ALICANTE. Se sigue estrechando el círculo. El 17 de noviembre se celebrará el juicio sobre demanda de resolución del contrato de arrendamiento del estadio Rico Pérez por el Hércules.
Alicante Plaza puede adelantar que Leandro Blanco, el magistrado que sirve el Juzgado de lo Mercantil nº2 de Alicante en régimen de comisión de servicios, ha señalado para el citado día la vista en la que se tiene que dilucidar si sigue o no vigente el contrato de arrendamiento del Rico Pérez por 25 años suscrito en 2007 por el club blanquiazul con Aligestión Integral, pese a que en el marco de la liquidación de bienes y derechos de esta mercantil el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) se adjudicó la propiedad del estadio libre de cargas.
Como los lectores de este medio conocen bien, en marzo de 2019 la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante anuló el auto por el que el juez de lo mercantil (entonces el magistrado Salvador Calero era el titular del Juzgado de lo Mercantil número 2), estimaba la pretensión del Hércules de que el destino del citado contrato de arrendamiento se decidiera en el seno del arbitraje privado. Era ese el último intento del club por hacer valer un contrato que tanto el administrador concursal (y después liquidador) de Aligestión, Miguel Hernández, como el banco del Consell vienen sosteniendo que es papel mojado desde la primavera de 2017. En febrero de ese año el IVF ganó la subasta pública en la que, entre otros bienes y derechos, se subastaba el Rico Pérez y un paquete de acciones del Hércules que entonces representaba el 15% de su capital social. En abril, una vez le fueron formalmente adjudicados los citados bienes, el banco del Consell manifestó expresamente que no deseaba que siguiera vigente el contrato de arrendamiento del estadio (los bienes salían a subasta libres de cargas, pero el plan de liquidación de Aligestión facultaba al adjudicatario para aceptar que continuase vigente, por ejemplo, el arrendamiento del Rico Pérez), interponiéndose la correspondiente demanda de resolución. Sin embargo, tanto el IVF como el administrador concursal de Aligestión primero y liquidador después, Miguel Hernández, se encontraron con que el magistrado Salvador Calero dictó un auto en el que se declaraba incompetente por razón de la materia, remitiendo al demandante a acudir a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (entendía que era esta la competente para conocer de la misma, ya que el Ayuntamiento de Alicante era parte en el convenio de uso del estadio). Hernández recurrió ese auto del juez de lo Mercantil ante la sección Octava de la Audiencia que lo anuló. Sin embargo, el Hércules entonces contraatacó por medio de una declinatoria buscando que el asunto se sometiera a arbitraje, concretamente del alcalde de Alicante (entonces Gabriel Echávarri), una pretensión que estimó el juez de lo Mercantil, pero que la Audiencia tumbó al anular también ese auto judicial a instancias del administrador concursal de Aligestión. Eso ocurrió a principios de 2019, restando conocer cuándo se celebraría el juicio sobre la demanda en el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Alicante. Ahora sabemos que será el 17 de noviembre y que de la demanda conocerá un magistrado distinto al que ha tutelado el procedimiento hasta ahora.
A día de hoy, el Hércules está más cerca de la figura de okupa que de la de arrendatario y es que, si bien sostiene que el contrato de arrendamiento sigue vigente, no abona (lo provisiona) el precio contemplado en el mismo (el 7% de sus ingresos brutos por ejercicio). Eso sí, como asume el mantenimiento de la instalación y el IVF tampoco lo desahucia, pues parece más bien que tenemos un precario. En cualquier caso, ya hemos superado el ecuador de la tragicomedia (aunque el fallo del Juez de lo Mercantil, el día que recaiga, tampoco parece que vaya a ser el punto y final, pues a buen seguro que será recurrido por una de las partes).
Aligestión salvó al Hércules antes de 'morir'
El origen de la relación entre Aligestión, el IVF y el Rico Pérez lo encontramos en el aval de 18 millones de euros que, con la citada mercantil como fiadora solidaria, el banco del Consell prestó en 2010 a la Fundación del Hércules para que esta obtuviera de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) un préstamo de igual importe con el que acudir a una ampliación de capital por aportaciones dinerarias en el Hércules, dotando de tesorería a este para que, a su vez, pudiera poner a cero su deuda con la Seguridad Social y la Agencia Tributaria. Esto último no se produjo, como tampoco la Fundación atendió los pagos comprometidos con la CAM, que siendo ya propiedad del banco Sabadell, ejecutó el aval prestado por el IVF. La Fundación y Aligestión como fiadora pasaron a tener la deuda con la Generalitat, pero no era la única para la última, que se declaró en concurso y terminó yendo a liquidación. El IVF no dudó entonces en acudir a la subasta para hacerse con sus bienes y recuperar algo de lo perdido, ya que al ser uno de sus máximo acreedores el dinero que desembolsase en la misma regresaría en su mayoría a sus arcas: así, aunque ganó la subasta con una puja de 3.750.000 de euros (a 14.748.871,36 ascendía el precio de salida), en el fondo invirtió 'solo' unos 1.200.000 euros.
Lo curioso es que solo unas semanas después de la subasta de los bienes de Aligestión, esta salvó al Hércules de una liquidación segura, que es lo que hubiese conllevado que la Corte de Luxemburgo desestimase el recurso de nulidad del club contra la decisión de Recuperación de la Comisión Europea por la que se le reclamaba el pago de más de siete millones de euros tras declarar ayuda de Estado prohibida precisamente el citado aval del IVF. En marzo de 2019, el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) estimó el recurso del club interpuesto a finales de 2016 y anuló la citada resolución, no recurriendo Bruselas ante el Tribunal de Justicia el fallo (tampoco lo hizo en el caso del Elche, pero sí en el del Valencia). En su fallo, el TGUE anulaba la decisión de recuperación por apreciar"falta de motivación", al entender que la Comisión no había valorado correctamente las garantías en la operación: concretamente le atribuía vigencia temporal al contraaval ofrecido por Aligestión (el estadio y las acciones del Hércules que luego fueron a parar al IVF), algo que no compartió la Corte de Luxemburgo.
Por cierto, la deuda de casi 15,4 millones de euros de principal contraída por la Fundación con el IVF y que se llevó a Aligestión por delante es desde finales de 2017 de Zassh Tecnológica, una mercantil que adquirió al Consell el citado derecho de crédito a cambio de 508.150 euros y cuyo accionariado se reparten a partes iguales los empresarios Juan Carlos Ramírez (a través de la sociedad patrimonial Kuntajara) y Enrique Ortiz (por medio de dos de sus hijos y la sociedad patrimonial Real State GO2), que en su día se hizo precisamente con la propiedad del Rico Pérez a través de Aligestión (junto a Valentín Botella y Juan José Huerga).
