El interventor y el jefe técnico señalan a Echávarri y sus asesores: se fraccionaron contratos de Comercio

ALICANTE. Dos de los cuatro testimonios que se pudieron escuchar este viernes en la primera sesión de trabajo de la comisión de investigación sobre el caso Comercio, el del interventor municipal y el del jefe de servicio de Comercio, abundan en las sospechas sobre la existencia de anomalías en los 25 contratos adjudicados de manera directa (sin concurso) por un importe global de 189.000 euros, el pasado diciembre. Se trata de las mismas anomalías que ya analiza la Fiscalía, a instancias de la denuncia presentada por el grupo municipal del Partido Popular (PP). Y las mismas que, a la vista de esas comparecencias, el propio partido prevé replicar ante el juzgado como estrategia para tratar de agilizar las averiguaciones. Y todas esas irregularidades parecen señalar al alcalde, el socialista Gabriel Echávarri, como titular de la concejalía en ese momento, y a dos de sus más directos colaboradores: el asesor de Comercio, Pedro de Gea, y el jefe de gabinete de Alcaldía, Lalo Díez. El primer edil fue el primero en responder ante la comisión este viernes; De Gea y Díez lo harán en la próxima reunión de la comisión, probablemente en la segunda quincena de agosto.

Las explicaciones que los representantes de la comisión consideraron claves fueron las del interventor municipal, Francisco Guardiola, quien ya expresó sus dudas sobre la posibilidad de que se hubiese producido un fraccionamiento de contratos en el informe que aportó al expediente cuando los pagos se elevaron a aprobación en Junta de Gobierno. Esta vez, en respuesta a una pregunta directa del presidente de la comisión, Carlos Giménez (PSOE), el máximo garante de la estabilidad económica del Ayuntamiento (que compareció a puerta cerrada a petición propia) consideró que, según su criterio, con un razonable margen de error, pudo haber existido fraccionamiento de contratos lo que constituiría una irregularidad administrativa. 

Es decir, que si no todos, parte de esos 25 encargos adjudicados de manera directa por importes inferiores a los 18.000 euros que la ley permite para los llamados contratos menores debieron haberse sacado a concurso para permitir la libre concurrencia de empresas. Como viene publicando este diario, la mayoría de esos contratos se pueden agrupar en tres bloques: servicios relacionados con la organización de la Gala de los Premios de Comercio, con la campaña publicitaria en prensa, radio y TV bajo el lema 'Alicante está de moda', y con la instalación de nueva señalización en varios mercados municipales.

El interventor señaló, además, había un encargo concreto, relacionado con una campaña publicitaria en prensa escrita en soporte papel, que superaba en un euro el importe límite legal previsto para esos contratos menores: la ley de contratación del sector público establece que ese importe debe ser inferior a los 18.000 euros sin IVA; el precio de ese encargo en cuestión, era de 18.000 sin IVA, de modo que debió sacarse a concurso necesariamente.

Tras el interventor compareció el entonces jefe del servicio de Comercio, Diego Agulló: que también había expresado sus dudas sobre un posible fraccionamiento, que no informó de ellas hasta que se llevaron a aprobación de pago y que fue relegado de sus funciones tras la cesión de las competencias sobre la concejalía a Gloria Vara. Agulló señaló (también en una comparecencia a puerta cerrada) que ni él ni ningún técnico del departamento había tenido conocimiento previo de 22 de esos 25 contratos y que habían llegado a su mesa cuando ya estaban tramitados y se pasaba las facturas a cobro. ¿Por quién? Unas veces por el asesor delegado de Comercio, Pedro de Gea, y otras por el jefe de Gabinete de Alcaldía, Lalo Díez. Es más, dijo que varios de esos encargos los encontró a su regreso de unos días de vacaciones, lo que podría justificar por qué ni él ni nadie del departamento advirtió antes de posibles anomalías ni dudas que él sí expuso más tarde, cuando los pagos se pretendían autorizar en Junta de Gobierno. Y añadió que a su juicio no era habitual que esos encargos los tramitasen asesores ni personal eventual.

El turno de comparecencias lo cerró uno de los letrados del servicio de Asesoría Jurídica municipal, Pablo Núñez de Cela, quien también elaboró un informe sobre los contratos y sobre las condiciones que deben darse para que se pueda considerar que ha habido fraccionamiento. Su testimonio se centró en ese punto e insistió en que no se debe forzar contrataciones en bloque, con concurso, para aquellos casos en los que cada encargo por separado siguen surtiendo efecto y teniendo utilidad. "Si cada uno de forma independiente cumplen su finalidad, no hay fraccionamiento de contrato", dijo.

El alto funcionario confirmó que Uno de los contratos superó el límite legal para los encargos directos por un euro, de modo que debió sacarse a concurso

En esta línea, citó una sentencia favorable al Ayuntamiento de Aspe en la que se avaló la contratación por separado de los elementos necesarios para la organización de una cabalgata de Reyes, como las carrozas, la música o los trajes, por ejemplo. Por último, apuntó que su departamento (Asesoría Jurídica) había recomendado que se anulase el expediente de aprobación de pago de las facturas, y que se reconociese el abono por el procedimiento extrajudicial de crédito, hasta que el Consell Jurídic Consultiu (CJC) emitiese un dictamen para aclarar cómo se debía proceder. Ese dictamen todavía no ha llegado, tras un error de tramitación de la consulta.

El alcalde, que fue el primero en responder a las preguntas de la comisión, dijo no conocer todos los términos de la contratación de esos encargos porque delegaba esa cuestión en sus asesores, como venía siendo habitual en el ayuntamiento en otras épocas y como ocurre en otros ayuntamientos, sobre todo a la hora de contratar publicidad. No obstante, asumió la responsabilidad de todos esos encargos, ya que todos llevaban su firma digital.

El jefe de servicio señaló que no tuvo conocimiento previo de los encargos hasta que le llegaron las facturas y que en 22 de ellas no había participado ningún técnico

Después, una vez levantada la sesión, explicó en una comparecencia ante los medios que le sorprendía que la comisión se centrase ahora en quién había tramitado los contratos y no en si había habido fraccionamiento."Se ha cambiado el objeto", dijo. Y sostuvo que, por lo que le habían comunicado del resto de las comparecencias, le parecía que se había reforzado lo que él venía sosteniendo desde el principio, que en todo caso podía haberse producido alguna irregularidad administrativa. Echávarri llegó a admitir que había un contrato que superaba el importe límite de los contratos menores, de 18.000 euros, pero sostuvo que sólo podía deberse a un error.

Todos y cada uno de los miembros de la comisión hicieron sus valoraciones posteriores. La representante del PP, Mari Carmen de España, insistió en que se había demostrado "que las cosas no se hicieron bien" y que la denuncia que su partido presentó en Fiscalía era el camino correcto. La portavoz de Ciudadanos (el grupo que planteó la propuesta para crear la comisión), Yaneth Giraldo, reprochó que el alcalde no aportase claridad y eludiese gran parte de las preguntas alegando que él no estaba al tanto de las gestiones del día a día y aseguró estar sorprendida de que hubiese admitido que no existía ningún tipo de planificación previa para gastarse casi 190.000 euros en un tiempo exprés, las semanas previas a Navidad. El portavoz de Compromís, Natxo Bellido, sostuvo que la comisión había sido positiva para que se tratase de aclarar las dudas que se manejaban y mantuvo que, si al final se concluyese que alguien incurrió en alguna irregularidad, Compromís reclamaría responsabilidades políticas, aunque señaló que, desde diciembre, "ya se han tomado decisiones", en una referencia implícita a la renuncia de Echávarri al área de Comercio y al relevo de Agulló como jefe de servicio. Y el portavoz de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, confió en que al final de los trabajos de la comisión se despejen las dudas y se pueda pasar página. Sobre la petición de responsabilidades, sostuvo que "Guanyar tendrá que fijar una posición y que, en todo caso, el alcalde sabrá lo que tiene que hacer".