El portavoz y la portavoz adjunta del PP, Barcala y De España, al presentar la denuncia en Fiscalía.ALICANTE. El grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Alicante ha acudido este lunes a los juzgados de instrucción para presentar una denuncia por el presunto fraccionamiento de las facturas del área de Comercio con el propósito de que se dé un impulso a la investigación y la depuración de posibles responsabilidades.
El portavoz popular, Luis Barcala, ya anunció el pasado viernes la presentación "de forma inmediata" de una denuncia en los juzgados tras la comparecencia en la comisión que investiga las posibles irregularidades de estos contratos de Comercio por un total de 189.000 euros. "Técnicos municipales afirman que no han visto nada igual en los últimos 33 años años, y eso da una justa medida de que no estamos ante una mera irregularidad sino que estamos ante un hecho mucho más grave que en nuestra opinión se trata de un presunto delito de prevaricación por el fraccionamiento de contratos", ha explicado, a través de un comunicado.
Con esta denuncia se amplían las diligencias iniciadas en la Fiscalía, que ya investiga el caso, al entender que podría haberse cometido un presunto delito de prevaricación administrativa por el posible fraccionamiento de los contratos de Comercio cuando era un área que dependía directamente del alcalde, Gabriel Echávarri, y no estaba delegada en ningún concejal. Además, los contratos investigados no fueron publicados en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Alicante.
El portavoz popular ha acudido primero a Fiscalía para dar cuenta del contenido de la comparecencia del pasado viernes en la comisión de investigación sobre las facturas de Comercio y, posteriormente, ha sido cuando el PP ha presentado la denuncia en el juzgado de instrucción, según las mismas fuentes. Barcala ha explicado que "muchas de las conclusiones planteadas por el PP en la denuncia presentada hace ya tres meses en Fiscalía han sido corroboradas por los propios técnicos, por lo que tras haber puesto estas declaraciones en conocimiento del fiscal ahora lo que corresponde es presentar la denuncia en el juzgado".
Barcala ha señalado que "el propio interventor ha declarado que hay indicios de fraccionamiento en los contratos de Comercio y el ex jefe del área de Comercio ha afirmado también que 22 de los 25 expedientes no pasaron por él, por lo que muchos de los hechos que apuntábamos han sido contrastados por los técnicos municipales".
El PP ha pedido también el cese de los asesores Pedro de Gea y Lalo Díez "porque tanto el alcalde como el interventor y el jefe de área han afirmado que estuvieron implicados en estas presuntas irregularidades".
La portavoz de Ciudadanos, Yaneth Giraldo, también ha abundado este lunes en las revelaciones que se constataron en la sesión de la comisión de investigación del viernes. A su juicio, los testimonios del interventor y del exjefe técnico de Comercio pusieron en evidencia que "estamos ante un tema muy grave, y no meras irregularidades administrativas como viene proclamado el alcalde estos últimos meses". "El hecho de que no contralora ni su firma electrónica para avalar los contratos de la campaña navideña de diciembre de 2016, casi 190.000 euros, lo deja en un situación política muy incómoda, ya que su obligación era la de vigilar lo que estaba pasando en vez de hacer lo contrario, una dejación absoluta de responsabilidades, jugando con el dinero público", ha insistido, a través de un comunicado.
Según su criterio, "escudarse en los dos asesores que se encargaron de las contrataciones, en algún caso superando el tope legal que marca la ley para los llamados contratos menores, no es un pretexto para que no tenga que asumir las responsabilidades que le correspondan; e intuimos que su pretensión es cerrar esta historia con los asesores como cabeza de turco".
Para Giraldo, lo relevante es que "los técnicos dejaron claro el pasado viernes que, con escaso margen de error, hubo fraccionamiento de contratos; igual de relevante es que la mayoría de las contrataciones pasaron por sus manos a toro pasado, una vez que se habían ordenado los pagos lo que viene a constatar que el desmadre que se produjo fue total, y sin ningún tipo de planificación previa tal y como preguntamos en la reunión".
El grupo municipal de Ciudadanos solicitó el pasado mes de abril una comisión de investigación sobre la campaña de promoción comercial de diciembre de 2016 después de que la Junta Local de Gobierno aprobara anular el procedimiento de las contrataciones y proceder al pago extrajudicial de las deudas contraídas. El pasado viernes se acordó que comparezcan el jefe de Gabinete del alcalde, Lalo Díaz, y el asesor de Comercio, Pedro de Gea. "En función de sus testimonios, no descartamos pedir más comparecencias", ha concluido Giraldo.
