VALÈNCIA (EFE). Los beneficios obtenidos por la sociedad Corbín Abogados entre 2005 y 2011 fueron "entre 6 y 8 veces más que la media del sector", con unos "resultados abultados" todos los ejercicios que no se corresponden con los medios empleados y "no casan bien con la lógica económica". Y el 80% del total, procedían de adjudicatarias del Ayuntamiento de València.
Así lo señala un informe de la Agencia Tributaria incluido en el sumario del caso Azud, al que ha tenido acceso EFE, y que se deriva de la denuncia anónima contra Corbín recibida en diciembre de 2016 en Hacienda, que posteriormente dio traslado a la Fiscalía y que originó unas investigaciones que suman ya más de 60 investigados.
Esa denuncia anónima aseguraba que "Hacienda somos todos, unos más otros", y por ello pedía que se revisaran los ingresos de la familia Corbín Barberá, parientes de la exalcaldesa de València, Rita Barberá, pues "no cuadran con sus posesiones".
"Aparte del gran gasto ordinario que llevan, amplían posesiones que producen vértigo a los normales que vivimos del sueldo en blanco", señalaba este anónimo, que alertaba de la compra de inmuebles por parte de esta familia "cuando no tienen ingresos justificados" e indicaba que todo empieza a partir de 1991, año en el que Rita Barberá accedió a la Alcaldía de València.
El informe realizado por la Agencia Tributaria como consecuencia de aquella denuncia anónima, expone que, con prácticamente los mismos medios de producción que cuando ejercía su labor como profesional autónomo, José María Corbín pasó a multiplicar por 5 su facturación, algo "difícil de alcanzar" con esos medios, y califica de "excepcionales" los márgenes de beneficios declarados por la sociedad.
Según Hacienda, estas conclusiones son compatibles con los argumentos de la UCO de que la facturación no obedecería a trabajos jurídicos, al menos en su mayor parte, y destaca que en las facturas se da un denominador común, y es que la descripción de los trabajos realizados es muy vaga y general: "asesoría jurídica" o "prestación de servicios profesionales".
Además, al margen de la consideración penal de los hechos que instruye el juzgado, como resultado de aquella denuncia anónima, Hacienda considera que se habrían producido dos delitos contra la Hacienda Pública por parte de José María Corbín Navarrete por la defraudación del IRPF de los años 2007 y 2008 por un importe total de 281.000 euros.
Respecto del IRPF de 2007, el delito contra la Hacienda Pública consistiría tanto en dejar de ingresar 155.745 euros como en obtener una devolución indebida por importe de 3.606,79 euros, que, en conjunto, suponen una cuota descubierta a ingresar de 159.351,79 euros.
Respecto del IRPF de 2008, el delito contra la Hacienda Pública consistiría tanto en dejar de ingresar 115.781,46 euros, como en obtener una devolución indebida por importe de 6.017,22 euros, que, en conjunto, suponen una cuota descubierta a ingresar de 121.798,68 euros.
El sumario expone que José María Corbín habría obtenido en 2007 un total de 1.187.605,41 euros, que no se corresponderían con una actividad real de servicios jurídicos, sino que habrían sido obtenidos de forma irregular y facturados por la sociedad.
En 2008, la sociedad Corbín Abogados declaró una cifra de negocios, a efectos del Impuesto sobre Sociedades, de 935.647 euros, de los que 907.060,08 euros no se corresponderían con una actividad real de servicios jurídicos, sino que habrían sido obtenidos directamente por José María Corbín de forma irregular.
Asimismo, expone que el total de pagos percibidos por la mercantil Corbín Abogados provenientes de empresas pertenecientes o vinculadas al Grupos Axis entre los años 2007 y 2013 asciende, al menos, a 602.156,48 euros.
El sumario refleja que un 80 % de los ingresos de este despacho de abogados entre 2005 y 2017 procedieron de seis grupos de empresas, adjudicatarias del Ayuntamiento de València, entre ellas Grupo Axis, y que en ese periodo declaró ingresos por más de 5 millones de euros.
Sin embargo, los gastos declarados ascendieron a 681.784,14 euros, un 13'67 % de los ingresos, ya que pese a la "ingente cantidad" de ingresos tenía a lo sumo cuatro trabajadores en esos años, señala el sumario, que considera que esa mercantil fue el instrumento jurídico para materializar el cobro de comisiones ilícitas por parte de empresas adjudicatarias de contratos con el Ayuntamiento de València.
El sumario incluye la declaración como testigo de un asesor hasta 2005 del exvicealcalde de València Alfonso Grau, quien explica que una vez Grau le comentó enfadado que el despacho de Corbín estaba a punto de cerrar porque no tenía trabajo, y que sin motivo comenzó a tener un volumen elevado de trabajo.
El testigo señaló que ese enfado de Grau pudo estar motivado porque podría haber recibido indicaciones de Rita Barberá para que hablara con alguna empresa adjudicataria de algún concurso y contratara al despacho de Corbín.
Por otra parte, el sumario también incluye un informe de Hacienda sobre el exvicealcalde de València Alfonso Grau, según el cual este dejó de ingresar en 2004 una cuota tributaria de 198.554,89 euros por ganancias patrimoniales no justificadas que ascendieron a 441.233 euros.
