ALICANTE. Mejor, imposible.
Alicante Plaza puede adelantar que el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) ha estimado el recurso de nulidad (T‑766/16) interpuesto por el Hércules contra la Decisión de Recuperación 2017/365 por la que la Comisión Europea le reclama el pago de más de siete millones de euros, tras declarar ayuda de Estado prohibida el aval de 18 millones de euros otorgado en 2010 a su Fundación por el Instituto Valenciano de Finanzas.
Lo anterior supone que la citada medida queda anulada, el club blanquiazul no tendrá que pagar nada. Todo, eso sí, con permiso de que Bruselas recurra en casación ante el Tribunal de Justicia (el Tribunal General es un órgano de primera instancia), algo para lo que tiene un plazo de dos meses (esta vía de recurso está limitada a cuestiones de Derecho).
La sentencia por la que se estima el recurso ha sido comunicada a las partes (club y Comisión) a primera hora de la mañana de este miércoles en Luxemburgo, donde tiene su sede este órgano jurisdiccional. El ponente de la misma es el juez finlandés Heikki Kanninen, presidente de la Sala Cuarta que ha resulto junto al eslovaco Juraj Schwarcz y el español Leopoldo Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín.
En su fallo el Tribunal apunta a una "falta de motivación", concretamente a que Bruselas no valora correctamente las garantías, en particular el contraaval ofrecido por Aligestión SL al que atribuye la vigencia de temporal, algo que no comparte Luxemburgo y de ahí el sentido de la resolución.
"La contragarantía ofrecida por Aligestión"
"Falta de motivación"
En el recurso, suscrito por los abogados Stefan Rating y Yolanda Martínez y que fue presentado el 7 de noviembre de 2016, el Hércules discutía que el aval se pueda considerar una ayuda de Estado prohibida (entre otros cuestiones ponía el acento en una incorrecta valoración de las garantías) y por ello reclamaba la nulidad para la Decisión de Recuperación, además de la imposición de costas a la Comisión Europea. Subsidiariamente, el club ponía el acento en que el cálculo que hacía Bruselas era erróneo por lo que, en todo caso, la cantidad que estaría obligado a abonar sería sensiblemente inferior. La vista de este procedimiento se celebró el pasado mes de septiembre.