'Caso enchufes': Conesa denuncia un cacería contra él; el bipartito burla la transparencia

ALICANTE. La primera sesión de análisis de la comisión de fiscalización encargada de revisar la existencia de supuestas anomalías en las oposiciones a Policía Local de Alicante del denominado caso enchufes se cerró este lunes tras cerca de siete horas y media de comparecencias con la exposición de cuatro ideas centrales básicas. Cuatro apreciaciones que, a buen seguro, quedarán plasmadas en las propuestas de conclusión que formulen la mayoría de grupos políticos representados en la corporación en cuanto se dé por extinguida la labor de ese órgano político aprobado por unanimidad en el pleno de marzo. 

El primero de esos ejes centrales, que ya encabezó las primeras crónicas durante la misma jornada de este lunes, tiene que ver con las revelaciones ofrecidas por el comisario de la Policía Local, José María Conesa, quien sostuvo que las denuncias sobre el presunto trato de favor que se habría conferido a determinados aspirantes (por sus vínculos con mandos policiales, con otros policías, con concejales y expolíticos, con representantes sindicales o con responsables de empresas concesionarias) eran un "burdo montaje" basado en falsedades y urdido con la intención de conseguir que rodase su cabeza. 

A lo largo de las cerca de dos horas en las que se prolongaron sus explicaciones, Conesa no escatimó en detalles para describir lo que vino a presentar como una especie de motín que atribuyó a un grupo de entre tres y cuatro personas integrado por algunos mandos subordinados y otros agentes con el fin de desprestigiarle y forzar su sustitución en el cargo. Ese grupo -que dijo que creía tener identificado, aunque admitió que carecía de pruebas concluyentes contra ellos-, habría sido el responsable de difundir el listado con las presuntas vinculaciones familiares de los aspirantes aprobados, y otra suerte de supuestas irregularidades, con la intención de "cargarse al jefe". "Y no sé si después de todo esto al final lo habrán conseguido", añadió, en una velada alusión a la posibilidad de que el alcalde, Luis Barcala, pudiese acabar apartándole del puesto al que accedió en 2009. 

Según incidió, ese grupo habría preparado esa suerte de cacería contra él movido, en algunos casos, por "venganza", al no haberse producido determinados ascensos o incorporaciones al cuerpo, y en otros, con la pretensión de llegar a ocupar la jefatura de la Policía Local, en el caso de que se consiguiese forzar su destitución. De acuerdo con su relato, él era la pieza perseguida con la difusión de ese documento (sobre el que lamentó que se le diese credibilidad pese a provenir de un anónimo), aunque después la polémica desencadenada pudiese haberse utilizado con otros fines, como los políticos, al convertirse en una oportunidad para poner en tela de juicio la gestión del equipo de gobierno (PP y Cs) y del mismo Barcala al frente del Ayuntamiento. Además, añadió que los autores de ese montaje pudieron contar con ayuda externa, que no identificó, al considerar que, en su opinión, no tenían tanto poder como para conseguir que las "falsedades" recogidas en esa denuncia se difundiesen a escala nacional, a través de la antena de la Cadena Ser.

Al margen de ello, dijo comprender las decisiones adoptadas por el bipartito en el momento en el que el mismo alcalde anunció la apertura de un expediente de averiguación de hechos para esclarecer la existencia de posibles anomalías. Y también después, cuando se anunció el respaldo a una comisión de fiscalización para tratar de desentrañarlas. Llegó a decir que, en su opinión, con esas decisiones se pretendía trasladar la imagen de búsqueda de transparencia. Hasta apuntó que, posiblemente, él podría haber tomado una decisión idéntica de encontrarse en la misma tesitura. Ahora bien, también señaló que pensaba que existían otras formas de afrontar el contenido de una denuncia anónima como la orquestada (según su relato) con el pretendido objetivo de descabalgarle como comisario principal.

A partir de ahora, al margen del devenir que pueda tener la denuncia que él interpuso para que la Policía Judicial investigase la autoría y difusión de ese documento, o de los expedientes disciplinarios que anunció que abriría en el caso de que se determinase la identidad de los que elaboraron ese "montaje", está por ver si sus manifestaciones podrían dar lugar también a la apertura de nuevos frentes paralelos en el ámbito municipal para dilucidar si, en efecto, existe esa trama contra él, o para que la propia Alcaldía pueda abrir esos expedientes disciplinarios para encontrar a sus hipotéticos responsables y acordar posibles sanciones.

La segunda de las ideas centrales que se puso de manifiesto durante la sesión es que Conesa fue el que controló la práctica totalidad del proceso. Lo apuntaron la mayoría del resto de comparecientes que respondieron ante la comisión (otros nueve). Y hasta él mismo lo ratificó en su turno de intervención ante la comisión. A priori, no sería nada ilógico si se tiene en cuenta que él actuaba como presidente y, por tanto, como máximo responsable de la convocatoria, como establece la normativa al efecto. Sin ir más lejos, Conesa señaló que no había hablado del proceso de selección con el alcalde hasta que estalló la polémica. Y explicó que fue él quien contactó con el jefe de la Policía de Xàtiva, Antonio Collado, para que formase parte del tribunal como vocal, en busca de una persona ajena a la ciudad para evitar las "suspicacias" y las "presiones" que, según indicó, podían haberse producido en caso de que se hubiese designado algún mando de la Policía de Alicante. Según explicó, a Collado lo conocía al menos desde 2014 por haber coincidido en otros procesos previos y por ser uno de los mandos inscritos en el IVASPE que había superado el curso específico para formar parte de órganos de selección de personal.

También fue Conesa quien planteó 15 de las 50 preguntas del examen tipo test (la misma cifra que propuso Collado, frente a los 10 que se acordó dejar en manos de la secretaria y las diez restantes a los otros dos vocales propuestos por la Agencia Valenciana de Seguridad). Fue también Conesa quien planteó que los miembros del tribunal optasen por cerca de un 50% de preguntas asequibles, otro 30% de dificultad media y otro 20% de mayor complejidad para garantizar que se cubriesen los 92 puestos previstos en la convocatoria, al constatar que las distintas cribas previas habían reducido el número de candidatos que optaban a conseguir plaza. Y también fue él quien asumió la tarea de diseñar la prueba consistente en la resolución de un supuesto práctico, sobre el que eligió la alternativa más fácil, relacionada con una cuestión de tráfico. Dijo que era "una costumbre no escrita" que el presidente del tribunal opositor asumiese esa parte del trabajo en la mayoría de las convocatorias relacionadas con la Policía Local que se ponen en marcha en todos los municipios.

La tercera de las apreciaciones troncales que se pudieron extraer de la sesión de la comisión es la coincidencia en el diagnóstico de normalidad que ofrecieron todos los comparecientes respecto al desarrollo del proceso. Ninguno de los miembros del tribunal, ni los tres asesores que prestaron asistencia en la organización de la prueba psicotécnica, física o médica, reseñaron que hubiesen apreciado anomalías o irregularidades en el transcurso de las pruebas.

Es más, prácticamente todos consideraron habitual que existiese un alto porcentaje de aspirantes con vínculos familiares con mandos o agentes del cuerpo, puesto que, según argumentaron, la de policía es una profesión "endogámica" en la que los hijos quieren continuar la labor de sus padres, como sucede con otros colectivos profesionales: entre ellos, el de los jueces, el de los profesores o el de los médicos, según algunos de los ejemplos que llegaron a citarse. Al tiempo, fue Conesa el que también negó la veracidad de gran parte de las relaciones de amistad o parentesco que se apuntaban en la denuncia anónima sobre la adulteración de las oposiciones. En esta línea, apuntó que en ese listado se le atribuía una relación de afinidad con entre cinco o seis aspirantes que no era cierta. Y, además, añadió que en otros procesos de selección llevados a cabo en Alicante o en otras poblaciones, el porcentaje de candidatos que tenían relaciones de parentesco con otros agentes era incluso superior al de la oposición bajo sospecha.

De igual modo, todos los comparecientes aseguraron que se mantuvo la cadena de custodia de los exámenes sin posibilidad de que se filtrasen sus preguntas, en tanto que solo se facilitaron a la secretaria días antes de la celebración de cada prueba. Además, insistieron en que esos exámenes quedaban precintados hasta el momento de su reparto, al margen del dato llamativo que aseguró la misma secretaria durante su comparecencia a puerta cerrada: que ella guardaba en su bolso un pen drive con esas pruebas. Hubo mención expresa, igualmente, a la academia en la que pudieron prepararse 86 de los 92 aspirantes aprobados, según las primeras informaciones difundidas en torno al proceso. Conesa rectificó esos datos para asegurar que, según las averiguaciones que había realizado, tras conversar con los responsables de dicho centro de formación, fueron 132 los aspirantes preparados en la academia los que participaron en el proceso. Eso sí, añadió que, de ellos, aprobaron 33, un 25%, lejos de los 86 que se había difundido inicialmente. Al margen de ello, también aseguró que conocía que algún mando del cuerpo daba clases en esa academia y defendió que no era extraño que el centro consiguiese un alto porcentaje de aprobados porque ofrecía una muy buena preparación.

Sea como fuere, los diez comparecientes también recalcaron que las correcciones de los exámenes fueron anónimas, sin que los miembros del tribunal pudiesen conocer la identidad de los aspirantes, al quedar vinculadas a códigos numéricos. Asimismo, en respuesta a la misma pregunta que les formuló a cada uno de ellos la presidenta de la comisión y portavoz del PP, Mari Carmen de España, todos los que accedieron a prestar testimonio ante la comisión negaron que hubiesen recibido presiones o indicaciones de nadie durante la confección o el desarrollo de las pruebas. Ahora bien, lo cierto es que -en principio- era poco probable que ninguna de las personas que formó parte de la organización del proceso de selección llegase a admitir la existencia de anomalías. Ese supuesto, como mínimo, habría implicado asumir la adulteración del proceso del que eran responsables. Casi una autoinculpación.

Así que, lejos de eso, defendieron que nadie había planteado objeciones sobre las preguntas planteadas y que tampoco se había puesto de manifiesto la existencia de filtraciones. Respecto a las denuncias presentadas ante la Agencia Valenciana Antifraude, que habrían motivado la apertura de otro proceso de investigación para determinar si existieron o no las anomalías puestas de manifiesto, fue Conesa el que aseguró que era normal que algunos aspirantes que no hubiesen logrado plaza actuasen para tratar de que se anulase el proceso con el fin de tener otra oportunidad. En cualquier caso, de nuevo, todos los comparecientes también insistieron en que se había respondido a las alegaciones o recursos de alzada presentados tras el desarrollo de cada fase del proceso con total normalidad. Incluidos los que aludían a la posibilidad de que se hubiesen admitido certificados médicos con su vigencia de 90 días caducada. Conesa aseguró al respecto que su fecha de validez se computaba desde el momento en el que se tomaban en consideración por el tribunal, y el asesor encargado de supervisarlos, y de valorar la prueba médica, Andrés García Trillo, señaló que, aunque él no podía pronunciarse en sentido estricto sobre su vigencia o caducidad, lo cierto era que las bases (establecidas por la Generalitat) no contemplaban la posibilidad de volverlos a requerir para que se presentasen de nuevo en un momento posterior.

Y la cuarta idea central que se puso de manifiesto en el comienzo de la sesión fue, precisamente, la caducidad en el compromiso de transparencia que había adquirido el equipo de gobierno con la intención de que pudiese esclarecerse si existió algún tipo de anomalía en el proceso de selección. Ese discurso quedó desvirtuado (cuando menos, temporalmente) durante el planteamiento de las cuestiones previas, antes de que se diese paso a las comparecencias. En ese arranque de la comisión, se puso sobre la mesa la solicitud de comparecencia voluntaria presentada por el alcalde, Luis Barcala, y por el concejal de Recursos Humanos, José Ramón González, pese a que el informe evacuado por el secretario municipal apuntase que no resultaba procedente que ningún responsable político prestase testimonio ante la comisión.

Como había anticipado este diario, el equipo de gobierno había mantenido que los dos accederían a comparecer a pesar de esa consideración jurídica. La cuestión es que esa predisposición a facilitar explicaciones acabó sustanciándose en un ofrecimiento con condiciones limitadas: ambos se mostraban dispuestos a responder ante la comisión, pero -a priori- solo durante este mismo lunes, una vez que hubiese concluido el turno de explicaciones del resto de comparecientes que sí se incluyeron en el orden del día de la sesión confeccionado por la presidenta de la comisión a partir de las sugerencias de diligencias propuestas por el conjunto de partidos políticos.

La misma De España solicitó al resto de miembros de la comisión que votasen si aceptaban ese ofrecimiento de comparecencia voluntaria. Pero ninguno de los representantes de los cuatro grupos que conforman la oposición (PSOE, Unides Podem EU, Compromís y Vox) accedió a ello. Primero, porque se cuestionó si existía la posibilidad de que ese ofrecimiento de comparecencia se trasladase a una próxima sesión de la comisión y nadie dio una respuesta clara al respecto. Y segundo, porque al menos los tres grupos opositores que conforman el eje progresista (PSOE, Unides Podem EU y Compromís) ya habían solicitado una reunión extraordinaria de la comisión con la intención de que se anulase el orden del día establecido por la presidenta y, así, poder consensuar o votar uno nuevo, en el que sí se incluyese, precisamente, las comparecencias de Barcala y González de forma expresa. Y, además, por decisión de la comisión, no como ofrecimiento voluntario.

Esa reunión de la comisión no se convocó antes de la sesión de este lunes, como reclamaban las tres formaciones de la izquierda. Al respecto, este lunes se aportó otro informe jurídico adicional en el que se concluía que no correspondía convocar tal reunión de la comisión extraordinaria y urgente, aunque sí indicaba que se debería convocar en lo sucesivo, si así se acordaba por mayoría simple. Igualmente, en ese informe se establecía que los miembros de la comisión podían proponer y acordar las diligencias que considerasen oportunas -igualmente, por mayoría simple-, después de poner de manifiesto la advertencia de que los miembros que votasen esas peticiones de prueba podían quedar sujetos a responsabilidades personales. Según añadió el secretario, esa advertencia se sustentaba en el hecho de que, a diferencia del Congreso, el Senado o les Corts, en el Ayuntamiento de Alicante no existe ninguna regulación específica sobre el funcionamiento de las comisiones de investigación, de modo que la comisión sobre las oposiciones sería, en realidad, una mera comisión de estudio, que se desarrolla sin que exista ninguna disposición sobre los derechos y prevenciones que deberían asistir a los comparecientes.

Al término de todo ese circunloquio de informes y explicaciones, fue la presidenta de la comisión la que dio por descartada la comparecencia voluntaria de Barcala y González, después de que los grupos de la oposición persistiesen en su posición de no votar nada sobre su ofrecimiento. Es más, animaron a De España a tomar la decisión que considerase como, según apreciaron, ya había procedido con la confección del orden del día de la reunión de este lunes. Así, no dudaron en denunciar bloqueo y obstrucción a la comisión. Es más, llegaron a considerar la actuación del equipo de gobierno debía calificarse como un "atropello", en base a una estratagema para acabar evitando que el primer edil y el concejal de Recursos Humanos tuviesen que ofrecer explicaciones sobre el proceso de selección. 

En todo caso, fuentes consultadas entre las filas del eje progresista apuntaron que volverían a proponer la comparecencia de ambos en el plazo que se acabó estableciendo al cierre de la sesión de este lunes para sugerir nuevas diligencias (entre el 9 y el 11 de mayo), al margen de la citación que De España ya dio por preacordada para el transcurso de la próxima sesión, el día 18, respecto a dos miembros del tribunal que tuteló el proceso de selección en el turno de consolidación (en una propuesta planteada por Compromís que no se había tenido en cuenta para la confección del orden del día de la sesión de este lunes).

A partir de ahora, está por ver si Barcala y González acceden a comparecer en el supuesto de que se registre esa nueva solicitud de comparecencia aprobada por mayoría simple (para lo que el eje progresista requeriría necesariamente del apoyo de Vox, siempre que PP y Cs votasen en contra). El bipartito podría repeler de nuevo esa petición escudándose en que ya se habría producido el ofrecimiento voluntario de ambos y, sin embargo, no habría sido tenido en cuenta por parte de los grupos de la oposición. Por lo pronto, fuentes del equipo de gobierno llegaron a interpretar este lunes que la negativa a votar ese ofrecimiento voluntario por parte de los grupos opositores habría sido una torpeza, en la medida en, con esa decisión, habían evitado lo que podían estar buscando: la foto del alcalde respondiendo a sus preguntas en la comisión.

Lo cierto es que si el bipartito rechazase esa nueva hipotética petición de comparecencia del primer edil y de González, no solo evitaría que ambos tuvieran que pasar el trance, sino que también conseguirían acortar los tiempos para el desarrollo de la comisión con el fin de zanjar la controversia cuanto antes. Es decir, que se daría cumplimiento a una de las prioridades establecidas por el propio Barcala (la celeridad) al anunciar la apertura de un expediente de averiguación de hechos, solo unas horas después de que Radio Alicante difundiese las denuncias iniciales sobre las irregularidades en las oposiciones. 

Con ese hipotético rechazo a la nueva petición de comparecencia, se cerraría el paso a las pretensiones que pudiesen albergar los grupos de la oposición de alargar los trabajos de la comisión en busca de un desgaste del equipo de gobierno que pudiese procurarles rédito político. Ahora bien, el bipartito perdería la ocasión de refrendar su voluntad de lograr el esclarecimiento de los hechos en tanto que quedaría sepultado ese compromiso de transparencia del que PP y Cs habían hecho gala, sin que pueda argüirse como justificación que en el caso del Ayuntamiento de Alicante al menos sí se habría accedido a constituir la comisión de investigación que PSPV, Unides Podem EU y Compromís niegan en les Corts para indagar sobre los abusos sufridos por menores tuteladas que, supuestamente, habrían sido ocultados por parte de responsables de la Conselleria de Políticas Inclusivas con la intención de no perjudicar a su titular, Mónica Oltra. O sobre las presuntas ayudas públicas irregulares concedidas a las empresas del hermano del presidente de la Generalitat, Ximo Puig.

Por lo pronto, el grupo municipal del PP ya volvió a recurrir a ese argumento este lunes como valoración del desenlace de las comparecencias en la comisión. Así, a través de un comunicado, su portavoz, la misma De España, expresó su "satisfacción" por el desarrollo de la sesión y confió en que "cunda el ejemplo" en las Cortes con respecto a los "escándalos" que afectan a Puig y Oltra. "Estamos satisfechos por cómo ha transcurrido esta segunda sesión de la comisión y agradecidos por el esfuerzo y ejemplo cívico que han demostrado los técnicos y funcionarios que han comparecido", indicó De España. "Varios de ellos  han tenido que recorrer muchos kilómetros y dedicar bastantes horas para contribuir con este ejercicio de transparencia municipal y es de justicia reconocérselo", añadió.

Por último,  expresó su confianza en que "cunda el ejemplo" y "la izquierda se anime de una vez por todas a investigar en las Cortes Valencianas los escándalos que salpican al presidente Puig y a su vicepresidenta Oltra por las subvenciones con dinero público al hermano del primero y por el intento de tapar los abusos a una menor tutelada por parte del exmarido de la también consellera de Igualdad y Bienestar Social", concluyó.