Fiscal de Brugal: "Mónica Lorente conocía, patrocinaba y respaldaba" los intereses de Fenoll

ORIHUELA. Segunda jornada en la que el fiscal Pablo Romero, dentro del juicio del Caso Brugal, ha valorado el juicio desde la postura de la Fiscalía y ha concluido su relato de exposición de los hechos en su posición final. Si ayer narraba la sucesión de hechos hasta 2007 y el inicio de la campaña que aupó a Mónica Lorente como alcaldesa de Orihuela, hoy su exposición se ha centrado en el inicio del proceso de la adjudicación de la contrata de basuras a la UTE que, presuntamente, controlaba Ángel Fenoll a través de testaferros. En este momento ha señalado a Lorente como "conocedora, patrocinadora y que daba respaldo" a los intereses de Ángel Fenoll en el que sería, según la acusación, un amaño del contrato de basuras para el beneficio del empresario oriolano. En concreto, Romero apuntó que "aunque (Lorente) ni figura ni interviene directamente en conversaciones o reuniones grabadas, los indicios permiten concluir que era conocedora, patrocinaba y respaldaba" las facilidades para dejar desierto el concurso de basuras anterior (que daban por ganadora a Urbaser) y las posterior adjudicación a la UTE de Sufi, Liasur y Gobancast. 

A lo largo de casi tres horas, Romero centró buena parte de su exposición en la que, bajo el criterio de Fiscalía, sería la implicación de Mónica Lorente en el entramado para favorecer los intereses particulares de Ángel Fenoll. Así, relató que, su colaboración comenzaría, al menos según las pruebas manejadas, en marzo de 2006 cuando anunció la postura de su grupo para que la contratación de Urbaser quedase "sobre la mesa". Además, añadió que, después, como alcaldesa actuaría para atrasar plazos "pidiendo informes" y que también estaría implicada en la decisión final de declarar desierto el concurso anterior al de la UTE. asimismo, Romero aseguró que quedaría constatada "las vinculaciones previas a su ascenso a Alcaldía con la financiación de la campaña a través de Fenoll y las vinculaciones personales". Así, para la Fiscalía, Lorente tenía conocimiento de lo que estaba sucediendo. asimismo, apuntó a que también firmó facturas con reparos que demostraría "delitos de prevaricación continuada y fraude", porque se hacía, según el relato de la acusación, "para respaldar los intereses de Fenoll, y el hecho de que antes se hicieran en la época de Medina no le exime de responsabilidad". 

El fiscal, además, defendió todo el proceso de las intervenciones telefónicas explicando que "no solo se pueden considerarse pruebas de los supuestos delitos los pinchazos, sino que otras pruebas se unían y validaban las actuaciones, que era un "descubrimiento inevitable". Así, aseguró que, en el caso de las conversaciones que se daban duplicadas a través de un teléfono anulado por la causa o por otro permitido, "las conversaciones se hubiesen obtenido por otros medios no nulos de prueba" y por este motivo argumenta que "las conversaciones entrelazadas tienen plena eficacia probatoria".

El fiscal también puso de relieve lo que considera la validez de los seguimientos en la reuniones, no solo por las conversaciones telefónicas, sino por "otros medios de prueba que los justificaban". Y es que, apunta, hasta el 25 de enero de 2008 se tenía conocimiento de "irregularidades del concurso previo, supuestos cohechos, extorsiones a resposables políticos, una campaña política para favorecer a un grupo determinado" y que se mantuvieron esas pesquisas hasta la formación de la ulterior UTE de Liasur, Gobancast y Sufi. "había indicios suficientes, proporcionados y válidos, con independencia de las intervenciones telefónicas para que se ordenaran las órdenes de registro". 

El fiscal también desgranó el supuesto entramado para crear una red de empresas en UTE, sin el nombre de Fenoll, pero controlada por él par apresentarse, a través de testaferros al concurso y favorecer, desde el equipo de gobierno del PP de Orihuela a esta oferta en el concurso de basuras que se inició en 2008. El exedil Manuel Abadía, según Romero "se reunía con empresarios, de forma totalmente subrepticia y es algo que se constata antes y después de las reuniones, no es necesario saber su contenido para entender las circunstancias en las que ocurrían los hechos". Asimismo, apuntó que, después de haber sido detenidos, hablaban de forma críptica en sus conversaciones. Sobre estos encuentros pide delitos, como responsables y colaboradores a una decena de acusados por prevaricación continuada, negociaciones prohibidas y fraude.

El próximo martes, 19 de noviembre, será el turno del informe oral para el abogado Miguel Porras, que representa a la Acusación Particular del Ayuntamiento de Orihuela. Más adelante, las sesiones se suspenderán para dar tiempo a que las defensas preparen sus informes orales de cara a la probable sentencia del caso Brugal a mediados de diciembre, tras diez meses de sesiones.