ELCHE. Ahora que el Mercado Central ha vuelto a la primera línea de actualidad tras iniciar el bipartito el proceso administrativo para la rescisión, el asunto ya se ha judicializado en cierta forma antes de hora por cuestiones de transparencia. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº1 de Elche ha dado la razón a Pablo Ruz ya que se vulneraron sus derechos como cargo público al no entregarle el gobierno el informe de Cuatrecasas. El cual consiguió, por otra parte, vía demanda interpuesta también en el juzgado en mayo. Y a pesar de todo, más de un año y medio después, el contrato menor por el que se encargó al bufete el informe aún no figura entre los que se realizaron aquel año.
Aunque es una mera formalidad, la realidad es que en marzo de 2019 fue cuando se conoció, de rebote, que se había encargado un informe al conocido bufete para asesorar al entonces tripartito en cómo debería formularse la rescisión. Se encargó el 1 de marzo y lo destapó la ya extinta formación Ilicitanos por Elche porque era un punto que estaba fuera del orden del día. El procedimiento para contratar a este despacho fue de un contrato menor, por valor de 13.500 euros más IVA.
Desde entonces, ha pasado un año y siete meses y el contrato sigue sin publicarse en la relación de contratos menores que el Ayuntamiento va colgando periódicamente. En este caso, no figura en ninguno de los que se hicieron durante todo 2019, y tampoco en el del primer trimestre de 2020, que es el último que se ha publicado hasta la fecha. Precisamente cuando el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº1 de Elche falló favorablemente a la demanda interpuesta por el PP para hacer público el informe jurídico, también pidió la "certificación y copia del expediente administrativo incoado para la celebración de contrato menor". Sea como fuere, ese contrato menor, del que se supo su existencia de rebote y no por la Junta de Gobierno, no figura en los contratos menores encargados el año pasado.
