La juez del 'caso uniformes' de Santa Pola deja a la ex cúpula de la Policía al borde de otro juicio 

SANTA POLA. La otra causa de los uniformes de la Policía Local de Santa Pola va camino de acabar como la primera, en la apertura del juicio oral. El juzgado número dos de Elche ha desestimado la pretensión de la antigua cúpula de la Policía Local, formada por José Miguel Zaragoza, Roque Miguel Alemañ Bonet, Alfonso Aracil y Pascual Linares Amorós, de volver a archivar la causa referida al grupo de empresas uniformes de la familia Riera. El juzgado, en un auto fechado el 7 de junio, sostiene que existen indicios suficientes para continuar con el curso judicial de una causa en las que los imputados están acusados de supuesta prevaricación administrativa, estafa y falsedad documental. La otra causa, referida a otra empresa de suministros de uniformes, Gil de los Ríos, ya hay auto de apertura de juicio oral y petición de penas por parte del ayuntamiento, que ejerce la acusación particular.  

En el caso de las empresas del grupo Riera, hay que recordar que los imputados -que están en las dos causas- están acusados de contratar los uniformes tanto de la Policía Local como de Protección Civil de manera fraudulenta, sin mediar concurso público, y con importantes desajustes entre el material contratado y el posteriormente servido a los operaciones del ayuntamiento. 

La alarma saltó en el consistorio en diciembre de 2016, cuando se comprobó que el material remitido por la empresa a la Policía Local de Santa Pola no coincidía con lo contratado: es decir, había material diferente y más cantidad. Y, además, en muchos de los pedidos, que se tramitaban con contratos menores; es decir, con la invitación de tres empresas, los accionistas de éstas coincidían: es decir, que la empresa agraciada, Almacenes Riera, que opera en multitud de ayuntamientos, se presentaba con varios nombres, como Manufacturas Redován SL; Unidepol SL y Polmuniform SL. 

La finalización de la instrucción de la causa referida al grupo de empresas Riera, de Redován, se decretó el pasado 21 de febrero de 2019. Los cuatro acusados presentaron recurso contra el auto contra esa decisión judicial. Las defensas de Roque Alemañ Bonet, Alfonso Aracil Más y Pascual Linares Amorós argumentaron ausencia de motivación de la resolución; defendieron la entrega de material sin necesidad de albaranes y  que todo caso, sólo quedaría justificar la existencia o no de fraccionamiento del contrato y la voluntad de favorecer  a una empresa o grupo de empresas basándose en las declaraciones de los peritos (interventora del Ayuntamiento y jefe del departamento de contratación), que, a su juicio, "desvirtúan el contenido de la acusación". Por su parte, Pascual Linares alegó que sólo intervino en un contrato de Protección Civil, con un importe no superior a 3.000 euros, en el que, según su defensa, "difícilmente habrá podido fraccionar". Y por último, ponen de manifiesto que "nunca ha habido autorización judicial para el acceso y análisis de email chiplevante@gmail.com". Hay que recordar ChipLevante es una empresa cronometradora de eventos deportivos, ligada a Roque Alemañ, y a través de la investigación de la Udef, se detectaron muchas conversaciones sobre supuestas irregularidades en las contrataciones y el suministro del material.

La juez instructora rechaza la pretensión de todos ellos y defiende que "de las diligencias de investigación y  documentación presentada se desprende la existencia de indicios suficientes respecto de los delitos que se pretenden perseguir". Concluye la juez que el responsable del contrato por parte del Ayuntamiento de Santa Pola de la compra de vestuario era el Intendente Principal Jefe de la Policía Local José Miguel Zaragoza -hermano del entonces alcalde, Miguel Zaragoza-, siendo la persona que mantenía los contratos con las empresas Roque Miguel Alemañ, quien ejercía funciones de administración, siendo que Alfonso Aracil y Pascual Linares, dentro del ejercicio de funciones públicas, tenían obligación de participar en las adjudicaciones investigadas, correspondiendo a todos ellos velar por el cumplimiento de la legalidad vigente en el servicio de suministro de uniformes, sin que instaran en ningún momento de los servicios de contratación del Ayuntamiento que se iniciara el correspondiente expediente de contratación, garantizando la publicidad y concurrencia de postores, actuando en connivencia con empresas como Uniformes Riera, Manufacturas Redovan, Poluniform…. controladas todas ellas por la familia Riera".

Asimismo, considera la juez titular del juzgado número dos de Elche que "corresponde a las acusaciones concretar las imputaciones concretas, sin que las valoraciones llevadas a cabo por la defensa de las declaraciones en sede judicial del Jefe del Servicio de Contratación y de la Interventora del Ayuntamiento sean determinantes para excluir la responsabilidad de sus defendidos".

Y por último, respecto de la nulidad pretendida al afirmar que no existe autorización judicial para acceder a los correos, la juez advierte que "el momento procesal para plantear una posible nulidad es el inicio del Juicio oral a través de cuestiones previas, sin que sea posible plantear nulidad alguna en este momento". Y añade que "todo ello sin perjuicio de afirmar que difícil nulidad se puede plantear respecto de quien presta su consentimiento para acceder a su cuenta de correo en presencia de su Letrado y después de somete voluntariamente al interrogatorio sobre el contenido de los correos". Es decir, que la propia juez desacredita el argumento aportado por las defensas Roque Alemañ Bonet, Alfonso Aracil Más y Pascual Linares Amorós, quienes denuncian falta de autorización para acceder al cuenta de chiplevante@gmail.com.