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pineda: "si hubiéramos licitado sin esperar el fallo, nos habría costado 6 millones"

El TSJ deja en el aire el basurero de la Vega Baja; el consorcio confía en una condena en Brugal

13/04/2019 - 

ALICANTE. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que da la razón a la UTE Cespa-Ortiz e Hijos y le devuelve la condición de adjudicataria del Plan Zonal de residuos de la Vega Baja, adelantada en exclusiva este viernes por Alicante Plaza, ha caído como un jarro de agua fría en el consorcio de la Vega Baja, que ahora preside el socialista Manuel Pineda. El consorcio se había resistido a volver a licitar el plan, después de que en la etapa de Luisa Pastor como presidenta se decidiese rescindir el contrato por incumplimiento (la UTE no inició las obras), por la incertidumbre sobre el sentido del fallo. El mazazo del TSJ parece avalar esa estrategia.

El Alto Tribunal, al contrario que la Audiencia Provincial, que inicialmente dio la razón al consorcio, entiende que no se puede hablar de incumplimiento por parte de la UTE. La clave está en que tanto Albatera como Cox, los dos emplazamientos propuestos para albergar el vertedero comarcal, modificaron sus planeamientos urbanísticos para vetar ese tipo de actividad, lo que imposibilitó que la UTE de Ortiz iniciase las obras. Aún cabe recurso en casación ante el Supremo, tal como se indica en la sentencia, pero de momento el fallo añade más incertidumbre si cabe al futuro del plan zonal. Sobre todo, porque el consorcio ya tiene muy adelantada la tramitación de la planta de transferencia de Dolores y la red de ecoparques, que forman parte del paquete.


El presidente del consorcio, Manuel Pineda, lamentó este viernes el sentido del fallo, que "aún no ha sido notificado al consorcio", y adelantó que una vez lo reciban reunirá a los servicios jurídicos para estudiar cómo proceder. "Se puede recurrir en casación, pero además tenemos que sentarnos a ver qué hacemos con todo el trabajo adelantado: Vaersa ya es un medio propio, tiene la encomienda de la planta de transferencia, el ecoparque..." El alcalde socialista de Rafal consideró que el fallo contrario a los intereses del consorcio "nos da la razón en la prudencia con la que hemos actuado: si hubiésemos licitado, como nos pedían, ahora tendríamos dos empresas adjudicatarias y nos tocaría pagar el lucro cesante, que podría llegar a 6 millones de euros". 

Enrique Ortiz, en una imagen reciente. Foto: RAFA MOLINA

El actual presidente del consorcio defendió la actuación del PSOE en este asunto y aseguró que "nunca quisimos que se adjudicase a la UTE porque estaba en situación prejudicial", por el Caso Brugal (que investiga precisamente el presunto amaño de la adjudicación en cuestión para beneficiar a Enrique Ortiz y Ángel Fenoll). "A Luisa Pastor le pedimos en 2013 que separase el punto en dos, porque incluía la adjudicación y otra actuación, y al final tuvimos que votarlas juntas pero hicimos constar nuestro desacuerdo", alegó. "Ahora, después de saber que Ortiz ha financiado al PPCV, entendemos por qué lo hizo: el PP ha embarrado toda la Comunitat Valenciana hasta la Vega Baja".

Una sentencia penal como asidero

Si el PSOE se opuso a la adjudicación aunque votase a favor, no se puede decir lo mismo de la rescisión del contrato, que se hizo aún con Luisa Pastor como presidenta, en enero de 2015, pero con el apoyo de los socialistas. "Apoyamos la rescisión porque no queríamos que Ortiz hiciese las obras, porque en ese entonces ya se sabía todo lo que había detrás", se defiende Pineda. "Aunque ahora el TSJ haya fallado a favor de la UTE, esperamos que se produzca una sentencia penal en el Caso Brugal que nos libere de cumplir con la administrativa".

Desde el PP, por su parte, remitieron un comunicado después de que Alicante Plaza desvelase en exclusiva el contenido del fallo, en el que recuerdan que "fue el propio PP el que promovió a través de diferentes instituciones, tanto en la Diputación como en la Generalitat, la rescisión del contrato por incumplimiento del contratista". Asimismo, los populares esgrimen que "la resolución del contrato fue apoyada con cinco informes jurídicos tanto de la Abogacía de la Generalitat, de los Servicios Jurídicos de la Diputación así como del dictamen encargado al catedrático Luciano Parejo", y destacan que "fue aprobada por todos los grupos políticos en el Consorcio de Basuras por consenso". En este sentido, los populares instaron ayer al consorcio y a la Generalitat a "presentar un recurso de casación a esta resolución judicial".

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