El informe de Cultura sobre el catálogo de Alicante: 'un año para su tramitación'

ALICANTE. El informe desfavorable sobre el catálogo de protecciones de Alicante emitido por la Dirección General de Cultura y Patrimonio obligará a introducir modificaciones en el contenido del documento más de un año después de que se aprobase de manera provisional en el pleno. Previsiblemente, su revisión y corrección se abordará durante el primer trimestre de 2022: cuando se estima que se hayan evacuado todos los dictámenes sectoriales de evaluación pendientes y se disponga del informe ambiental de la Conselleria de Transición Ecológica (antes Medio Ambiente).

No obstante, fuentes del equipo de gobierno, el bipartito compuesto por Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs), apuntaron este jueves que, como mínimo, las subsanaciones requeridas ahora por Cultura podían haberse evitado si el propio departamento autonómico hubiese emitido el informe previo que la Concejalía de Urbanismo solicitó a todas las administraciones antes de elevar la propuesta de catálogo a la consideración del pleno. 

Según las mismas fuentes, se trata de un trámite que sí atendieron otras instancias de la administración autonómica -como la Conselleria de Política Territorial, entre otras- en esa misma fase de consultas, cuando la mayor parte de ellas formularon las observaciones que consideraron oportunas. Así, sus apreciaciones pudieron quedar recogidas en la propuesta de catálogo antes de que se produjese su aprobación inicial. Algo que no sucedió en el caso de Cultura, ya que, según representantes del bipartito, no se habría producido ninguna respuesta de ese departamento hasta ahora: más de un año después de que se abriese el proceso de consulta.

Fuentes del bipartito sostienen que otros departamentos autonómicos sí aportaron observaciones en respuesta a la consulta formulada por Urbanismo antes de que la propuesta de catálogo se llevase a pleno

Como publicó este diario, el catálogo de protecciones quedó refrendado con los votos de PP, Cs, PSOE y Compromís días antes de que venciese la vigencia de su documento de alcance: es decir, la base previa en la que se sustentaba la tramitación, aprobada por la Generalitat en 2017, cuando el tripartito abordó su primera versión (entonces, rechazada en el pleno por PP, Cs y los ediles no adscritos Nerea Belmonte y Fernando Sepulcre). En realidad, la fecha de extinción de su validez debía haberse producido el 30 de junio de 2020, pero se extendió en otros dos meses y medio, hasta finales del pasado septiembre, en compensación por el periodo en el que estuvieron suspendidos los plazos administrativos tras la declaración del primer estado de alarma por la crisis del coronavirus.

Así, según fuente del bipartito, la premura de los plazos, y el riesgo de caducidad, fue lo que acabó propiciando que los dos socios de gobierno sometiesen la propuesta de catálogo a votación sin incorporar nuevas posibles sugerencias o peticiones de modificación que deberán introducirse en lo sucesivo. Entre ellas, el informe de Cultura apunta la necesidad de que se complete el contenido de algunas fichas, como la relativa al edificio del antiguo Cine Ideal (todavía pendiente de la resolución de la solicitud de licencia para su transformación en hotel); que se concrete el entorno de protección de algunos bienes catalogados, y que se incorporen otras fichas nuevas no contempladas respecto a edificios que están reconocidos como Bien de Interés Cultural (BIC) o como Bienes de Relevancia Local (BRL).

Entre tanto, los tres grupos políticos del eje progresista que ejercen funciones de oposición coincidieron este jueves en reclamar al equipo de gobierno la convocatoria de una comisión de Urbanismo, así como una reunión de la comisión específica sobre los BIC, para que se ofreciesen explicaciones sobre el informe de Cultura.