El tripartito fracasa: los tránsfugas le dan la espalda al catálogo al temer demandas

ALICANTE. Las bases que servirán de inspiración para la elaboración del futuro Plan General Estructural de Alicante acaban en naufragio. Al menos por ahora. PSOE, Guanyar y Compromís, que -tras varios meses de debate interno- han mantenido su posición conjunta "y sin fisuras" a favor del catálogo de protecciones, no han logrado sumar el voto de al menos un concejal de la oposición que resultaba necesario para que la propuesta quedase aprobada por mayoría absoluta. 

El Partido Popular (PP) y Ciudadanos (C's) han ratificado las posiciones que vienen defendiendo desde que se inició la tramitación del documento y han votado en contra. Y los dos concejales no adscritos, Fernando Sepulcre y Nerea Belmonte, también lo han rechazado. El resultado de la votación: 14 síes frente a 14 noes.

Belmonte, exedil de Guanyar, había solicitado al edil de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón (Guanyar), en una reunión celebrada en la mañana de este jueves que retirase la propuesta del orden del día del pleno para que pudiese aportarle un informe jurídico que disipase sus dudas sobre las posibles responsabilidades en las que se incurriría en el caso de que el catálogo se aprobase. 

La no adscrita quería conocer si el Ayuntamiento quedaba expuesto al pago de posibles indemnizaciones ante las advertencias de posibles reclamaciones patrimoniales con las que se ha especulado por parte de propietarios de suelo y promotores. Entre ellas, las de las tres empresas que cuentan con terrenos en el sector de Pino y Ruaya (entre Vistahermosa y Santa Faz) sobre los que, a través de una enmienda comunicada el miércoles en comisión informativa de Urbanismo y aprobada en la misma sesión plenaria, se había suspendido su catalogación. 

Según Belmonte, esos informes jurídicos que necesitaba, además, debía aclarar si los ediles que votasen a favor podían incurrir en algún tipo de responsabilidad a título personal.  

Pero no ha sido así. Pavón -y se entiende que el conjunto del tripartito- ha rechazado la retirada del punto y ha mantenido la propuesta para reivindicarla como "una necesidad de defensa del escaso patrimonio esquilmado y degradado que todavía nos queda en esta ciudad". 

Sin embargo, sus argumentos no han modificado el criterio de los dos no adscritos. Belmonte le ha respondido, en su intervención, que no tenía la seguridad necesaria para poder respaldar el catálogo, pese a que lo apoyaba. "Esos informes son un seguro, la palabra no existe si no está por escrito", ha insistido. Además, en el turno de réplica, ha sostenido que el patrimonio arquitectónico, natural y paisajístico de la ciudad no está en peligro pese a que el documento no quedase aprobado, siempre que el Consell conceda la suspensión de licencias en las solicitudes que afecten a elementos incluidos en el catálogo, que la Junta de Gobierno acordó la semana pasada con un plazo de vigencia de otros dos años.

Sepulcre, por su parte, ha sostenido que el catálogo debía haberse redactado en paralelo al nuevo Plan General y al Plan de Ciudad "que, según se ha anunciado, no estará listo hasta abril de 2018". En esta línea, también ha abundado en que "podría tener consecuencias millonarias" como la advertida por los tres propietarios de suelo del sector Pino y Ruaya. "¿Quién nos garantiza que nos traiga más casos similares?", ha dicho.

La edil de Fomento, Sonia Tirado (Compromís), ha defendido la aprobación del catálogo para preservar el patrimonio de la ciudad, después de haber resuelto y garantizado las necesidades de desarrollo de suelo industrial.

La portavoz de Ciudadanos (C's), Yaneth Giraldo, ha confirmado su voto en contra tras calificar el documento de improvisado y de incompleto a la vista de las apreciaciones recogidas en el informe jurídico de la Secretaria General.

El tripartito, unido, reprocha al PP no haber sido capaz de aprobar un Plan General en 20 años y le recuerda el 'caso Brugal'

El alcalde, Gabriel Echávarri, que ha defendido la posición del PSOE, ha insistido en que se trata de un trabajo de dos años necesario para proteger el patrimonio de la ciudad y ha recalcado el apoyo de su grupo después de que se aceptasen las tres sugerencias que el PSOE había presentado en forma de alegaciones. En esta línea, ha recalcado que ha sido un trabajo que el PP no fue capaz de hacer en 20 años porque estaba "a otras cosas".  

El portavoz municipal del PP, Luis Barcala, también ha manifestado su rechazo al documento por sus improvisaciones y por no contar con todos los informes que resulten necesarios, como la memoria económica. En referencia a las dudas sobre nuevas peticiones de reclamación, el líder de los populares ha insistido en que las habrá. En su última intervención, ha planteado, en la línea de Belmonte, la posibilidad de retirar el punto del orden del día para revisar, modificar, corregir sus defectos y completar el documento para no tirar el trabajo de dos años. 

El edil de Urbanismo, en su segunda intervención, ha responsabilizado a toda la oposición de que el catálogo no quedase aprobado y les ha acusado de estar más preocupados por la defensa de los intereses de agentes privados que por la salvaguarda del interés general. En esta línea, ha insistido en que se ha desperdiciado una oportunidad después de 20 años en los que no se ha hecho nada y ha recordado que la exalcaldesa del PP, Sonia Castedo, está imputada por un delito de supuesta corrupción urbanística sobre el supuesto amaño del Plan General que se investiga en una de las ramas del caso Brugal. Pavón ya había detallado, al presentar la propuesta, que la redacción del catálogo había resultado necesaria por la incapacidad del PP de aprobar ese nuevo PGOU, del que "afortunadamente" acabaron desistiendo.

Barcala -como portavoz del grupo mayoritario, último en intervenir- ha contestado que quien sí había respondido a los intereses privados había sido el propio Pavón, que había cedido ante una primera advertencia de reclamación formulada por las empresas de Enrique Ortiz en relación a terrenos de su propiedad en el entorno de las Lagunas de Rabasa, al acceder a descatalogarlos. Es decir, el mismo caso que se acababa de producir en el pleno con el suelo de Pino y Ruaya.