Loreto Cascales. Foto PEPE OLIVARESSANTA POLA. La diputada nacional y presidenta del PP de Santa Pola, Loreto Cascales, busca salir indemne del caso judicial Clínica Gran Alacant, pese a que, en la etapa del gobierno de Miguel Zaragoza, fue la delegada en esa dependencia municipal, y que el alquiler de una clínica privada ha acabado en una causa judicial en la que están investigados el ex alcalde, su hermana, Pilar Zaragoza, y la pareja de ésta, el ex concejal Jorge Perelló por supuesta prevaricación, malversación y cohecho. Están acusados de alquilar una dependencia municipal en Gran Alacant a una clínica a cambio de contratar a familiares y cargos o candidatos del PP local.
En esa causa que instruye el juzgado número dos de Elche, Cascales figura en la investigación, pero sobre ella no pesa, de momento, ninguna acusación. La juez ya ha finalizado la instrucción y ha solicitado al fiscal que se pronuncie sobre si debe ser acusada, como el resto de investigados, en caso de apertura de juicio oral. Hay que recordar que Cascales, en su condición de diputada nacional, está aforada y, por lo tanto, debería ser juzgada por el Tribunal Supremo.
Y en su intento de salir del caso judicial, Cascales pidió, el pasado mes de octubre, al secretario de la corporación que hiciera un informe en la que la eximiera de toda responsabilidad penal. La dirigente del PP reclamó al alto funcionario local que se confirmase si había intervenido en el expediente de concesión de la Clínica de Gran Alacant en la elaboración de pliegos, en la mesa de contratación o en su modificación. También solicitaba confirmación sobre si había ostentado competencias en materia de contratación, personal, patrimonio, servicios sociales o sanidad.
Pero de momento, tres meses después de la petición, el funcionario no se ha pronunciando y el caso está a expensas de que el fiscal solicite o no su imputación. Hay que recordar que mientras durante un tiempo en el que el contrato estuvo vigente, Cascales fue la concejala delegada de Gran Alacant.
A lo largo de los 10 años que duró el alquiler, la concesionaria de la Clínica de Gran Alacant no abonó canon alguno. Años después, un juzgado ha fallado que el ayuntamiento sólo puede reclamar el pago de 13.000 euros frente a los 109.000 que quedó de deuda pendiente.
