El jefe de la Policía Local, José Miguel Zaragoza, a la salida de la Comisaría de Alicante, junto a su abogado. Foto EFE/MorellSANTA POLA. Además del modus operandi administrativo en la relación de la empresa Almacenes Riera y el Ayuntamiento de Santa Pola, la Policía tiene la sospecha de que los cuatro detenidos en la ciudad salinera; es decir, los tres mandos policiales y el ex concejal de Seguridad Ciudadana, podría haberse beneficiado de sus relaciones con el suministrador de los uniformes. De ahí que la Policía haya solicitado al juez la intervención de sus teléfonos móviles y de sus cuentas de correo personales.
Según ha podido saber Alicante Plaza, la investigación arranca desde lejos, en concreto, el asunto de los uniformes es una de las muchas causas judiciales que hay abiertas en Santa Pola a raíz de las manifestaciones de un denunciante cuyo testimonio llevó a la detención, a principios de junio, de la exconcejal de Urbanismo y ex primera teniente de alcalde del municipio Lola Gadea, también del PP, y dos técnicas por el derrumbe del suelo de un aula en el colegio público Hispanidad, de Santa Pola. En el marco de esas pesquisas, un testigo enumeró diversas irregularidades por parte del jefe policial Zaragoza y otros funcionarios locales que han desembocado en la operación policial del miércoles, según las fuentes consultadas.
Y desde entonces, la Udef investiga los movimientos de todos los arrestados en la jornada del miércoles: ha revisado sus cuentas de correo personal en búsqueda de pruebas que pudieran probar el fraude en la entrega de material en el ayuntamiento y la malversación en la posible recepción de contraprestaciones económicas o en forma de dádivas.
