Foto PEPE OLIVARES ELCHE. Tercera sesión del juicio oral que se sigue en la Ciudad de la Justicia de elche por el denominado caso de la Clínica de Gran Alacant de Santa Pola, y por el que se juzga al ex alcalde del municipio, el popular Miguel Zaragoza, su hermana, Pilar Zaragoza, y el cuñado entonces del primero y exconcejal, Jorge Perelló. La exconcejala y exdiputada Loreto Cascales, junto a Manuel Rodríguez Bernal y Fernando Gómez Soler; el ex concejal de Deportes Francisco Martín y Antonio Jesús Martínez, completan la lista de acusados. Éstos dos últimos, militantes del PP, habían sido contratados en la clínica.
Los ex concejales está acusados de enchufar a militantes en la clínica y a la hermana del ex alcalde y, además, no cobrar el canon que el centro médico debía satisfacer al consistorio en concepto de alquiler por el uso de instalaciones municipales. En el caso de Pilar Zaragoza se da la circunstancia que cobró el sueldo sin acudir a su puesto de trabajo.
Este miércoles ha sido el turno de la declaración del ex concejal de Hacienda, Ignacio Soler, la persona que denunció los hecho ante la Unidad Central de Delincuencia Especializada de la Policía Nacional, que posteriormente trasladó las investigaciones a los juzgados. El juzgado número dos de Elche ha sido el encargado de llevar a cabo la instrucción, que se inició en junio de 2017, y que ha desembocado en la vista oral que se celebra estos días al apreciar el instructor posibles conductas tipificadas como prevaricación, cohecho y negociaciones prohibidas.
Soler ha declarado por espacio de dos horas. El ex regidor ha ampliado los argumentos que ya dejó entrever la ex alcaldesa Yolanda Seva en la jornada anterior. Y es que tras acceder al gobierno municipal de Santa Pola, en 2015, además de tener que sustituir al personal municipal que estaba prestando su servicio en la clínica, el Gobierno local comprobó que la clínica no estaba satisfaciendo el canon, de 10.900 euro al año. Y Soler ha recordado que en el contrato suscrito entre los gestores de la clínica y el Ayuntamiento de Santa Pola, con Miguel Zaragoza al frente, especificaba en sus cláusulas que el canon se debía pagar en un plazo de 30 díasm algo que no ocurrió. "Como concejal de Hacienda debía intentar que ese dinero se ingresase para contar con ese dinero a la hora de confeccionar los presupuestos", ha explicado.
Las defensas le ha achacado a Soler que si denunció el caso por una posible animadversión hacia Miguel Zaragoza, pero el ex regidor ha respondido de haber tenido animadversión, lo hubiera denunciado directamente al propio Zaragoza. Pero -ha insistido- que optó por llevar el caso ante la Udef para que investigara todo el procedimiento y los impagos por parte de la clínica, además del posible enchufismo con la incorporación de familiares y militantes del PP en el centro médico como trabajadores.
Las defensa también han advertido a Soler de la existencia de las sentencias que liberaban a la Clínica de Gran Alacant de pagar parte de la deuda. Hay que recordar que el Ayuntamiento de Santa Pola, gobernado por el PSPV, Compromís, EU, Podemos y los dos ex regidores de Cs, llevó el caso a la vía contenciosa administrativa en 2015. Y es verdad que el juzgado estimó el recurso de la clínica em 2018 y situó la deuda en 13.000 euros frente a los 109.000 que reclamaba el consistorio. Pero Soler ha insistido en que también había que reclamar los 13.000 euros pendientes y que la vía contenciosa-administrativa había dejado claro que el anterior equipo de gobierno, el de Miguel Zaragoza, "no había puesto ninguna pega ni ha sancionado a la concesionaria por incumplir lo pactado respecto al pago del canon y la compensación por la prestación del servicio médico de las bajas laborales de los funcionarios del ayuntamiento". Además, ha recordado Soler, parte de la deuda principio prescribió, no se reclamó en plazo, por "lo que tampoco se pudo reclamar".
