ELCHE. El Ayuntamiento de Elche ha rechazado un recurso de reposición que había interpuesto la UTE de FCC y Obras y Servicios P. Selva que gestiona la limpieza de colegios y dependencias municipales. Al año de la adjudicación, la empresa tuvo que aplicar una subida del convenio colectivo del 12%, actualizando al nuevo Salario Mínimo Interprofesional (SMI), y planteaba repercutir los costes al Consistorio al hallarse en 'desequilibrio económico'. En total el servicio se presta en 198 instalaciones, desde colegios a los cines Odeón, museos o el Gran Teatre.
La UTE había presentado un recurso de reposición a la resolución de la Junta de Gobierno de mayo de 2024 en la que ya rechazaba que la solicitud de "modificación y restablecimiento del equilibrio económico" del servicio que la alianza empresarial presta en dos lotes: dependencias municipales —ya prorrogada— y de varios centros educativos de Elche y servicio de limpieza de 29 centros docentes en la ciudad. El contrato se adjudicó por 2,5 millones de euros anuales, llegando a 3,1 millones por la bolsa de horas de 3.500 horas anuales y otras mejoras valoradas.
En retrospectiva, el 4 de septiembre de 2023 la contratista presentó escrito dirigido al órgano de contratación en el que solicitaba el restablecimiento del equilibrio económico del contrato por un importe de 14.578,49 euros más IVA incluido a partir del mes de enero de 2023, como consecuencia de la aprobación del convenio colectivo provincial de limpieza de edificios y locales aprobado en 2022. "Los tres años anteriores no se había subido el salario", explica el concejal del área, Claudio Guilabert.
El consistorio defiende una cláusula de 'riesgo y ventura' para no aplicar dicho restablecimiento económico. De esta forma, Guilabert subraya que "los servicios jurídicos consideran que procede desestimar porque con la firma de un nuevo convenio, aplicable a un contratista, es un riesgo propio del contrato público de servicios que no justifica la modificación del contrato". Y de ahí que Contratación no adopte ninguna medida excepcional como pedían FCC y P. Selva. A la primera de ellas sí se le aplicó a principios de 2022, siendo adjudicataria del servicio anterior, con una indemnización de 300.000 euros por la paralización del servicio en pandemia.
Con todo, la firma habían presentado sentencias similares que les darían la razón, pero el edil explica que también hay jurisprudencia favorable al Ayuntamiento en casos de aplicación de convenio colectivo. La decisión de rechazo del recurso se remitirá a la UTE para conocer qué postura adopta y actuar de una forma u otra.
Ahora, con este contexto, el departamento de Espacios Públicos se abre a dos opciones, que o bien la adjudicataria se plantee un contencioso-administrativo, o que desista del contrato. Si se diera esto, en cualquier caso, la concejalía ya quiere aprovechar para elaborar un nuevo pliego "más amplio, y correcto, que recoja las necesidades de las trabajadoras, para que protegerles más a quienes velan por la limpieza de las dependencias municipales, además de que hay muchas cosas que mejorar del contrato".
Guilabert justifica que la limpieza varía en cada colegio y centro. "No es lo mismo limpiar el Princesa de Asturias, el Virgen de la Luz o el Francesc Cantó. Hay distintas metodologías y tanto aulas, hay condiciones más específicas y se tiene que incluir en el pliego". Y añade que las condiciones laborales también, "no es lo mismo un trabajador que va a la pedanía a un centro social o escuela que alguien en el casco urbano". Asimismo se podría plantear la participación de las trabajadoras en la elaboración del pliego al conocer de primera mano las necesidades. La plantilla actual es de 138 personas, que pase lo que pase con esta contrata, se tiene que subrogar. Aunque desistiera, tendría que seguir prestando el servicio público de forma transitoria hasta el nuevo adjudicatario.
