había avanzado en la redacción del nuevo pliego de condiciones en el que se incluiría la ampliación de precio del servicio respecto al concurso precedente, que se tuvo que aplicar sobre el contrato asumido por STV Gestión, así como la incorporación de las nuevas zonas verdes habilitadas desde el año 2019. Por el momento, eso sí, no ha trascendido ni los años por los que se prevé concertar ahora la prestación ni su importe definitivo.