ALICANTE. La Agrupación de Interés Urbanístico (AIU) que agrupa al 85% de los propietarios de suelo del Plan Parcial de Benalúa Sur se libera de otro obstáculo administrativo para poder ejecutar las obras de urbanización de ese sector en el menor plazo posible. La Conselleria de Obras Públicas y Vertebración del Territorio acaba de responder a la consulta que la propia AIU elevó en agosto de 2017 con una resolución que les exime de tener que convocar un concurso público para contratar la ejecución de esos trabajos.
Se trata de una obligación introducida en el artículo 156 de la LOTUP para todos las actuaciones urbanísticas con un presupuesto de ejecución material superior a los 4,8 millones de euros. La conselleria habría certificado ahora que el importe previsto para Benalúa Sur no llega a ese límite, por lo que las obras podrán contratarse de manera directa, sin necesidad de abrir una convocatoria pública de selección que podría prolongarse durante varios meses.
La AIU queda eximida de convocar un concurso para contratar los trabajos de urbanización, ya que su presupuesto no supera los 4,8 millones
De hecho, lo cierto es que, como publicó este diario, la AIU -que asume la condición de agente urbanizador- ya había mantenido contactos con hasta cinco empresas constructoras distintas ante la posibilidad de que pudiese contratar los trabajos de manera directa. Es más, esa contratación sólo podría depender ya de dos últimas fases: que quede aprobada la cuenta de liquidación definitiva sobre el reparto de costes de urbanización, una vez acordada la reparcelación del sector, y que el Ayuntamiento de Alicante conceda la licencia de obra. Fuentes consultadas por este diario apuntaron que ambos trámites podrían completarse tras el verano.
El Plan Parcial de Benalúa Sur es uno de los últimos grandes sectores pendientes de desarrollo en el casco urbano de Alicante. Se prevé la construcción de 595 viviendas en once torres de un máximo de siete alturas en una superficie de 75.000 metros cuadrados. El conjunto del plan se extiende sobre 90.000 metros en los que se da cabida a 800 viviendas. Los trabajos de urbanización que se ejecutarían ahora afectan al 62,39% del ámbito de actuación, que quedó sin desarrollarse después de que el Ayuntamiento retirase la condición de agente urbanizador a Prasa por la demora en las obras. Esa decisión sigue pendiente de la resolución del recurso presentado por la empresa. Como viene informando Alicante Plaza, parte de los propietarios del suelo ha alcanzado un acuerdo con el fondo ASG para la financiación de las obras a cambio de suelo finalista.