SANTA POLA. El caso de los uniformes de la Policía Local de Santa Pola, que saltó en 2017 y por el que están procesado más de 11 personas, entre empresarios, agentes del cuerpo y ex concejales, está más cerca de tener una fecha para la celebración del juicio oral. La sección séptima de la Audiencia Provincial de Alicante, con sede en Elche, ha desestimado el último intento de unos los imputados, Roque Miguel Alemañ, que recurrió la decisión del juzgado número cuatro de Elche de no admitir su querella, en la que ponía en duda las pruebas que sustentan el caso y arremetía contra 11 ediles de la anterior corporación.
Hay que recordar que el caso de los uniformes afecta a las contrataciones que se hicieron a las empresas Uniformes Riera, de Redován y otra Gil de los Ríos, de València y hay 11 procesados, acusados de contratar supuestamente los uniformes tanto de la Policía Local como de Protección Civil de manera fraudulenta, sin mediar concurso público, y con importantes desajustes entre el material contratado y el posteriormente servido a los operarios del ayuntamiento. Y por ello, tanto la acusación particular, ejercida por el ayuntamiento, como la Fiscalía les acusan de supuesta prevaricación administrativa, estafa y falsedad documental y piden entre dos y tres años de cárcel y penas más altas de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Entre los acusados están el intendente de la Policía Local, José Miguel Zaragoza; el oficial Roque Miguel Alemañ; el agente Alfonso Aracil y a los ex concejales Antonio Pérez Huerta y Andrés García Baile. Los otros acusados son los responsables de las empresas Uniformes Riera, Gil de los Ríos e Isignia.
Como ya publicara Alicante Plaza, después de toda la instrucción, Alemañ presentó una querella en la que ponía en duda las pruebas del caso uniformes. En esa denuncia, acusaba a los 11 ediles del anterior de equipo de gobierno de un supuesto delito de revelación de secretos, secreto de las comunicaciones y vulneración del derecho a la intimidad; presunto delito de falso testimonio; obstrucción a la justicia y prevaricación administrativa. A su juicio, el inicio del caso uniformes se produjo con la obtención de una serie de documentación por parte de los acusados que fue de manera ilícita; que un agente colaboró en dar apariencia en el hallazgo de un email y que ese mismo agente posteriormente fue recompensado con un puesto de trabajo con mejores condiciones.
El juzgado de Elche, el mismo que ha instruido las dos causas de los uniformes, decidió no admitir la querella de Alemañ. Y éste recurrió a la Audiencia. Ahora, en un fallo de este mes de enero, la instancia superior considera que "nos encontramos con una resolución -la del juzgado número cinco- plenamente motivada en la que la Juez a quo, desestimando el recurso de reforma interpuesto por la representación procesal del Sr. Alemaña Bonet, reitera la inexistencia de indicios de crinalidad que justifiquen la admisición de trámite de la querella y la iniciación de la instrucción".
Alemañ puso en duda la obtención de un email, que a su juicio, dio inicio a la investigación. A este efecto, la Audiencia le recuerda que "la sala que enjuicie dicho procedimiento, deberá valorar, si así fuera planteado por la defensa, sobre la licitud o no de la obtención del email al que objeto de la querella no admitida a trámite, cuestión, por otro lado, respecto de la que deberán ser, en su caso, interrogados los testigos contra los que se pretende iniciar ahora un nuevo proceso penal, sobre posible falso testimonio, debiendo de nuevo la sala, tras su declaración en el acto del juicio, valorar, junto con el resto del cuadro probatario, la credibilidad del testimonio que estos testigos presten, pero sin que, dado los hechos recogidos en la querella y los documentos adjuntados, justifiquen la iniciación de un proceso penal paralelo". Es decir, que las dudas o supuestas anomalías en la obtención de las pruebas se deberán plantear en el juicio de la causa, y no con un procedimiento paralelo.
Alemañ también había acusado a los 11 ediles de supuesta prevaricación, a lo que la Audiencia ratifica la decisión de la juez instructora y sostiene que "los hechos recogidos en la querella, como bien se recoge tanto en el Auto de no admisión a trámite de la querella como en el recurso de reforma, no revisten caracteres delictivos".
Y con estos argumentos, la Audiencia ratifica el fallo del juzgado número cinco y deja las dos causas de los uniformes a la espera de fecha para la celebración de la vista oral.
