ALICANTE. El impulso a la actividad industrial que pretende el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante mediante la creación de suelo apto para la implantación de empresas deberá sortear dificultades presupuestarias y paisajísticas. PSOE, Guanyar y Compromís -que prevén constituir este jueves un consejo sectorial para el fomento de la actividad industrial y la innovación tecnológica en la ciudad- asumen que el primer obstáculo, el de la financiación, no será nada fácil de superar. Las limitaciones del plan de ajuste aprobado por el Ministerio de Hacienda que siguen pesando sobre las inversiones municipales son un impedimento adicional al estrecho margen económico del que, en general, suelen disponer todos los ayuntamientos para acometer obras de urbanización como las que conlleva la creación de un polígono. Además, según añaden fuentes del tripartito consultadas, no existe ningún instrumento público capaz de promoverlo, como sí sucede en la ciudad de Elche y su empresa municipal Pimesa (responsable de la creación de Elche Parque Industrial).
De ahí que, como publicó este diario, el objetivo del tripartito sea pelear esa financiación para atender a la demanda empresarial de suelo a las puertas de administraciones con más músculo: el Ministerio de Fomento, a través del Sepes, y la Conselleria de Economía, a través del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace). La tarea, en la que ya ha habido pasos previos con el mismo conseller de Economía, Rafael Climent, se intensifica este mismo jueves, con un encuentro entre la edil de Fomento, Sonia Tirado (Compromís) y responsables del Ivace y, según las fuentes consultadas, se prevé extender en las próximas semanas con una entrevista similar con representantes del Sepes.
Según fuentes del tripartito, la implicación de la sociedad estatal puede tener un protagonismo trascendental, ya que hace más de 40 años adquirió unos 800.000 metros cuadrados para acometer una posible ampliación hacia el sur del polígono de mayor tamaño de Alicante: el de Las Atalayas. Cerca del 55% de ese suelo ya ha revertido a sus antiguos propietarios al no haberse ejecutado la actuación para el que fue expropiado. Sin embargo, la posibilidad de desarrollo del 45% restante también está lastrada tanto por las complicaciones orográficas que presentan parte de esos terrenos, como por las condiciones paisajísticas y naturales que motivaron la protección de otra porción de ese sector por parte de la Generalitat.
Por lo pronto, el vicealcalde y concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón (Guanyar), confirmó este miércoles a Alicante Plaza que el documento que servirá de base para la redacción del nuevo Plan General -el llamado catálogo de protecciones- se ha modificado para relajar y reducir el régimen de protección de parte de ese suelo y de otras zonas próximas al polígono del Pla de la Vallonga. En concreto, como ya publicó este diario, se trataría de dos bolsas de suelo en el entorno de la sierra del Sanxo y en el espacio que media entre el Pla de la Vallonga y la prisión de Fontcalent que se proponía reservar en la primera versión del documento.
Se da la circunstancia de que se trata de dos zonas en su mayor parte no coincidentes con los terrenos del Sepes, de modo que al coste de su transformación en suelo industrial se tendría que añadir el precio de compra. "El problema es que parte del suelo del Sepes está afectado por el cauce de una rambla y por la declaración de monte público de la Generalitat, aprobada después de que el Sepes se hiciera con esos terrenos", explicó Pavón. "Ese suelo", insistió, "está muy limitado por la orografía y ahí poco se puede hacer; menos todavía con una declaración que compete a la Generalitat", recalcó. En cualquier caso, recordó que el documento está en exposición al público por segunda vez, de modo que "si alguien presenta alegaciones para que se modificase, lo estudiaríamos".
En principio, uno de los objetivos del consejo sectorial que se constituye este jueves (que debe aglutinar a representantes de todos los grupos políticos municipales, de la Universidad de Alicante y de la Cámara de Comercio) es abordar propuestas e iniciativas alternativas. Una de ellas, como publicó este diario, es la creación de una zona de uso industrial y terciaria en el eje de la avenida de la Universidad. Mientras, los dos polígonos (Atalayas y Pla de la Vallonga), con más de 2 millones de metros cuadrados y unas 400 empresas instaladas, están prácticamente al 100% de ocupación. Algunas compañías especializadas en la distribución, como Seur, no pueden llevar a cabo la ampliación de sus instalaciones al no existir parcelas disponibles con el tamaño suficiente.