Enrique Ortiz, en una imagen de archivo. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. Forzada por las circunstancias. Así se puede interpretar la maniobra de la Diputación de Alicante para adjudicar de urgencia durante tres meses el servicio de limpieza de sus dependencias adelantada la semana pasada por Alicante Plaza. Según ha podido saber este diario, la decisión ha venido motivada por la renuncia del actual adjudicatario, una UTE de dos empresas del polémico constructor Enrique Ortiz, a seguir prestando el servicio fuera de contrato.
La empresa adjudicataria, que se presentó al concurso de 2018 anulado por el Tribunal de Recursos Administrativos pero no tenía intención de volver a hacerlo en el nuevo (el proceso ha empezado de nuevo, tras la sentencia del Tribunal que obligaba a reiniciar la licitación por defectos en los pliegos), remitió un escrito a la institución provincial el pasado mes de abril avisando de que iba a dejar de prestar el servicio de forma inminente, al entender que la situación fuera de contrato que se había prolongado durante meses tras la anulación de la adjudicación a FCC en julio del pasado año lo habilitaba para ello. La misma forma de proceder que en la contrata de limpieza de edificios municipales y colegios del Ayuntamiento de Alicante, que también abandonó tras varios meses fuera de contrato.
Al igual que el Ayuntamiento en ese caso, la Diputación se ha visto obligada a licitar de urgencia el servicio para que no se quede sin prestar mientras saca adelante el nuevo concurso para cuatro años, que de momento sigue en la fase de redacción de pliegos. Para agilizar el proceso, los servicios técnicos de la institución aconsejaron un procedimiento negociado sin publicidad, al entender que se daban las circunstancias (un cambio de escenario sobrevenido al que la Diputación no puede oponerse). Y la Diputación ha decidido 'trocear' el megacontrato en tres lotes para agilizar los trámites.
Así, se han sacado a concurso tres lotes distintos, según la documentación consultada por Alicante Plaza. Uno para el Palacio Provincial, el de mayor importe. Otro para el Marq, y un tercero para el Adda y el resto de dependencias (el Instituto de la Familia Dr. Pedro Herrero, la Agencia Provincial de la Energía y el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert). Inicialmente los tres lotes se van a adjudicar, previsiblemente a principios de junio, para tres meses. No obstante, se contempla la posibilidad de sucesivas prórrogas hasta cumplir el año, de forma que el servicio quede cubierto mientras se convoca y adjudica el nuevo concurso.
De esta forma, la gran contrata que tenía pendiente de renovar la Diputación de Alicante se quedará sin resolver este mandato. Inicialmente, tras la nulidad de la adjudicación anterior, la previsión de la institución era tener el contrato de nuevo adjudicado a principios de este año, pero no ha sido capaz de sacar adelante un nuevo concurso que corrigiese los defectos que motivaron dicha nulidad. Así, deja para la próxima corporación, que tomará posesión previsiblemente en julio, la resolución del megacontrato. La Diputación sacó a concurso la contrata en abril de 2017. Tras varios meses bloqueada por las desavenencias de los técnicos sobre la puntuación de las ofertas, la Diputación resolvió adjudicárselo a FCC en detrimento de Ortiz en mayo de 2018. Un mes después, Hacienda suspendió el proceso por el recurso de Clece, y en julio ordenó repetir la licitación.
