Los representantes de la comisión de fiscalización sobre las supuestas anomalías en las oposiciones a Policía Local de Alicante.ALICANTE. La comisión de fiscalización sobre las oposiciones a la Policía Local de Alicante del denominado 'caso enchufes' llega a su fin. Las dos fuerzas aliadas al frente del Ayuntamiento, Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs), han sumado este miércoles el respaldo de Vox para certificar la conclusión que los representantes del bipartito (y hasta el mismo alcalde, Luis Barcala) han venido deslizando desde que se produjo la ronda de comparecencias del pasado 2 de mayo: que no existen supuestas irregularidades que demuestren la concesión de un presunto trato de favor a determinados aspirantes del turno libre, puestas de manifiesto por denunciantes de identidad reservada a través de Radio Alicante.
Dieciséis días después de esa extensa relación de comparecencias, los representantes del bipartito (Mari Carmen de España, por el PP, y Antonio Manresa, por Cs) y de Vox (su portavoz, Mario Ortolá) han considerado que ya no resulta necesario practicar nuevas diligencias ni averiguaciones sobre esas presuntas anomalías en la medida en que, en su opinión, todos los participantes en el proceso de selección que facilitaron explicaciones ante la comisión (los cinco miembros del tribunal y los asesores que colaboraron en el desarrollo de las pruebas) habrían ofrecido un relato unívoco y sin fisuras sobre el correcto desarrollo de la convocatoria.
De España, Manresa y Ortolá han defendido que, con esos testimonios y los informes recopilados (en su mayoría, elaborados por los mismos comparecientes), se habría evidenciado que las oposiciones se produjeron con todo tipo de garantías sobre el anonimato de los aspirantes, y que solo se habrían registrado los recursos e impugnaciones lógicas sobre determinados aspectos de las pruebas, como sucede en todos los procesos de selección, sin que ningún aspirante hubiese advertido de incidencias relacionadas con una supuesta filtración de los exámenes o un hipotético trato de favor.
De este modo, los tres también han coincidido en rechazar que se produzcan nuevas citaciones a funcionarios o representantes políticos con el fin de poder formular nuevas preguntas, como sí han solicitado los tres grupos del eje progresista representados en la corporación: PSOE, Unides Podem EU y Compromís. En concreto, de nuevo, la posibilidad de que se convocase -o que se invitase a comparecer- al alcalde, Luis Barcala, y al edil de Recursos Humanos, José Ramón González, toda vez que ya se habrían ofrecido de forma voluntaria a responder a las preguntas que se les pudiese formular durante la sesión del 2 de mayo.
Sin embargo, la presidenta de la comisión y portavoz del PP, Mari Carmen de España, ha sostenido que los grupos de la oposición habían "perdido esa oportunidad" al negarse a votar la aceptación de esa comparecencia voluntaria con lo que la nueva solicitud no se ha llegado a tomar en consideración. Es más, De España tampoco ha asumido la petición formulada por la representante socialista, Llanos Cano (a la que se han adherido Unides Podem EU y Compromís), sobre la emisión de otro informe a cargo de la Asesoría Jurídica Municipal en el que se dilucidase sí correspondía aplicar el Reglamento Orgánico del Pleno (ROP) para que sí se amparase la comparecencia de Barcala y González, al no existir una regulación municipal específica sobre el funcionamiento de una comisión de investigación.
Conesa y los otros tres comparecientes convocados a la sesión deciden no acudir a la llamada de la comisión y no se contempla ya la posible asistencia de Barcala y González
Según Cano, se trataría de contar con un informe de contraste que aclarase las consideraciones del informe del secretario municipal (que lo es también de la comisión de fiscalización) por el que se consideraba que no procedía la comparecencia de políticos ante la comisión al no existir un marco normativo en el ámbito local que lo permitiese, a pesar de que en otras comisiones no permanentes previas, celebradas a lo largo de este mandato y en el precedente, sí que se había accedido a que se convocase a concejales e incluso a alcaldes (el caso de Echávarri, quien sí respondió ante la comisión constituida sobre el caso Comercio).
Lo cierto es que, por no considerarse, tampoco se ha considerado la solicitud planteada igualmente por Cano para que se aclarase a qué tipo de responsabilidad personal quedaban expuestos los concejales en el caso de que se hubiese votado la aceptación de la comparecencia voluntaria de Barcala y González o su llamamiento por decisión expresa de la mayoría de la comisión, como se apuntó en la sesión precedente sin aportar mayores detalles. De ahí, según ha explicado Cano (y también los portavoces de Unides Podem EU, Xavier López, y de Compromís, Natxo Bellido), que no se asumiese la posibilidad de esa votación en la sesión precedente, además de que, entonces, no se había tenido la oportunidad de preparar las preguntas a formular, puesto que no se había informado con carácter previo sobre el ofrecimiento del primer edil y del concejal de Recursos Humanos.
Igualmente, el bipartito y Vox no han considerado oportuno que se volviese a citar a una de las suplentes del tribunal que tuteló la fase de las oposiciones relativas al turno de consolidación, Inmaculada Soriano, que había quedado convocada para este miércoles y que se había ofrecido a comparecer en otra ocasión, al tener otros compromisos profesionales previos ineludibles en esta jornada, según la comunicación remitida al secretario de la comisión. Las tres fuerzas del centro-derecha han incidido en que no resultaba necesario pedir esa nueva comparecencia en otra próxima sesión de la comisión en la medida en que la secretaria del tribunal que estuvo en todas las fases del proceso ya había ofrecido todas las explicaciones oportunas respecto al conjunto del proceso de selección.
Las tres fuerzas del centro-derecha suman sus votos para rechazar las nuevas comparecencias solicitadas por PSOE, Unides Podem EU y Compromís y para dar paso a la emisión de informes de conclusiones
Así, PP, Cs y Vox se han impuesto por mayoría en la votación para emplazar al conjunto de grupos a elaborar sus propias propuestas de conclusión sobre los trabajos de la comisión para que pueda abordarse el dictamen definitivo del que se dará cuenta al pleno. Esas propuestas particulares deberán presentarse antes del próximo martes, 24 de mayo, como fecha límite. A partir de ahí, se convocará una nueva sesión para tratar de poner en común esas conclusiones a través de un dictamen conjunto o, en su defecto, someter a votación las distintas propuestas.
Ese ha sido el desenlace final de la sesión, tras más de dos horas y media de debate, sin que se haya producido ninguna de las cuatro comparecencias incorporadas al orden del día. Al margen de la suplente del tribunal, Soriano, también se había concertado la convocatoria de otro de los suplentes, Francisco Bernabeu, así como una nueva citación del responsable del área de Prevención de Riesgos Laborales, Andrés García Trillo (que ejerció como asesor de las pruebas médicas), y del comisario principal de la Policía Local, José María Conesa. Los tres comunicaron el lunes 16 que no iban a acudir a la comisión. En el caso de Conesa, con la justificación de que tenía "el convencimiento de que no podía aportar nada nuevo" respecto a lo que ya explicó en su comparecencia del 2 de mayo.
Como informó este diario, al margen de defender la corrección de todo el proceso, Conesa aseguró que la denuncia sobre las supuestas anomalías en las oposiciones era el producto de un complot urdido por otros mandos y agentes del cuerpo con la intención de forzar su destitución. En ese momento, señaló que el documento con esas supuestas irregularidades que se hizo circular a través de una aplicación de mensajería había sido fruto de ese grupo de "delincuentes" subordinados suyos y confirmó que había interpuesto denuncia en Comisaría para que la Policía Judicial determinase su identidad al considerar que habían incurrido en un delito de injurias y calumnias contra él.
Tanto Cano, como López y Bellido han insistido, a lo largo de toda la sesión, en que esas manifestaciones de Conesa hacían más necesarias que nunca las comparecencias de Barcala y de González para que concretasen si habían tomado alguna decisión al respecto a la vista de "la gravedad de los hechos puestos de manifiesto por Conesa". Con todo, De España ha insistido en que el objeto de la comisión no era ese, ni investigar en esa presunta trama apuntada por Conesa, sino dilucidar si habían existido o no las anomalías expuestas por los denunciantes anónimos. Además, ha señalado que ya existe una investigación en curso a partir de la denuncia presentada por Conesa en relación a sus manifestaciones. En todo caso, ha llegado a animar a los grupos de la oposición a promover la creación de una comisión de investigación sobre las manifestaciones de Conesa si lo consideraban oportuno.
Al respecto, Manresa ha asegurado que Cs podría llegar a considerar necesaria esa nueva comisión, pero no antes de que avanzasen las investigaciones policiales ya en curso. Y Ortolá ha sido claro al señalar, sobre las comparecencias de Barcala y González, que resultaba innecesario volver a solicitar oficialmente su comparecencia porque "tienen la posibilidad de pedirlo si quieren". Tanto Cano, como López y Bellido han recogido esa argumentación para subrayar que, en efecto, se habría demostrado que "no quieren comparecer y no quieren dar la cara", según ha enfatizado Bellido. "No sabemos qué tienen que esconder", ha añadido López.
Los partidos de la izquierda denuncian bloqueo a la investigación y vulneración de su derecho a la información; De España anima a presentar recurso y a proponer otra comisión sobre el complot apuntado por Conesa
Por último, en el desarrollo de la comisión, los grupos del eje progresista han vuelto a acusar al bipartito de "obstruir la investigación" pese a que había sido apoyada por unanimidad con la intención de comprobar la corrección de las oposiciones. Además, especialmente Cano ha acusado a PP y Cs de vulnerar el derecho a la información de la oposición al considerar que no se les había facilitado documentación sobre el proceso de selección a su debido tiempo y que no se les había informado sobre qué comparecientes habían confirmado su presencia ante la comisión. De España ha replicado al respecto que se había hecho llegar la documentación en cuanto había sido posible sin ocultar ni negar ningún informe, aunque no ha aclarado por qué no se había informado con antelación tanto sobre el ofrecimiento voluntario del alcalde, como sobre la negativa a ofrecer explicaciones por parte de los comparecientes convocados este miércoles. Además, ha invitado a Cano y al resto de grupos progresistas a presentar recurso si consideraban que se había vulnerado algún derecho o que no se había actuado de acuerdo con lo previsto en la normativa y en los informes del secretario.
En el debate, también ha habido alusiones a la confusión generada en torno a la decisión sobre el proceso que afecta al turno de movilidad (sobre la que se acordó repetir las pruebas en cumplimiento de hasta siete sentencias para, después, revertir esa decisión a la vista de un recurso frente a una de ellas) y se ha solicitado documentación adicional sobre los recursos de alzada presentados por más de 50 aspirantes del turno libre que aprobaron la oposición pero que no habrían accedido a las plazas en liza para que se les tenga en cuenta al acumular todas las plazas vacantes disponibles.
