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fase de informes orales

El fiscal de Brugal se ratifica en sus conclusiones: "Se tapaba una irregularidad con otra ilegalidad"

14/11/2019 - 

ORIHUELA. La Fiscalía en el juicio del Caso Brugal, centrado en la rama de Orihuela, mantiene su criterio, ratifica sus conclusiones y mantiene las protestas que han venido realizando a lo largo del proceso que juzga a 34 acusados por la presunta trama de corrupción política y empresarial en torno al contrato de recogida y tratamiento de basuras. Así lo hizo el fiscal Pablo Romero en la apertura del turno de los informes orales donde aún cabe escuchar ñas argumentaciones de las defensas. Romero, a lo largo de la mañana de ayer realizó su propia valoración del juicio y e hizo su relato de exposición de los hechos como base y fundamento para su posición final. Además, especificó los motivos para pedir múltiples penas por prevaricación, fraude, cohecho, tráfico de influencias, o negociaciones prohibidas, entre otros delitos.

La Fiscalía en su turno para mantener su criterio a lo largo del proceso judicial argumentó que "lo nulo es nulo, pero lo lícito es lícito" refiriéndose a las pruebas que, por auto de 27 de abril de 2019 quedaron declaradas nulas por el tribunal tras las Cuestiones Previas. Sin embargo defendió que no debería haber otro tipo de trabas sobre el resto de material que no ha sido anulado por los magistrados, como las grabaciones que dieron inicio a la investigación. Además, reiteraron sus protestas por lo que consideraron que fue "constreñir sus preguntas a civiles" justificando que eran "preguntas pertinentes", estrictamente para conocer ciertos procedimientos. También reiteraron la protesta a la Sala por desestimar, durante el interrogatorio al inspector jefe de la UDEF, que fuera simultánea la declaración con la exhibición de material audiovisual. Fueron algunas de las cuestiones más destacadas ayer por el fiscal. 

Exposición de los hechos

El Fiscal, en su intervención para dibujar el relato de los hechos según su exposición, se remontó a 1992, año de origen del contrato que dio a Colsur -empresa de Ángel Fenoll- la concesión de la limpieza en la costa de Orihuela. Ese contrato de un año, prorrogable por otro no tenía posibilidad alguna de seguir realizando el servicio de limpieza después de 1995, según Romero, porque habría acabado su vía jurídica y a partir de entonces se encontraba en una situación de irregularidad. "La continuación de la prestación del servicio que tuvo que acabar en abril de 1995 siguió de facto hasta mayo de 2008 sin acreditar su legalidad".

Para el argumento de la Fiscalía, en 1996, bajo comisión de gobierno presidida por el exalcalde de Orihuela, José Manuel Medina, se acordó que se siguiera prestando el servicio de limpieza en la costa con Colsur "hasta que hubiera un nuevo contrato", cuyos trámites no empezaron hasta el año 2000. Para la Fiscalía "era una situación consentida y mantenida" y hubo tiempo para que los técnicos redactaran un nuevo contrato en un lapso de cuatro años. "El argumento para no realizarlo era que en aquellos tiempos había una explotación urbanística en la costa por lo que era imposible comenzar el servicio, porque se hacían urbanizaciones nuevas de un día para otro. Es decir, que como consecuencia de otras irregularidades, el no control de la legalidad o de la regulación urbanística, por la que van surgiendo más urbanizaciones mas allá de lo que dice el ordenamiento, ellos tampoco podían iniciar la contratatación de este procedimiento", según Pablo Romero, que continuó "tener que justificar una ilegalidad con otra no es motivo suficiente para exonerar de responsabilidad que tardaran cuatro años en dar los primeros pasos para el contrato"

Más tarde, ya en el año 2000 después de la redacción de pliegos se presenta la UTE de Colsur con Nexo que aparece con una plica rota, aunque según informes esgrimidos por la Fiscalía "no había problema para proceder a la adjudicación más allá del lacrado de los sobres". A pesar de ello el proceso se paralizó en ese año y no volvió a reactivarse hasta 2004 para ser declarado desierto. "En esos cuatro años ya no hubo ni informes ni pruebas, se produjo un encuentro entre Ángel Fenoll y el exedil Miguel Mazón "por el que la Fiscalía interesó unir a la causa el tema 'algas' y reclamar informes.  Así, Romero relata un encuentro entre Fenoll y Mazón en el que el empresario le entrega un sobre al político, presuntamente, con dinero, donde se habla de "7 millones de pesetas" y conversan sobre cuestiones relacionadas con la recogida de basura, contrataciones, se menciona a Medina. Una conversación por la que, más tarde, Mazón fue a declarar, en 2013 como investigado y en la que, "voluntariamente aportó documentación, cotejada por notario", según expuso el Fiscal. Así se investigó al Ayuntamiento de Orihuela para conocer la procedencia del dinero. Al Consistorio no le constaba ningún pago por una "defensa para Medina", aunque aseguraban no tener datos de antes del año 2000, solo a partir del año 2001. 

José Manuel Medina, según la exposición del Fiscal, declaró como investigado en 2013 y señaló al ayuntamiento como probable pagador. No obstante, Romero señala que no pudo aportar esa prueba documental a pesar de que "aportó cientos de folios desde 1992 a 1996, si el pago fuera municipal, también guardaría ese extracto ¿por qué aportó solo unos papeles y no esas pruebas?". Romero apuntó a que después de esa entrega de dinero, el proceso de la contrata se paralizó y que beneficiaba a Colsur y por eso se vincula esa entrega de dinero de Fenoll a Mazón el motivo por el que se paralizó el proceso y finalmente acabó desierto". "El comportamiento de Medina fue paralizar el procedimiento bajo amenaza y coacción de que si el proceso seguía adelante se difundirían vídeos" como el del encuentro citado.  

Los delitos que pide Romero en esta narración de hechos son los de prevaricación -por resolución injusta del procedimiento-, fraude -por ir contra los intereses del municipio oriolano y porque no había causa para paralizar la contratación- y cohecho -por entrega, aceptación de dinero para cometer un delito o como dádiva como comisión por haberlo cometido-. Para Medina pide estos tres delitos, para Fenoll los dos primeros como cooperador necesario por ser el beneficiario del presunto amaño y a Mazón el de cohecho porque tendría conocimiento de que el dinero percibido se destinaría a una acción delictiva. 

"Lo que se conversa se traduce en realidad"

Tras esta narración de los hechos, el fiscal Pablo Romero procedió a narrar lo que sucedió desde la publicación del nuevo concurso en 2005 hasta 2006, cuando se hicieron públicas las conversaciones entre Fenoll y Jesús Ferrández filtradas por el empresario a la prensa. De este proceso señaló como muy relevante la crisis que vivía el PP oriolano en esos momentos, donde gobernaba con mayoría absoluta en Orihuela. El deterioro de las relaciones entre Fenoll y Medina, las grabaciones que el empresario empezó a realizar y su posición a favor de que Mónica Lorente fuese la próxima candidata a Alcaldía porque pensaba que beneficiaría sus intereses empresariales. También señaló el "papel primordial de Ferrández de centro Liberal para apoyar a un gobierno de Medina en minoría y peleado con otra parte de su partido". 

Por eso se da inicio a las conversaciones entre Fenoll y ferrández de octubre y noviembre de 2005 y de febrero de 2006 y "cuya validez se da por plenas por más que sean copias en un cd, porque no tienen visos de manipulación, explicó el fiscal. "Es evidente la claridad de las conversaciones, lo que se dice y cómo se dice. Lo que se habla en 2005 y 2006 es  lo que sucede dos años después, cuando se declara el concurso desierto. Lo que se habla se sustenta con lo que ocurre". Además, añadió que "las cintas proceden del domicilio de Fenoll, no tiene sentido que algo se manipule si va a ser para guardarlo y no difundirlo". 

Los delitos cometidos a través de estos hechos, según Fiscalía, son delitos continuados de cohecho y tráfico de influencias por negociaciones prohibidas, tanto para Fenoll como para Ferrández. Y es que, en esta exposición la acusación entiende que en las reuniones grabadas había entregas monetarias para que Ferrández cometiera actos delictivos -convenciendo a otras personas- y se podía comprobar cómo se hacían entrega de objetos y se hablaba de cifras "se entiende que de euros", según Fiscalía. El tráfico de influencias vendría dado, según Romero, por el hecho de que Fenoll trata de influir en Ferrández y en su voto para que fuera favorable a su adjudicación, -por amistad o dinero- en el momento en el que tuviera que posicionarse. 

Fin de marzo de 2006, pliegos, grabaciones y rupturas

El 21 marzo de 2006, según el relato del fiscal Pablo Romero, fue el momento en el que se rompió la unidad de acuerdo en la mesa de contrtactión para el nuevo contrato de basuras. La mayor puntuación se la llevaba Urbaser y la tercera, Colsur. En el informe técnico no se apreciaba ambigüedad ni se dudó de su interpretación. No obstante, hubo dos votos en contra de dar el contrato a Urbaser, de Ginés Sánchez Larrosa y de José Ramón Martínez Franco.  La mesa terminó con la propuesta de adjudicación de Paz Chazarra que nunca fue validada. A partir de entonces, todos los informes que se volvieron a pedir, de la UPV y la UA también daban el visto bueno al pliego de Urbaser. 

El 22 de marzo se difundió la grabación entre Fenoll y Ferrández hecha en febrero. "Fenoll queria boicotaear y paralizar el proceso contratación -(que se puso de manifiesto después- y que tuvo repercusión nacional", según Pablo Romero.

Después se ratificaron los informes de nuevo y el 24 de marzo "Lorente anuncia en rueda de prensa que el PP dejará el asunto encima de la mesa. Fue así hasta que dos años después, tras declararlo desierto, se inicia una nueva contratación. Así adivinamos lo que pasaría en el futuro", según Romero. El Fiscal, además tildó de muy importantes dos conversaciones que tuvieron lugar en esa fecha, el 24 de marzo. Las de Fenoll con Ferrández -donde le reprocha que sacara el vídeo, pero no que fuera falso-, según el fiscal y con el exalcalde Luis Fernando Cartagena donde "Fenoll manifiesta que las grabaciones contra Medina iban para su beneficio".

Después la sesión transcurrió a puerta cerrada pero hoy se esperan nuevos informes orales para continuar con la fase de conclusión de este juicio que comenzó en marzo de 2019. 

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