El ex concejal de Seguridad de Santa Pola, Antonio Pérez Huertas, con agentes policía.SANTA POLA. El máximo responsable de Almacenes Riera, José Antonio Riera Marcos, despachaba directamente con casi todos los jefes de policía de la provincia de Alicante: él siempre tenía lo que los agentes pedían. Y la manera de transformarlo administrativamente eran los contratos negociados sin publicidad, que no deben superar los 60.000 euros más IVA (desde 18.000 euros hasta los 60.000). Es decir, se invitaba a tres empresas, que aportaban tres presupuestos, y se optaba por una. Como ha avanzado Alicante Plaza, Almacenes Riera se presentaba con varios nombres, como Manufacturas Redován SL; Unidepol SL y Polmuniform SL. Todas ellas con los Riera Marcos, en el centro de la operación. Cinco miembros de la familia fueron detenidos el miércoles: padre, hijos e esposa de uno de ellos.
Y si el ayuntamiento de turno tenía que vestir, además de la Policía Local, a los agentes de Protección Civil, pues lo mismo: Almacenes Riera tenía la fórmula, que consistía en presentar tres presupuestos, con tres empresas diferentes, pero controladas por él, para que los técnicos decidieran. Y si tenían que hacer dos o más contratos, con diferente concepto, se hacían: a lo mejor, uno para la ropa de invierno y otro para la de verano.
Pero esta vez a Riera lo han pillado con su modus operandi en Santa Pola, que era igual de común en otros ayuntamientos. En el caso de Santa Pola, mandó los presupuestos desde una misma cuenta de correo y cuándo intentaron pedir el presupuesto personalizado de cada una de sus empresas, no pudo hacerlo. Entonces, fue cuando el área de Contratación lo paralizó primero, y los denunció después: en el segundo caso, además, no concordaba el material servido con el contratado. ¿Para quién era? ¿Para los propios agentes? ¿Para terceros? Eso es lo que se investiga en el caso de Santa Pola, de ahí que se hayan pedido los albaranes de entrega de material desde 2012 hasta 2016.
Y otras de la líneas de investigación es si hay conexión entre la cúpula policial y la empresa en cuestión, que es la principal proveedora de uniformes de la provincia de Alicante, a excepción de Alicante y Torrevieja, cuyos uniformes son suministrados por El Corte Inglés, en concurso convocados mediante un pliego de condiciones y a los que optaron muchas más empresas.
Y la otra sospecha que tiene la Policía es si Riera podría haber pagado comisiones o dádivas a los mandos policiales que les hacían los encargos. En el caso de Santa Pola, la sospecha pende, además, sobre el ex concejal de Seguridad Ciudadana, el popular Antonio Pérez Huertas y otros dos oficiales, Roque Alemañ y Pascual Linares, ambos con peso en el cuerpo y con el Club de Atletismo de Santa Pola: el primero, todavía presidente de la entidad, y el segundo, ex presidente. Y se están revisando todos los expedientes de contratación desde 2012.
El jefe de la policia local de Santa Pola,José Miguel Zaragoza, durante la lectura del comunicado que ha realizado en relación a los hechos ocurridos. Foto EFE/MORELL El jefe de la Policía Local de Santa Pola, José Miguel Zaragoza, ha negado este jueves "cualquier tipo de irregularidad" en la compra de los uniformes del cuerpo que motivaron este miércoles su detención, por agentes de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF).
Ha argumentado que su puesta en libertad, que ha sido acordada, demuestra que se carecía de "motivación alguna" y que la detención fue "desproporcionada". "No había prueba o indicio alguno que justificara tan drástica medida", asevera.
"Siempre desde que tomé posesión mi cargo en la Jefatura de la Policía Local he actuado bajo los principios de la honestidad y la transparencia en mi gestión y desempeño de mis funciones", ha continuado.
En una comparecencia pública en la propia sede de la Policía Local en Santa Pola, Zaragoza ha acusado al actual equipo de Gobierno, formado por PSPV, Compromís, Esquerra Unida y Sí Se puede -más dos tránsfugas de Ciudadanos-, de haber presentado la denuncia contra él, y dos agentes más del cuerpo local, y ha tildado de "sorprendente" que, a pesar de ello, se le haya mantenido en esas mismas funciones.
Zaragoza se ha cuestionado que si se detectaron "anomalías" desde diciembre de 2015 "cómo es posible que esas mismas personas tengan funciones de contratación" y no haya habido "ningún tipo de investigación interna" o se le haya "preguntado, llamado o requerido".
El Ayuntamiento de Santa Pola ha anunciado que se personará en la causa abierta por esas presuntas irregularidades. Según ha informado a Europa Press la alcaldesa, Yolanda Seva, el ayuntamiento se personará en el procedimiento cuando se levante el secreto de las actuaciones porque será en ese momento cuando se conozca exactamente los cargos que se imputan al máximo responsable de la Policía Local y, en función de los mismos, se adoptará la medida que se considere más oportuna.
No obstante, Seva no ha descartado que se puede producir una reestructuración "temporal" del organigrama de la Policía Local de modo que el actual inspector del cuerpo de seguridad se convierta en la cabeza visible del mismo. En cualquier caso, esa posible reestructuración no llegará antes de que se levante el secreto de sumario de las actuaciones.
"La Policía Local es un cuerpo jerarquizado y en Santa Pola tenemos un Jefe Intendente principal y un inspector, con lo que si tuviésemos que hacer alguna reestructuración el Inspector podría asumir las competencias que le correspondieran", ha afirmado Yolanda Seva que ha incidido en que la investigación "está abierta y no se adoptará ninguna medida hasta conocer con exactitud que cargos se atribuyen al jefe de la Policía Local de Santa Pola".
