ELCHE. Tan solo el equipo de gobierno, formado por PSPV y Compromís son quienes han votado a favor de la adhesión a la Agencia Valenciana de Protección del Territorio (AVPT), una entidad de reciente creación que tendrá su sede en Elche y de la que Política Territorial está pendiente de designar la ubicación tras las propuestas municipales, destacando el inmueble de la ONCE o la antigua tesorería de la Seguridad Social. La entidad, que asumirá la disciplina urbanística en materia de suelo no urbanizable, ha sido considerada como un "chiringuito" por PP y Vox.
En esta línea, Vox ha ha votado en contra de la adhesión a la agencia, con las abstenciones de PP, Ciudadanos y el edil no adscrito y solo con el voto favorable del bipartito. La agencia, pendiente de nombrar la gerencia, será un organismo autónomo que asumirá las potestades sancionadoras en el caso de infracciones graves y muy graves en el suelo no urbanizable, pero también de la inspección y restauración de la legalidad urbanística cuando sea necesario. La responsable de Urbanismo, Ana Arabid, señala que se delega en la entidad "todo tipo de protección del suelo rural, un bien escaso, limitado y no renovable".
Asimismo, defendía la adhesión "entendiendo que la mejor política es la prevención, con una inspección que evite la irreversibilidad y consolidación de lo que se pueda construir ilegalmente", poniendo como ejemplo que hasta ahora, ha habido casos de obras no finalizadas en suelo rural, o que cuando la obra ya está finalizada, supone una actuación costosa y sin posibilidad de reversión, ya que tan solo en el Camp d'Elx hay unas 20.000 viviendas fuera de ordenamiento. En toda la comunidad, 350.000. Participar en el organismo a través de las vocalías "es un acierto y además que se ubique en Elche es una apuesta descentralizadora que nos beneficiará también en términos de coordinación", alegaba la edil.
Por su parte, la adscripción a la AVPT se ha encontrado con la contrariedad de Vox y Partido Popular, que la consideran un "chiringuito". El edil de los primeros, Juan Antonio Alberdi, critica que se deleguen los expedientes urbanísticos en la agencia y que se ceda la competencia exclusiva de la legalidad urbanística y las sanciones. "Es un nuevo chiringuito, innecesario porque las competencias son municipales y la cesión supone la renuncia a no ejercer la competencia sobre las infracciones urbanísticas". Además de señalar que los recursos económicos de esas sanciones irán a parar a la Generalitat y no al Ayuntamiento. Señala el edil que en el convenio de colaboración entre la agencia y los Consistorios, hay que comunicarle expedientes de edificaciones y que la policía les entregue informes, viniendo a decir que de alguna forma se le hace parte del trabajo desde el municipio, mientras que la Agencia se llevará los réditos en términos monetarios de posibles sanciones. Cree que es viable intentar llegar a entendimiento con vecinos con viviendas en situación de irregularidad en el campo.
Por parte de los populares, la concejal Elena Bonet destacaba en su intervención que su partido incluyó en la Lotup la creación de la AVPT y que esta llega con retraso ya que en 2019 se comprometió la conselleria a ponerla en funcionamiento en un año. "Con ella se van a desviar los trabajos de control (municipal) a un organismo autónomo sin tener que enfrentarse con vecinos infractores", dando a entender que el Ayuntamiento evade responsabilidades para no confrontar, y considerando que es un órgano útil para que pequeños municipios puedan agilizar estos trámites. "No tiene sentido para grandes poblaciones, y además nos falta información sobre la merma de lo que conllevaría adherirse: En sus manos tememos que sea un chiringuito más", destacaba.
Por último, la edil de Urbanismo ha defendido la adhesión porque considera que puede agilizar muchos trámites en el departamento al descargarle de estas competencias. "Si cree (a Alberdi) que es innecesario adscribirse, dese una vuelta por nuestro término municipal y verá las consecuencias de no contar con un organismo ágil y eficiente para proteger el suelo rural". Opina que tendrá un efecto "positivo" en el suelo rural local y señala que el PP ha tenido la información a disposición y reflexionaba para defender la AVPT, que si "restaurar legalidad urbanística y la potestad sancionadora, ¿no es hacer nada?", y culminaba que en Alicante también se han adherido.
Así, Elche será uno de los municipios adscritos a una agencia que estará en la ciudad, aunque aún queda por ver en qué ubicación. Aunque antes tendrá que nombrar a su gerente. Por otra parte, si bien es cierto que se cederán competencias municipales a esta entidad con las delegaciones en disciplina urbanística, también lo es que las sanciones impuestas desde el Consistorio han sido mínimas estos años a las numerosas viviendas irregulares en suelo rural del Camp d'Elx. Algo que se refrenda en la poca cantidad monetaria con la que se consignan estas actuaciones en los presupuestos, o que no se ejecuten todas las cantidades. Ahora estas posibles sanciones o minimizaciones, que ya están teniendo lugar en cada vez más empresas de las 300 en suelo irregular en las pedanías, serán competencia de la Agencia Valenciana de Protección del Territorio. Hasta ahora estas sanciones no han destacado especialmente.
