La vicepresidenta de la Diputación, Julia Parra (Cs), y el presidente, Carlos Mazón (PP). Foto: DIP. ALICANTEALICANTE. No hay manera. La Diputación sigue sin ser capaz de adjudicar el contrato de limpieza de sus dependencias desde que el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales (TARC) del Ministerio de Hacienda tumbó, hace un año, la adjudicación a FCC y obligó a reiniciar el proceso. Por ahora, lo único claro es que el servicio lo seguirá prestando de momento Enrique Ortiz, que perdió el citado concurso anulado y que ya avisó a la institución provincial de su intención de dejar de prestar el servicio fuera de contrato, como sucede en la actualidad, el pasado mes de mayo.
Como ha venido contando este diario, la Diputación optó entonces por realizar una licitación 'exprés' para tres meses y trocear para ello el contrato en cuatro lotes, lo que confería una mayor agilidad al proceso, y resolvió la adjudicación el pasado mes de junio. Sin embargo, ahora ha tenido que desistir de la firma del contrato y volver a sacar a licitación el contrato 'puente', a la espera de redactar los pliegos del megacontrato para cuatro años. ¿El motivo? Al acudir a un procedimiento negociado sin publicidad para ganar tiempo, la Diputación consideró como único requisito para valorar las ofertas de las empresas el criterio económico. Algo que contraviene la normativa de contratación, y que ha obligado a reiniciar, una vez más, el proceso.
Será así la tercera vez que la Diputación intenta adjudicar el servicio de limpieza para que las empresas de Ortiz puedan, tal como expresaron a finales de abril, dejar de prestar el servicio fuera de contrato más de un año después. Con el matiz, eso sí, de que las dos intentonas fallidas previas cabe anotárselas al anterior equipo de gobierno, y que esta será la primera ocasión en que sale a concurso la limpieza con el nuevo presidente, Carlos Mazón.
El informe que justifica esta decisión, firmado por la diputada de Contratación, la popular María Gómez, el pasado 23 de agosto, junto al vicesecretario de la institución provincial, indica que la mesa de contratación provincial (de la que no formaban parte cargos políticos) recomendó en julio desistir de la adjudicación de los cuatro lotes, que iban a ser para la empresa murciana Samsa, la alicantina Vectalia y la polémica Netalia (cuyos trabajadores habían protagonizado varias protestas junto a los de otra firma del sector, Limpiezas Raspeig, por los atrasos en los pagos), y rehacer los pliegos para adaptarlos a la normativa.
Así, tras el reajuste de las anualidades entre 2019 y 2020, la Diputación ha vuelto a sacar a concurso la limpieza en cuatro lotes (se aprobó en la junta de portavoces del pasado viernes llevarlo al pleno de esta semana) con algunos matices importantes en el procedimiento: de un lado, la incorporación de otras variables a valorar además del precio ofertado por las empresas, y de otro, el suministro del listado de personal a subrogar y los costes laborales asociados a cada lote. Como estaba previsto, el Lote 1 será el referido a los centros de la Diputación, que es el de mayor cuantía (por encima del millón de euros si se consumen las prórrogas previstas), el Lote 2 se refiere al MARQ, el Lote 3 al Adda, y el Lote 4 al resto de centros (Instituto de la Familia, Agencia de la Energía, Instituto Juan Gil-Albert).
En total, 1,2 millones de euros entre los cuatro lotes, a pagar entre lo que queda de 2019 y parte de 2020, si la adjudicación para un trimestre se prorroga hasta las nueve mensualidades, como se contempla. Mientras, la Diputación seguirá avanzando en el procedimiento para adjudicar de forma definitiva el contrato de limpieza global para los próximos cuatro años.
