ELCHE. La ciudad vivió 150 desahucios en el pasado 2023. Sin embargo, las tornas han cambiado, y es una tendencia de los últimos años: la mayoría de ellos son ahora por alquiler y no por ejecución hipotecaria. Según explica la portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Elche, Gloria Marín, de esas cifras, 40 de ejecución hipotecaria, 110 de alquiler y 2 de 'otros', que corresponderían a desahucios por ocupaciones, que según Marín "apenas hay", y que han bajado mucho con respecto a otras épocas.
En este sentido, la portavoz señala que además de esos datos, por parte de lo que manejan según la información del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), podría haber unos unos cientos más que ahora están suspendidos por el escudo social. Pero remite a que hay una clara "falta de vivienda, con un encarecimiento tremendo, ha subido el alquiler de una manera bárbara". Desde la plataforma esgrimen que empiezan a darse situaciones en las que se genera una suerte de casting para obtener un alquiler, donde gente con buenos sueldos no los logran por la especulación. "El propietario espera y se la ofrece a quien pueda pagar más", al mejor postor.
Se pedía reunión con la corporación, pero solo ha habido con la oposición
Unas cifras y valoraciones que llegan a colación de una reunión que ha mantenido este martes el colectivo con PSOE y Compromís, aunque había pedido una reunión con todas las formaciones de la corporación, "por la grave situación de vivienda que hay en Elche", explica otra integrante de la plataforma, Marga Bernad, quien incide en que en otras ocasiones se han reunido con el Ayuntamiento pero no han obtenido respuesta por varias vías esta vez. Manifestaba la necesidad de adquisición por una vía u otra de vivienda pública, o ejercer el derecho al tanteo y retracto, ya que "la vivienda no es un bien de mercado, sino de necesidad para todos".
Condiciones para Zona Tensionada y replantear prestaciones al alquiler
Desde la PAH aseguran que se dan las condiciones para declarar Elche Zona Tensionada y aplicar los topes al alquiler que la ley permite, e inciden en que se destina mucha parte del salario al alquiler. Recordaba Marín que en cualquier caso es decisión autonómica para poder aplicar en Ayuntamientos, aunque ya el bipartito de PP y Vox votó en contra de una moción en pleno que sí apoyaron PSOE y Compromís.
Gloria Marín
Por otra parte, consideran que el Ayuntamiento debería replantear las ayudas al alquiler. Un primer ejemplo sería que en 2023 solo se ejecutaron el 55%, "quedaron 242.000 euros para ayudas al alquiler, no porque no hagan falta, sino porque el enfoque es malo", explica Gloria Marín. "Hacen falta prestaciones para familias que necesitan ayuda, no que les paguen todo el alquiler. Son perfiles que no están en la miseria, que pueden pagar pagar una parte pero no todo porque está muy alto". La portavoz, que lleva desde los inicios en la plataforma, hace más de una década, esgrime que ese tipo de prestaciones siguen enfocadas para el de familias que no tienen nada, en situaciones extremas, "como eran muchos casos anteriores".
Por eso apunta que le han pedido a la oposición que presionen para que se adapten estas ayudas, porque "los ingresos son bajos en proporción al arrendamiento, que está altísimo. Para que la gente que ya está viviendo no pierda la vivienda por impago". Destaca que por eso son importantes las prestaciones locales para pagar la luz o el IBI, y por ello estas deberían dirigirse a personas que no están en situación de pobreza absoluta porque indica que ya no es esa la situación. "Servicios Sociales tiene que adecuarse a este tipo de hogares. Les dicen a la gente que sí tienen, pero claro, lo justo para vivir".
Desahucios por impagos
Este último, el impacto, es es una de las vías por las que se están produciendo desahucios en la ciudad. Y muchos otros por cuestiones especulativas, "si antes un propietario tenía un inquilino no le pagaba no lo echaba, ahora a lo mejor lo echa y vende la vivienda, o la pone por habitaciones para extraer mayor rentabilidad". Marín entiende que la vivienda "puede ser un bien, pero la habitual debe ser entendida como tal y protegida como lo está por la Constitución".
Desde la plataforma mantienen que la situación ha mejorado, quizá por la Renta Valenciana de Inclusión, quizá por el Salario Mínimo Vital, "pero desde luego por la mejora del empleo", por lo que hay casos menos flagrantes que en años anteriores. La ocupación prácticamente "ha desaparecido, ha bajado muchísimo", señala, a pesar de que en los últimos años incluso a nivel local algunas formaciones como Ciudadanos plantearon el tema como supuesto problema social, con mociones que no aportaban datos. Aunque sí ha habido casos, como apuntaban en anteriores ocasiones la PAH, sobre viviendas de entidades bancarias vacías. Y eso sí, generando sí sensaciones de inseguridad, por ejemplo en San Antón con el progresivo abandono de los viejos inmuebles, y por ello se fueron tapiando.
Por otra parte, sí ven que esa subida de precios de alquiler sobre todo se está disparando en los pisos más baratos. "Las viviendas caras habrán subido, pero en proporción mucho menor que en los barrios periféricos", asegura Marín, destacando el precio que se ha elevado en Carrús, donde en zonas como el Toscar hay alquileres que superan ya los 700 euros. "Esta situación ya la vivimos en la burbuja, subía pero en el precio de compra".
Por último, tras la reunión, desde Compromís declaraban que "el gobierno municipal de Pablo Ruz y Vox está manifestando una absoluta desidia en aplicar políticas de vivienda, a pesar de ser uno de los principales problemas a los que se enfrentan las familias ilicitanas", recordando Esther Díez que se había rechazado la moción de declarar la ciudad como zona tensionada y que es una de las cuestiones más importantes actuales, ante lo que encuentran "desidia" del alcalde. Se suman otras propuestas rechazadas, recuerda, "como la puesta en marcha de una línea de ayudas al alquiler, como propusimos tanto para el presupuesto de 2024 como para la incorporación del remanente, sin que hayan habilitado ninguna otra medida de calado que ayude a las familias ilicitanas".
Gloria Marín