ALICANTE. La Fiscalía Anticorrupción cierra las diligencias previas de investigación preprocesal respecto al acuerdo de cesión del edificio del antiguo parque de Bomberos de la calle Italia, de titularidad municipal, como sede de uno de los proyectos incluidos en la estrategia municipal 'Alicante Futura' y las transforma en denuncia ante el juzgado para que pueda abrirse un proceso de instrucción judicial. Ese acuerdo de cesión a través de la Agencia de Desarrollo Local pretendía dar alas a la reconversión del inmueble en un centro para la instalación de empresas innovadoras vinculadas a la blue economy (asociada a la náutica o la gestión del agua); el llamado Gimnasio de las Ideas, a modo de coworking; así como el desarrollo del Centro de Inteligencia del Agua (CIA), en colaboración con la empresa mixta Aguas de Alicante.
La decisión de presentar denuncia se adopta a la vista de la apreciación de supuestas anomalías indiciarias de un supuesto delito de prevaricación administrativa y de prevaricación urbanística, a partir del análisis de la documentación recogida en el expediente, al que dio lugar la presentación del escrito de manifestación de hechos presentado por el grupo municipal del PSOE el pasado octubre, en el que se advertía de que el solar en el que se encuentra el edificio posee la calificación de suelo dotacional de uso docente en el vigente Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). De este modo, quedaría reservado a la construcción de un centro educativo, por lo que no podría admitir otros usos -como el uso administrativo que se proponía- sin que se acordase la preceptiva modificación de planeamiento con antelación, según explicaron entonces la portavoz y la portavoz adjunta de los socialistas, Ana Barceló y Trini Amorós.
Barceló explicó en ese momento que el PSOE, en su labor de fiscalización a la acción del equipo de gobierno, detectó que el proyecto que se estaba ejecutando en el edificio municipal de la calle Italia (frente a la plaza de Séneca) para construir dependencias administrativas, no era "compatible con el uso del suelo que determina el Plan General". Es más, la portavoz socialista reiteró que existía un informe técnico del Departamento de Obras del propio Ayuntamiento, "que alertó de que no se podía ejecutar este proyecto en dicho emplazamiento".
Pese a todo, insistió en que, después de que el PSOE solicitase la paralización de las obras, el pasado septiembre, para que se ofreciesen explicaciones, el equipo de gobierno del PP "siguió hacia adelante", por lo que se acordó elevar una denuncia ante la Fiscalía contra los miembros de la Junta de Gobierno que aprobaron la adscripción de uso de la parcela a la Agencia de Local de Desarrollo, aprobada en el pasado mandato y, asimismo, contra los actuales integrantes de este órgano, que aprobó el proyecto de obras.
A partir de ahora, está por ver cuál puede ser el recorrido de la denuncia, en el momento en el que se produzca su reparto al juzgado que corresponda por turno. Por lo pronto, el equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), ha venido negando cualquier tipo de irregularidad al respecto y ha mantenido la ejecución de las obras de remodelación del edificio -que, de hecho, ya están concluidas y en fase de equipamiento interno-, al sostener que el PGOU contempla la posibilidad de que se acuerde un cambio de uso de parcelas en precario como iniciativa de promoción municipal con la condición de que se tramite la correspondiente modificación del PGOU en un plazo límite de cuatro años, que se pretendía promover antes de que se cumpliese dicho plazo. Además, se argumentó que el proyecto del CIA, del hub empresarial y del Gimnasio de las ideas prevé la puesta en marcha de cursos de formación y de proyectos de investigación que sí encajarían de forma expresa entre los usos dotacionales previstos en la parcela.
Sea como fuere, la portavoz adjunta del PSOE, Trini Amorós, ha señalado este jueves que el PSOE "advirtió al alcalde de la presunta infracción urbanística que se estaba cometiendo y se le exigió unas explicaciones que, hasta el día de hoy, no las ha ofrecido". "Lo primero que hicimos fue solicitar al alcalde que paralizara las obras y diera explicaciones. Nunca tendrían que haber comenzado a ejecutar los trabajos sin aprobar antes una modificación puntual del Plan General para modificar el uso de ese suelo que, hoy por hoy, es incompatible con el mencionado proyecto", ha señalado. En ese sentido, Amorós ha subrayado que el equipo de gobierno del PP ni siquiera contestó a ese escrito, de ahí que se decidiera poner este asunto en manos de la Fiscalía Anticorrupción.
"Cualquier cambio de uso de suelo del Plan General se debe hacer con luz y taquígrafos, con la máxima transparencia y abordando dicha cuestión donde toca, que es el pleno. Sin embargo, ni la transparencia ni la participación son precisamente señas de identidad del gobierno del gobierno de Barcala", ha considerado. Amorós ha destacado que "no tiene sentido que tengamos 47 modificaciones del Plan General de Ordenación Urbana y que en este caso se hayan querido saltar todo el procedimiento administrativo para cambiar el uso del suelo". Por tanto, ha añadido, "no podemos quedarnos de brazos cruzados si entendemos que se ha podido cometer presuntamente cualquier delito al infringir las normas urbanísticas". "Hicimos lo que corresponde a la oposición, que es fiscalizar la acción de gobierno", ha concluido.
El alcalde de Alicante, Luis Barcala, también ha valorado este mismo jueves la presentación de la denuncia para señalar que se trataba de "una tramitación normal; acaba de entrar en los juzgados para ser turnada, una denuncia. En este caso, la ha presentado la Fiscalía como la podía haber presentado un particular", ha señalado, con el fin de restar trascendencia a la formulación del escrito de Anticorrupción, sobre el que no ha llegado a manifestarse al asegurar que desconocía su contenido.
En una comparecencia pública con motivo de la entrega del Primer Premio de Periodismo Turístico, el primer edil ha señalado que "esto es una decisión que ha adoptado la Fiscalía, que tenía seis meses de plazo para instruir y archivar o, en su caso, presentar denuncia". "Por parte del Ayuntamiento, trasladar tranquilidad absoluta porque toda la tramitación se ha realizado conforme a la legalidad vigente con todos los informes, y ahora, veremos en qué se basa la Fiscalía", ha señalado.