Pleno de la Diputación de Alicante.ALICANTE. No hubo sorpresas, pese a existir discrepancias entre los técnicos. La Diputación de Alicante que preside el popular César Sánchez ha adjudicado este miércoles el nuevo contrato de la limpieza de dependencias públicas, Marq y ADDA a la multinacional FCC, por 8,2 millones. De esta manera, el empresario Enrique Ortiz pierde el último gran contrato que le quedaba en el sector de la limpieza después de no ganar el de la Universidad de Alicante, el del Ayuntamiento de Alicante, que venció el plazo; y ahora el de la Diputación Provincial. Y todo parece indicar, según fuentes consultados por Alicante Plaza, Enrique Ortiz no impugnará la decisión, que fue aprobada por todos los grupos excepto Esquerra Unida, lo cual permite a FCC un horizonte despejado para tomar las riendas del contrato. La nueva concesionaria deberá asumir el personal de Ortiz e Hijos y explotará el servicio durante cuatro años, más dos prorrogables.
Con la pérdida de este contrato, Enrique Ortiz e Hijos aligera la nómina de empleados en la sección de limpieza -llegó a tener 3.000- y ve como los 70 millones de euros que facturaba desaparecen de su cuenta de resultados. Actualmente, el también llamado Grupo Cívica basa su negocio en la gestión de residencias (a través de Savia); recogida de residuos sólidos (Inusa), actualización de señalización en el litoral, explotación de aparcamientos y la sección inmobiliaria.
Pese a todos los vaivenes que ha tenido la adjudicación del contrato, que se ha intentado adjudicar en varias ocasiones y ha sido paralizado por los informes técnicos, la concesión ha sido respaldada por amplia mayoría. No obstante, durante el plenario, el punto no ha estado exento de críticas. Así, por ejemplo, Esquerra Unida ha planteado que el servicio fue rescatado y adjudicado por la propia administración provincial. Por su parte, Compromís, a través del diputado José Manuel Penalva, ha criticado que se haya tardado un año en resolver el contrato y ha criticado que durante los meses en los que ha estado vencido, el Gobierno provincial ha pagado facturas de 300.000 euros mensuales por el servicio. "A diferencia del PP, que sí ha denunciado a Mónica Oltra, por un caso parecido, nosotros -en referencia a Compromís- no lo vamos a hacer", ha dicho Penalva.
