Uno de los carteles de recomendación sobre los niveles de ruido instalados en uno de los locales del Centro.ALICANTE. El conflicto del ruido, asociado a la concentración de locales de ocio y hostelería en el centro de Alicante, se adentra en otra fase de resolución incierta ante la administración de Justicia a partir de un doble movimiento que afecta a la sentencia sobre la Zona Acústica Saturada (ZAS) favorable a los vecinos. Tanto el colectivo de residentes del barrio como los propietarios de los establecimientos situados en su entorno han decidido dar un paso adelante en direcciones opuestas respecto a ese fallo, dictado por el Juzgado de lo Contencioso número 4 el pasado noviembre.
La primera de esas decisiones la adoptó la asociación de vecinos. Su representante legal solicitó a finales de enero la ejecución provisional de esa sentencia de primera instancia al considerar que, dos meses después de que se dictase, el Ayuntamiento no ha avanzado en la aplicación de las medidas que contempla una ZAS para reducir la intensidad de las emisiones sonoras. Todo, según los residentes, pese a que la administración local tiene a su alcance la posibilidad de aplicar medidas cautelares, como la suspensión de nuevas licencias o el cierre temporal de locales, para atajar el problema incluso antes de que se lleve a pleno una propuesta formal para acordar la declaración de ZAS.
El Ayuntamiento, gobernado por PP y Cs, ha rechazado esa solicitud con el correspondiente escrito de oposición. En él, se argumenta que ya se están adoptando las primeras medidas restrictivas para paliar el ruido y, además, que la sentencia a la que los vecinos aspiran a dar cumplimiento sin más demoras todavía no es firme. De hecho, fue el propio bipartito quien adoptó la decisión de recurrirla en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) después de que un informe emitido por los servicios jurídicos municipales alertase de la posibilidad de que ese fallo abriese la puerta a la petición de indemnizaciones.
En ese momento, ese recurso se fundamentó en la misma estrategia que ya se utilizó durante la celebración del juicio. Así, los letrados de los servicios jurídicos municipales volvieron a defender que un colectivo como una asociación vecinal carece de legitimidad para reivindicar la supuesta vulneración de derechos fundamentales individuales, ya que, según su tesis, pertenecen a la esfera de cada persona.
El proceso se dirime ahora con seis recursos frente a la sentencia que obliga al Ayuntamiento a implantar restricciones al ruido
Ese recurso sigue pendiente del pronunciamiento del alto tribunal autonómico, a la espera de que la asociación de vecinos del Centro también registre su correspondiente escrito de oposición. Pero, además, la disputa legal acaba de sumar a nuevos actores ante el propio TSJ. Se trata, por un lado, de la Asociación de Locales de Ocio (Alroa) que agrupa a la mayoría de los establecimientos del entorno de la calle Castaños, y de los propietarios de al menos cuatro de esos negocios, que también han dado el paso para oponerse a la ZAS de manera individual.
Sus respectivos representantes legales han presentado escritos de queja con la intención de poder ser parte en el procedimiento. En realidad, es una iniciativa que Alroa ya trató de adoptar en plena celebración del juicio, aunque su petición quedó descartada por el juzgado. Ahora, tras alegar que no había tenido conocimiento previo sobre la demanda de los vecinos para poder personarse en el contencioso en tiempo y forma, el TSJ acaba de admitir su petición y pasan a formar parte del litigio.
¿Qué consecuencias puede tener su incorporación en el proceso? Por el momento, solo una: la llegada de nuevos recursos de apelación frente a la sentencia que obliga a implantar una ZAS, al margen del presentado por el Ayuntamiento. Fuentes consultadas por Alicante Plaza precisaron que tanto Alroa como sus cuatro asociados han presentado o prevén presentar sus respectivos recursos con el fin de que se anule la sentencia favorable a los vecinos.
