ALICANTE. Parece que el sainete de la limpieza de la Diputación de Alicante se aproxima a su fin. Salvo que concurran nuevos recursos que puedan dar lugar a nuevas nulidades (algo que aún no es descartable), todo apunta a que la institución provincial podrá sacar adelante en breve la adjudicación del 'contrato puente' dividido en lotes que comenzó a preparar la pasada primavera, y ponerse a trabajar en el nuevo megacontrato a largo plazo cuanto antes. Y, de esta forma, conseguir que las empresas de Enrique Ortiz dejen de prestar el servicio fuera de contrato un año y medio después, tal como ha pedido el propio constructor.
Según los informes de la mesa de contratación consultados por Alicante Plaza, y que ya han sido elevados al órgano de contratación (esto es, la Presidencia de la Diputación), los técnicos ya han designado a las ofertas mejor valoradas para cada uno de los cuatro lotes, salvo en uno donde dicha oferta se halla inmersa en presunción de anormalidad (por la fuerte baja aplicada al precio de licitación), y han propuesto que sean las adjudicatarias. De esta forma, salvo nuevas sorpresas, la multinacional española FCC se hará con el mayor 'bocado' del contrato, cerca de un millón de euros por la limpieza del Palacio Provincial y el resto de dependencias de la Diputación en la capital alicantina y otras poblaciones de la provincia (el Lote 1).
En cuanto a los otros tres lotes, de importe mucho menor, irán a parar a manos de la alicantina Vectalia (que cuenta con una división especializada en la limpieza). Se trata del Lote 2, relativo a la limpieza del Marq; el Lote 3, limpieza del Adda (donde Vectalia debe justificar la baja para ser propuesta como adjudicataria); y el Lote 4, que comprende el Instituto de la Familia, el Instituto Juan Gil-Albert y la Agencia Provincial de la Energía. En total, unos 140.000 euros por un año de trabajo.
Curiosamente, FCC fue la adjudicataria del megacontrato de limpieza anulado por el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales (TARC) en 2018, cuando obligó a reiniciar el proceso, y Vectalia una de las empresas (junto a Netalia y Samsa) que se adjudicó parte del primer 'contrato puente' por lotes, luego anulado por la propia Diputación para rehacer el pliego. Junto a la multinacional controlada por Carlos Slim y el grupo alicantino de la familia Arias, se presentaron a la mayoría de lotes la murciana Actúa, Servicios y Medio Ambiente y otro 'gigante' del sector, OHL, que merecieron peor valoración.
El 'contrato puente' ofrece a la Diputación de Alicante un plazo de un año para sacar adelante el nuevo pliego, licitar el servicio y elegir al nuevo adjudicatario, en principio para un plazo de cuatro años. Un calendario conservador situaría el momento de firmar el nuevo contrato a mitad de mandato, por lo que previsiblemente haya que acudir a la prórroga del 'contrato puente' contemplada en su clausulado. En la anterior adjudicación, anulada por el TARC en junio de 2018, FCC se había hecho con el servicio para cuatro años a cambio de 9 millones de euros, y el propio Ortiz (que se había vuelto a presentar) renunció a recurrir. No obstante, el recurso de otro licitador, Clece, terminó con la anulación del pliego por parte del tribunal.
La adjudicación del 'contrato puente' y el inicio de los trabajos para adjudicar el definitivo darán así salida, un año y medio después, a uno de los problemas enquistados en el área de contratación de la institución provincial y 'heredado' de la anterior Corporación, que presidía César Sánchez. En aquel momento hubo una dura discusión entre los técnicos sobre si el megacontrato debía adjudicarse a Ortiz o FCC (finalmente se impuso esta opción) por criterios subjetivos, y la propia adjudicación se retrasó más allá de lo previsto. Para entonces, el controvertido constructor llevaba prestando el servicio con sus empresas durante cuatro legislaturas, con tres presidentes diferentes.