Desde hace unos meses, hay un pulso social y político en el denominado Vall del Pop, en la Marina Alta, donde se ubican los municipios de Xaló y Llíber. El pulso es por el urbanismo: desde hace muchos años, la promotora Vapf tiene una proyectada una urbanización de 488 viviendas, a priori, con todos los permisos legales, pero que generará un importante impacto visual en el paisaje en el valle, por pequeño que sea, como sostiene la empresa.
Desde que el proyecto dio sus primeros pasos, se han sucedido un cúmulo de acontecimientos de todo tipo: iniciativas judiciales para intentar paralizar las obras del alcantarillado; acciones de protesta de todos los tipos, como la quema de la maquinaria que era propiedad de la empresa; cortes de caminos, etc. La urbanización tiene todos los permisos, los que dependen del ayuntamiento, Llíber, con algo más de 1.000 habitantes, y los que corresponden a la Generalitat Valenciana. Uno de los argumentos que se achaca para intentar frenarlo es que la declaración de impacto ambiental tiene una vigencia superior a los 20 años y que, por tanto, esta desactualizada respecto a los cambios normativos que se han dado en los últimos años. Después está el asunto de los recursos hídricos: la empresa sostiene que los tiene; los contrarios al proyecto dicen que no.
El escenario que se ha dado estos últimos mses en Llíber es muy parecido al que se dio a principios de los años 2000 en varios puntos del litoral de la Comunitat Valenciana con el boom de los denominados PAIs (planes de actuación integrada), que generaron un importante rechazo social, lo que llevó en su día a la propia Generalitat a modificar la conocida como Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) y elaborar un nuevo texto, la LUV, que posteriormente, también con el gobiernos del PP desembocó en la Lotup, que todavía está vigente.
Es verdad que este tipo de iniciativas ha disminuido -también fruto de los proyectos y empresas falliadas y del menor suelo disponible-, pero se siguen ejemplos dando en varios puntos. Ahora bien, además de la legalidad y la solvencia del proyecto, el éxito y rechazo de este tipo de proyecto depende mucho de la reacción que se ha producido por parte de partidos locales y colectivos. En este caso, es Compromís (y los colectivos sociales) quien capitanea las reacciones políticas, y como le recuerda la promotora, estuvieron hasta el otro día en el Gobierno de la Generalitat Valenciana y no hicieron nada para variar el rumbo del plan.
Más allá de lo que pudieran decir los tribunales en un futuro y de que finalmente estén -bien- acreditados los recursos hídricos para las 488 viviendas y el hotel, la suerte de ese proyecto pasa porque el urbanizador acabe convenciendo a los contrarios de que el proyecto es válido y genera el menor impacto. No es fácil, porque las posturas están muy enconadas. Y dentro del debate, ha habido mucha hipérbole discusiva. La empresa acusa a la plataforma de ofrece información desinteresada.
Pero más allá de la legalidad -que de momento no se ha podido demostrar lo contrario-, el poder de persuasión va a ser clave en el futuro del proyecto. Hasta el momento, todo han sido parabienes: que si el complejo será totalmente sostenible, integrado en el paisaje, etc. Pero nada de ello ha logrado cambiar la opinión de los contrarios.
La empresa insiste, además de la cuestiones medioambientales, en el impacto económico, pero ese argumento en una comarca con bajas cifras de paro es difícil de comprar. La tasa del paro en la Marina Alta está por debajo de la media de la Comunitat y muy por debajo de la media provincial.
Falta por ver si el mensaje del agua para todos, como también defiende la mercantil, cala en un episodio de sequía y del cambio climático. De momento, la Marina Alta- que de esto sabe y ha padecido- no los tiene, pero faltaría por ver si las nuevas generaciones están por comprar ese marco: traer agua para viviendas de 900.000 euros, como se promocionan.
Pero como esto va de persuasión, ahora la empresa ha anunciado que "ha cedido gratuitamente suelo para la construcción de 84 viviendas al Ayuntamiento de Llíber para, entre otras, la construcción de vivienda social e inclusiva y así atraer población de la comarca, que también refuerce el censo".
Este domingo es la manifestación contra el proyecto. Será interesante ver la participación, pero más importante será el impacto en el vecindario y la reputación que pueda generar: ellos son los que pueden doblegar el proyecto, o en su caso, lograr reducir el impacto, si es que se puede. Lo que parece claro es que el urbanismo, en estas alturas y en esa comarca, si quiere crecer, debe, primero, convencer. De lo contrario, puede generar efectos no deseados (por legal que sea).
