El hotel Vila de Muro, gestionado por el grupo Vilaplana Pérez Hermanos.ALICANTE. La subasta del centro comercial Panoramis, convocada con motivo del proceso de liquidación de su sociedad gestora (Marina de Poniente, constituida en origen por Ortiz e Hijos, Subús y Borjaber), se enreda, si cabe, todavía más por una disputa relacionada con uno de los requisitos establecidos en la convocatoria. Se trata del depósito de un aval de cerca de 1,5 millones con el que todos los licitadores deben garantizar que podrán asumir la deuda contraída por Marina de Poniente con la Autoridad Portuaria en concepto de tasas.
El último episodio de ese enredo lleva la firma del grupo hotelero de Muro de Alcoy, Vilaplana Pérez Hermanos, uno de los inversores que ha mostrado interés por adquirir el complejo junto a Medimotors Gestión, la sociedad que encabeza el empresario y presidente del Hércules, Juan Carlos Ramírez, tras la retirada del grupo británico Eurofund Asset Managment. Según pudo constatar Alicante Plaza, los representantes legales de Vilaplana Pérez registraron este martes un escrito ante el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Alicante (que supervisa la liquidación de Marina de Poniente) en el que solicita su intervención para que la Autoridad Portuaria responda a una solicitud de información relacionada con el depósito de la citada garantía.
En concreto, como publicó este diario, el grupo hotelero de Muro requirió al Puerto para que le concediese las mismas facilidades que, según sostiene, se le concedieron a Eurofund para presentar ese aval, cuando se le expidió el certificado acreditativo correspondiente que se necesitaba para que el juzgado admitiese su oferta. En ese escrito, Vilaplana Pérez pedía que, como mínimo, se le informase "de las condiciones exigidas a Eurofund" para la obtención de dicho certificado. El documento de consulta se presentó en el Puerto el pasado 24 de septiembre y, según detalla el grupo hotelero en su escrito ante el juez, no habría obtenido ningún tipo de respuesta una semana después.
Sin esa contestación, el grupo hotelero considera que la Autoridad Portuaria les estaría "privando" de "la posibilidad de cumplimentar el requisito de obtención de documento suficiente [...] para concurrir en igualdad de condiciones a la licitación de la que el presente [escrito] trae causa, produciéndose un importante agravio comparativo en relación con aquel expedido a Eurofund Asset Management, que le permitió a éste presentar la oferta que, posteriormente, retiró". ¿En qué consiste esa diferencia de trato a la que alude Vilaplana Pérez? El grupo hotelero sostiene que a Eurofund se le expidió el certificado sin que llegase a presentar el discutido aval bancario, sino que se dio por válido su compromiso de aportarlo cuando se resolviese la subasta. Con ese supuesta diferencia de trato, según Vilaplana Pérez, cualquier interesado en el proceso se evita el pago de intereses por la suscripción del aval durante el tiempo en el que se demore la adjudicación de Panoramis. De ahí que se insista en reclamar una igualdad de trato que, a su juicio, no se estaría procurando.
Fuentes de la Autoridad Portuaria señalan que el depósito del aval es un requisito de la convocatoria y que Medimotors ya lo ha cumplido, por lo que Vilaplana Pérez también debe hacerlo
Las fuentes de la Autoridad Portuaria consultadas no llegaron a precisar en qué condiciones se pudo haber concedido ese certificado a Eurofund (si es que se le otorgó), pero sí señalaron que el depósito del aval es un requisito fijado en las bases de la subasta. Es más, señalaron que Medimotors sí lo ha cumplimentado sin mayor discusión. "Es una condición para participar en la puja que otros sí han cumplido, si Vilaplana Pérez quiere concurrir, también deberá hacerlo, no hay más", insistieron. "Todo lo demás es alargar el proceso sin sentido", incidieron.
Lo cierto es que el proceso, que teóricamente debía de haber quedado resuelto a finales de 2016, no permanecerá abierto sine die. Según las fuentes consultadas, la disputa sobre el registro del aval se habría producido, precisamente, después de que, el pasado 29 de septiembre, el juzgado concediese un plazo de prórroga para que los aspirantes completasen su oferta con todos los requisitos formales exigidos. Eso sí, nadie ha precisado hasta ahora la duración de esa prórroga.
