La exalcaldesa de Orihuela Mónica LorenteALICANTE (EFE). El juicio por la supuesta trama de corrupción política y empresarial relativa al contrato para la recogida y tratamiento de basuras en Orihuela, origen del llamado 'caso Brugal', no se celebrará hasta 2019. Así lo han confirmado hoy a Efe fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ), pues la agenda de señalamientos de la sección séptima de la Audiencia Provincial de Alicante "está completa" para el próximo año.
Este tribunal, con sede desplazada en Elche, celebró ayer con los abogados de los 34 encausados una reunión para "cuadrar agendas" en la que se barajó febrero de 2019 como fecha para el desarrollo de la vista oral.
Entre los 34 acusados, 15 han tenido o tienen en la actualidad la condición de autoridad o funcionarios públicos, como los exalcaldes oriolanos José Manuel Medina y Mónica Lorente, ambos del PP, y siete exediles de la corporación. El principal implicado es el empresario Ángel Fenoll, para el que la Fiscalía Anticorrupción reclama penas que suman 37 años y 8 meses en el escrito de acusación provisional que presentó en mayo del pasado año.
El ministerio público les considera autores, cooperadores o cómplices de delitos de prevaricación, fraude, cohecho, negociaciones prohibidas a funcionarios, tráfico de influencias, revelación de secretos y de información privilegiada, delito electoral, asociación ilícita, extorsión e intento de coacciones.
La investigación se inició en 2006 y se centró al principio en la adjudicación del contrato de recogida y tratamiento de residuos de la ciudad, aunque se desgajó con posterioridad en una veintena de piezas separadas bajo la denominación genérica de 'Operación Brugal'. Entre las principales ramas destacan la investigación del plan zonal de residuos de la Vega Baja -por la que deberán ser juzgados, entre otros, el expresidente de la Diputación y del PP de Alicante José Joaquín Ripoll- y la que investiga una presunta trama de corrupción en torno al urbanismo de la capital de la provincia.
En esta última ya han sido procesados y están pendientes del correspondiente escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción el empresario Enrique Ortiz y los exalcaldes populares de Alicante Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, entre otros. En el caso de la contrata municipal de basuras de Orihuela, el ministerio público sostiene que Fenoll y su entorno conformaron una trama mafiosa que extorsionó a cargos públicos con la amenaza de revelar grabaciones con información relevante para "doblegar su voluntad".
Además, el empresario oriolano habría pagado presuntamente sobornos a otros políticos para seguir monopolizando la recogida de basuras en la comarca o financiado "fuera de los cauces legales" al PP y al Partido Socialdemocráta.
La sección séptima de la Audiencia alicantina ya ha admitido a trámite las pruebas propuestas por todas las partes, aunque tiene la agenda de señalamientos completa ya para todo el año que viene, por lo que el juicio no se celebrará hasta 2019, según las fuentes consultadas
