El Consorcio Vega Baja recurrirá la sentencia que 'devuelve' el vertedero a la UTE de Ortiz

ALICANTE. El Consorcio Vega Baja Sostenible, a través del gabinete jurídico de la Diputación Provincial de Alicante, recurrirá la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) sobre el Plan Zonal de Residuos de la comarca. Así lo ha anunciado este jueves el presidente del ente consorciado, Manuel Pineda, quien ha asegurado que "esta decisión no afecta a la hoja de ruta que trazamos para seguir con el proyecto de la planta de transferencia de Dolores con Vaersa como medio propio de la administración local".

Como adelantó en exclusiva Alicante Plaza el pasado 12 de abril, el Alto Tribunal valenciano ha dado la razón a la UTE adjudicataria en un primer momento del plan zonal, formada por el controvertido empresario alicantino Enrique Ortiz y la empresa Cespa, y le devuelve la condición de adjudicataria después de que el Consorcio rescindiera el contrato por incumplimiento (al no iniciar las obras en el plazo previsto) en 2015, con la expresidenta de la Diputación Luisa Pastor aún al frente del organismo. El TSJ considera que no se puede atribuir el incumplimiento a las empresas, ya que los ayuntamientos de Albatera y Cox modificaron sus planes urbanísticos para impedir la instalación de vertederos en sus términos municipales, como estaba previsto.

Así las cosas, Pineda ha explicado, como ya hiciera en declaraciones a este periódico tras desvelar la sentencia, que de haber sacado a concurso un proyecto de gestión completo "nos hubiéramos encontrado en este momento con una empresa adjudicataria más la empresa que el TSJ ha dicho que es la que tiene que tener el contrato", ha afirmado, y ha añadido que "hubiésemos sometido a la Vega Baja a una ruina económica sin precedentes".

La rescisión del contrato a Cespa-Ortiz se realizó en 2015, siendo presidenta del Consorcio la popular Luisa Pastor. "Desde que cogí la presidencia junto al equipo de la comisión de gobierno, y con la dirección general de Cambio Climático y la Generalitat Valenciana, hemos seguido una línea acertada visto lo que ha sucedido", ha asegurado Pineda, quien ha reiterado que "vamos a recurrir al Tribunal Supremo este dictamen". Además, hay que tener en cuenta que la aprobación del nuevo Plan Integral de Residuos (PIR) no admite macroplantas ni macrovertederos en la Vega Baja. El proyecto que se hizo fue en base a un Plan Integral del 2013 y, tras su modificación posterior, "ya no se admiten plantas de este tipo y lo que sí contempla son dos o más plantas de transferencia y también de tratamiento", ha afirmado Pineda.

Pineda ha explicado que la sentencia no afecta a la hoja de ruta marcada por el Consorcio Vega Baja Sostenible en cuanto a la construcción de la planta de transferencia proyectada en Dolores, cuyo desarrollo sigue en marcha. Así, ha asegurado que en cuanto se haga la encomienda de gestión se iniciarán las obras.

Por otro lado, tras la aprobación del presupuesto del Consorcio para 2019, la Generalitat tiene que dar el visto bueno al convenio de 800.000 euros. Pineda ha recordado que durante estos cuatro años "se ha cerrado una etapa difícil, con el sellado del vertedero de La Murada con una inversión de 2 millones de euros y, por primera vez, se ha mejorado la recogida selectiva en origen de la comarca a través de campañas y más contenedores de envases y vidrio", entre otras muchas cosas.

Pineda ha adelantado que "convocaremos al Consorcio para la aprobación de las obras de la planta de Dolores, dado que la Generalitat mantiene que esta instalación es necesaria y estratégica en la comarca, en cualquier escenario de gestión y jurídico que pudiera plantearse". El presidente ha resaltado que "hemos actuado de manera coherente, no hemos hipotecado el futuro de la Vega Baja ni arruinado la comarca como hubiese pasado de haber licitado un proyecto global".