La AIU de Benalúa Sur tiene preseleccionadas cinco empresas para empezar las obras tras el verano

ALICANTE. La Agrupación de Interés Urbanístico (AIU) Benalúa Sur cuenta los días para comenzar con las obras de urbanización del sector. Los propietarios del suelo, organizados en la citada AIU y con la condición de agente urbanizador (firmaron el convenio en febrero de 2017), están a la espera de que finalice el trámite de exposición pública de la cuenta de liquidación provisional, y la resolución de las posibles alegaciones que se pudiesen presentar, para contratar los trabajos.

Según ha explicado a Alicante Plaza el gerente de la AIU, Ciro Fernández, los propietarios ya tienen preseleccionadas a cinco empresas constructoras, de las que saldría el adjudicatario de las obras de urbanización de la unidad de ejecución 1 del plan parcial. Como ha venido contando este diario, en esta zona está prevista la construcción de 597 viviendas, una vez que la urbanización del sector convierta el suelo urbanizable en urbano, es decir, en solares edificables.

La AIU ha consultado con varias constructoras, muchas de ellas "de primer nivel", según su gerente, y tras una primera criba se ha quedado con las citadas cinco preseleccionadas. Una vez que la tramitación administrativa de la cuenta de liquidación finalice, se procederá a firmar el contrato con una de ellas para iniciar las obras. Un plazo que Ciro Fernández sitúa en torno al mes de julio, pero que podría alargase hasta septiembre. En cualquier caso, los propietarios consideran que los trabajos de urbanización podrían comenzar a la vuelta del verano de 2018. La urbanización está presupuestada en 4,87 millones de euros, aunque el resto de gastos disparan el coste algo por encima de los 5 millones.

Según explica Fernández, el proceso para adjudicar las obras a una de estas constructoras cuenta con el respaldo de un acuerdo de la asamblea votado por el 84% de los propietarios, que son los que forman parte de la AIU. El resto, no integrado en esta forma jurídica que además es el agente urbanizador, está obligado en cualquier caso a asumir el pago de las cargas urbanísticas que les correspondan en base a la superficie que posean por la urbanización del sector. La cuenta de liquidación inició su exposición al público el pasado diciembre, y hace unos días, el 22 de febrero, el BOE publicó una notificación para siete propietarios a los que no se ha podido localizar, para que formulen alegaciones si así lo estiman.

Acuerdo con ASG Homes

El plan parcial Benalúa Sur es el gran desarrollo urbanístico que queda pendiente en la capital alicantina. Aprobado en 1998, el primer agente urbanizador, la empresa Prasa, dejó los trabajos sin terminar. El último gobierno local del PP revocó la condición de urbanizador a la empresa, y en 2016, ya con el tripartito de izquierdas, se concedió tal condición a la AIU. Los trabajos de urbanización pendientes afectan al 62,39% del plan, que es lo que se quedó sin hacer, y en principio estaba previsto que se desarrollasen en un plazo máximo de 15 meses. 

La LOTUP y el convenio entre la AIU y el Ayuntamiento establecen, como adelantó este periódico, la posibilidad de solapar obras de construcción de viviendas mientras se estén ejecutando las obras de urbanización. Es decir, que ambos trabajos se desarrollen en paralelo. Desde la agrupación de propietarios señalan que varios de ellos ya están preparando los proyectos para iniciar las obras al mismo tiempo que la urbanización, y finalizar en paralelo. La única salvedad es que no se puede dar la Licencia de Primera Ocupación a las viviendas hasta que el Ayuntamiento no recepcione la urbanización.

La AIU ha tenido que adaptarse a las nuevas exigencias del Ayuntamiento, como preservar las chimeneas de las antiguas fábricas. El proyecto contempla casi 600 viviendas en 11 torres de como máximo siete alturas, sobre un área de 75.000 metros cuadrados, con tres zonas verdes de que suman 12.000 metros y otra zona dotacional de 3.000 metros más. Como publicó este diario la pasada semana, el fondo ASG Homes ha alcanzado a su vez un acuerdo con algunos de los propietarios de los terrenos para inyectar financiación en las obras de urbanización, a cambio de suelo finalista de dichos propietarios una vez terminados los trabajos. El acuerdo se cerró a finales del pasado año, en un contexto en el que algunos propietarios buscaban desprenderse de sus parcelas.