La Diputación licita de urgencia la limpieza para tres meses y pasa la pelota al próximo mandato

ALICANTE. La gran contrata que tenía pendiente de renovar la Diputación de Alicante, el servicio de limpieza de las dependencias provinciales, se quedará sin resolver este mandato. Después de que el Tribunal Central de Recursos Administrativos anulase la adjudicación a FCC y obligase a reiniciar el proceso el pasado julio, la institución provincial no ha sido capaz de sacar adelante un nuevo concurso que corrigiese los defectos que motivaron dicha nulidad, y deja para la próxima corporación, que tomará posesión previsiblemente en julio, la resolución.

De esta forma, la Diputación ha convocado un concurso negociado con publicidad que se tramitará de forma urgente, para adjudicar el servicio por un plazo de tan solo tres meses, aunque se contempla la posibilidad de varias prórrogas hasta un año. El importe por los citados tres meses es de 76.000 euros, frente a los 9 millones para cuatro años por los que salió a licitación la contrata anulada. El plazo para presentar ofertas finaliza el jueves de la próxima semana, y además de las empresas invitadas por la Diputación para agilizar el trámite, pueden optar otras del sector que así lo estimen oportuno.

Al igual que la contrata anulada, el adjudicatario deberá encargarse de la limpieza de los centros y dependencias pertenecientes a la Diputación: el Palacio Provincial, el MARQ, el Adda, el Instituto de la Familia Dr. Pedro Herrero, la Agencia Provincial de la Energía y el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert. Un servicio que en estos momentos todavía prestan las empresas de Enrique Ortiz, adjudicatario de la contrata en 2010, y que hasta la anulación fruto del recurso de Clece, había sido adjudicado a FCC.

La Diputación sacó a concurso la contrata en abril de 2017, pues el contrato de Ortiz (que lo había renovado por última vez un año antes) vencía en mayo de ese año, después de una prórroga. A la licitación concurrieron doce empresas, incluidos los 'grandes' del sector, tanto en UTE como de forma individual. Tras varios meses bloqueada por las desavenencias de los técnicos sobre la puntuación de las ofertas, la Diputación resolvió adjudicárselo a FCC en detrimento de Ortiz en mayo de 2018. Un mes después, Hacienda suspendió el proceso por el recurso de Clece, y en julio ordenó repetir la licitación desde el principio.