ELCHE. El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, abrió una queja de oficio el pasado miércoles 2 de octubre para investigar la "grave demora" de la Agència Valenciana de Protecció del Territori (AVPT) a la hora de iniciar, gestionar y resolver los procedimientos para restaurar la legalidad urbanística y sancionar infracciones cometidas en suelo no urbanizable.
El defensor decidió iniciar esta investigación como consecuencia de la respuesta que la propia AVPT ofreció a esta institución, a raíz de la reclamación de un ciudadano por la inactividad de la administración ante una denuncia interpuesta por la ejecución de unas obras que consideraba ilegales.
En dicha contestación, la propia entidad informó al Síndic de que acumulaba varios centenares de expedientes electrónicos pendientes de poder iniciar su tramitación jurídico-administrativa para exigir el restablecimiento de la legalidad urbanística. En este sentido, señalaba como causa del retraso acumulado las más de 2.000 infracciones urbanísticas que habían remitido los más de 300 municipios adheridos a la Agència, así como la escasez de medios humanos y materiales que padece este organismo autónomo de reciente creación.
Esta información sobre la organización, dotación de medios personales y materiales, y funcionamiento actual de la AVPT, "generó una evidente preocupación en el Síndic", explica el comunicado del gabinete de la entidad. En particular, sobre su capacidad para servir a los intereses generales que le corresponden y cumplir con las competencias que la legislación le ha atribuido.
Ante esta situación, el defensor ha solicitado a la Agència Valenciana de Protecció del Territori que informe sobre los medios personales y/o materiales con los que cuenta para el cumplimiento de sus funciones y de los objetivos marcados en el Plan plurianual de gestión y en el Programa anual de actuación, explicando las carencias y necesidades que se detecten. Además, le ha pedido que indique las medidas precisas para paliar esta situación y el número de denuncias recibidas, aclarando la demora que acumula cada una de ellas. Y, por último, el Síndic quiere saber el estado de tramitación de los expedientes de restablecimiento de la legalidad urbanística en los que se hayan rebasado los plazos establecidos de resolución, con indicación expresa del tiempo de la demora acumulada.