BENISSA.
Después del tenso pleno que vivió el Ayuntamiento de Benissa sobre cómo se debe afrontar el pago a la inmobiliaria Inmohold que cedió 17.000 metros de suelo al ser declarado zona verde a cambio de suelo urbanizable, este jueves, el alcalde, Arturo Poquet, ha querido dejar claro cómo se resolverá el asunto: será el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana quien decida cómo se paga y que, en su opinión, no cabe otra fórmula que el pago en metálico. La amenaza de quien sobrevuela después de que en el pleno se advitiera a los concejales de su responsabilidad patrimonial.
De esta manera, Poquet ha vuelto a insistir que no cabe la fórmula del pago en suelo, como se aprobó en el pleno del martes, con los votos de Compromís y CIBE y la abstención del resto de grupos políticos. "El Ayuntamiento de Benissa ya incumplió esa fórmula y por eso le han condenado al pago de una cantidad dineraria", ha dicho el primer edil, que ha comparecido junto con otros concejales y el arquitecto municipal para intentar zanjar el asunto.
Sobre la posibilidad de que el consistorio pudiera hacer frente a la sentencia mediante del pago de suelo, Poquet ha volado a repetir que para poder pagar en suelo, primero debería aceptar la empresa-algo improbable porque la mercantil Inmohold ha solicitado la ejecución del fallo judicial-y posteriormente, desarrollar el suelo del PAI del Magraner para disponer de parcelas con las que saldar la deuda. "Desarrollar el suelo ya llevaría mucho tiempo", ha insistido el primer edil. Poquet ha explicado que el convenio para compensar a la empresa se firmó en 2009 y que la empresa, a los cuatro años, si no ha sido compensada con el suelo, puede solicitar la indemnización económica, como hizo. Hay que recordar que en primera instancia, se fijó un precio de algo más de 100.000 euros por los 17.000 euros en la zona denominada Hostalet, pero posteriormente, la empresa volvió a recurrir y fijó en la sentencia de 2022 el precio final en 1,9 millones de euros, una vez descontados los gastos de urbanización.
Tanto Compromís como Cibe han reiterado que un informe de la asesoría jurídica del ayuntamiento sí que posibilita el pago en suelo. Sin embargo, el equipo de gobierno alude a otro informe del arquitecto municipal para defender que solo se puede pagar en dinero.
