Loreto Cascales, en una comisión del Congreso de los Diputados. Foto APSANTA POLA. La diputada en el Congreso de los Diputados y presidenta del PP de Santa Pola, Loreto Cascales, seguirá manteniendo la condición de investigada en la causa judicial del caso Clínica Gran Alacant, que intenta averiguar si hubo irregularidades en el alquiler de una dependencia municipal a la empresa, pues no pagó el canon en 10 años, y en la contratación anómala de candidatos y familiares del PP local. La juez que instruye la causa, Gema Somavilla, titular del juzgado número dos de Elche, ha desestimado el recurso de la parlamentaria ante el auto judicial que daba por concluida la instrucción, mantenía a Cascales como imputada y remitía la causa al Tribunal Supremo por tener la condición de aforada.
En su recurso, la dirigente del PP denunció que el auto vulneraba su derecho de defensa y considera que desde las diligencias previas debió remitirse la causa al tribunal competente; es decir, al Supremo. Pero la juez desestima dicha argumentación y alega que la remisión del caso al Supremo sólo se hubiera hechos desde el principio si ella -Loreto Cascales- hubiera sido la única investigada. Pero no es el caso. En la causa de la Clínica Gran Alacant también están siendo investigados el ex alcalde de Santa Pola, Miguel Zaragoza; su hermana, Pilar Zaragoza; su marido y ex concejal, Jorge Perelló; los ex propietarios de la clínica -que fueron los que suscribieron el contrato de alquiler con el consistorio- y los candidatos del PP que fueron empleados en el centro sanitario.
Miguel Zaragoza admite que su dimisión no fue aceptada y defiende la labor de la Clínica de Gran Alacant
La juez insiste que tras comprobar que eran varios los investigados y una vez practicadas todas las diligencias, es cuando procede remitir la causa al Tribunal Supremo "no sólo a fin de que asuma la causa, respecto a la aforada, sino a fin de que manifieste, si en caso afirmativo, asume la totalidad del procedimiento al estimar que los hechos investigados gozan de conexidad y, por tanto, procede la instrucción y el enjuiciamiento conjunto de todos los presuntos responsables penales". Reitera la juez que "se estimó necesario concluir la instrucción al resto de investigados antes de remitirla al Supremo". Y asegura que "los derechos de Cascales no se han conculcado", sino más bien que "han sido garantizados con la participación de la defensa de la recurrente en todas las diligencias y declaraciones practicadas".
Además de Loreto Cascales, también presentaron recurso contra la decisión de la juez de elevar la causa al Supremo otros investigados, como Fernando Gómez Soler y Manuel Rodríguez Bernal (ex propietarios de la Clínica Gran Alacant) y el ex alcalde de Santa Pola, Miguel Zaragoza. Todos ellos pidieron el sobreseímiento (archivo) de la causa. La juez recuerda que en un auto del 5 de noviembre de 2018 afirmó que mientras no esté concluida la instrucción, no procede hacer en este momento procesa ninguno de los precedimientos contenidos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal"; es decir, que se denegó el archivo provisional porque la instrucción no estaba concluida y, por tanto, "resultaba necesaria la práctica de otras diligencias", concluye la instructora.
