El Consell quiere una rebaja de costes en el contrato de la Volvo por el cambio de calendario

ALICANTE. Sí, pero con matices nada desdeñables para tratar de cerrar un pacto que sigue sin cuadrarse. El Consell, a través de la Conselleria de Economía y de la Sociedad Proyectos Temáticos (SPTCV), continúa dispuesto a que Alicante sea puerto de salida de las dos próximas ediciones de la Volvo Ocean Race (VOR), de acuerdo con el contrato suscrito con los gestores de la regata, en mayo de 2016. Ahora bien, pide una rebaja en las condiciones económicas de ese contrato toda vez que ha sido la organización de la VOR quien, de manera unilateral, ha introducido un cambio de calado sobre el desarrollo de la competición respecto a lo que se había firmado. 

Como viene informando Alicante Plaza, ese cambio consiste en la modificación del calendario de celebración de esas dos futuras regatas. Una vez transcurrida la próxima edición, que partirá desde el Puerto de Alicante el próximo 22 de octubre, pasará a celebrarse una salida cada dos años, en lugar de cada tres: la cadencia mantenida hasta ahora. En función del acuerdo firmado por la Generalitat, Alicante debía acoger las dos próximas salidas inicialmente establecidas en los años 2020 y 2023. Ahora, con la variación acordada por los propietarios de la competición, las dos próximas ediciones se adelantan a 2019 y 2021, respectivamente.

El objetivo de ese giro en el calendario, según explicó el director general de la prueba, Antonio Bolaños, en una entrevista concedida a Alicante Plaza, es lograr que la prueba tenga continuidad y se mantenga viva de manera permanente, sin que se dé pie a un año en blanco entre el final de una regata y el inicio de la siguiente. Para VOR, ese compás de espera es un lastre para las empresas que quieren formar parte de la competición, que están interesadas en patrocinarla y en usar el evento para hacer negocio y fomentar relaciones comerciales con terceros. 

En esta línea, el propio Bolaños subrayó que el paso a un ciclo de dos años también beneficiaría al Consell en un doble sentido: primero, en la medida en que le debe resultar más fácil encontrar patrocinadores dispuestos a invertir en un evento que no está un año parado, sin actividad que le reporte rédito de imagen, prestigio, etc.; y segundo, porque el impacto publicitario que la propia competición conlleva, promocionando la imagen de Alicante en todo el planeta, también acorta su ciclo de retorno. 

El contrato obliga al Consell a asumir un coste de 25 millones por la prueba inicialmente prevista en 2020 y otros 20 por la de 2023; ahora esos pagos se anticiparían a 2019 y 2021

No obstante, esos argumentos no habrían sido suficientes hasta ahora para convencer al Consell. Tanto Economía como la SPTCV mantienen que se firmó un acuerdo con unas condiciones que ahora se quieren cambiar en perjuicio de la planificación estratégica, económica y presupuestaria de la Generalitat. El contrato obligaba al Consell a asumir un desembolso de 45 millones por las dos etapas de salida del último gran evento de la 'era PP' salvado por el Pacto del Botànic: 25 millones en la próxima edición (a priori, la de 2020 que pasaría a celebrarse en 2019) y 20 en la siguiente (prevista de partida en 2023, pero ahora adelantada a 2021). La diferencia de cinco millones deriva de la necesidad de que la Generalitat adquiera un nuevo barco para la competición, ya que el que se botó para la prueba de 2014 sólo puede competir en un máximo de dos ediciones (la de este año sería la última), de acuerdo con las bases de la regata.

Con la modificación, al margen de tener que proveer fondos propios en un periodo más corto, el Consell se vería obligado a cambiar todo el plan de marketing y de captación de sponsors a tres años con el que venía trabajando para cubrir el máximo porcentaje del coste público en esas dos competiciones. Es más, en ese trabajo se tendrían que modificar, a su vez, los acuerdos cerrados con algunos patrocinadores que -al mismo tiempo- también habrían previsto su participación en la regata en sus propios presupuestos con un reparto a tres años. De ahí deriva fundamentalmente la petición de una rebaja de costes por parte del Consell, con el objetivo de poder resarcir el impacto que se causaría al acortar los plazos.

Hasta la fecha, las conversaciones siguen. VOR sí había avanzado su predisposición a ser flexible con el cumplimiento de las obligaciones económicas del Consell, de modo que, según su director general, se podía mantener los plazos de tres años previstos para que se hiciesen efectivos esos pagos de 25 y 20 millones. Sin embargo, pro el momento no ha trascendido cuál podría ser su posición respecto a la rebaja de costes planteada por el Consell.