Los representantes políticos que conforman la comisión de investigación sobre las oposiciones a la Policía Local bajo sospecha del 'caso enchufes'.ALICANTE. El alcalde de Alicante, Luis Barcala, y el edil de Recursos Humanos, José Ramón González, no tendrán ninguna obligación de comparecer ante la comisión de investigación sobre el caso enchufes, en la que se pretende dilucidar si existió algún tipo de anomalías en las oposiciones a la Policía Local que pudiesen beneficiar a determinados aspirantes. En concreto, a familiares de mandos policiales, de otros policías, de concejales y expolíticos, de representantes sindicales y de responsables de empresas que prestan algún tipo de servicio para el Ayuntamiento, según pusieron de manifiesto denunciantes de identidad reservada en una información inicial difundida por Radio Alicante.
Ahora, un informe jurídico emitido por el secretario general del pleno (que lo es también de la comisión) descarta la admisión de las solicitudes de comparecencia de Barcala y de González formuladas por los cuatro grupos políticos que ejercen funciones de oposición en el Ayuntamiento (PSOE, Unides Podem EU, Compromís y Vox) al concluir que no existe ninguna regulación autonómica o municipal en la que se contempla la posibilidad de que concejales miembros de la Junta de Gobierno, o que ostenten competencias delegadas del alcalde, deban responder ante las comisiones no permanentes o específicas.
Así, en ese primer filtro jurídico que se acordó imponer en la sesión constitutiva de la comisión para las peticiones de diligencias planteadas por el conjunto de los grupos municipales -en respuesta a la propuesta formulada por el equipo de gobierno (PP y Cs), que fue asumida, aunque discutida, por el resto de grupos políticos- se considera que "no procede la solicitud de comparecencia de concejales o miembros de la Junta de Gobierno Local fuera del ámbito plenario o de las comisiones permanentes".
Ese descarte podría obstaculizar la pretensión de esclarecer responsabilidades políticas -en el caso de que las hubiese- respecto al desarrollo presuntamente irregular del proceso de selección. Es decir, el objetivo que perseguían los cuatro grupos opositores al solicitar las comparecencias de Barcala y González. Lo cierto es que incluso los dos partidos que conforman el equipo de gobierno habían planteado la posibilidad de que González fuese citado para que ofreciese explicaciones ante la comisión, y hasta el primer edil había mostrado su predisposición a responder ante ese órgano de fiscalización política con la intención de despejar cualquier duda sobre el proceso.
A partir de ahora, está por ver si el primer edil y el concejal de Recursos Humanos deciden obviar las conclusiones de ese informe para comparecer voluntariamente a petición propia pese a que en dicho dictamen jurídico se rechace que tengan obligación de hacerlo. De hecho, fuentes municipales consultadas han confirmado ya este martes que tanto el primer edil como González mantienen su compromiso de responder a la llamada de los miembros de la comisión con la intención de ofrecer las explicaciones que resulten oportunas a las preguntas que se les formule, pese a que el informe jurídico emitido por el secretario no lo considere obligatorio ni preceptivo. Así, según las mismas fuentes, se mantendría la voluntad de abordar las averiguaciones sobre el proceso de selección bajo sospecha con la transparencia que tanto Barcala como el conjunto del equipo de gobierno han venido defendiendo en público desde que trascendieron las presuntas anomalías en el desarrollo de las oposiciones.
Sea como fuere, en ese informe, facilitado este martes al conjunto de las formaciones representadas en la corporación, sí se admite las solicitudes de comparecencia de los cinco miembros del tribunal que pilotaron la convocatoria de las oposiciones bajo sospecha. Se trata del jefe de la Policía Local, José María Conesa, en su condición de presidente del tribunal; de la funcionaria nivel A1, Remedios Molina, como secretaria; del vocal designado por el presidente, Antonio Collado (jefe de la Policía Local de Xàtiva); y de los vocales nombrados por el IVASPE, Miguel Ángel Palacios y José Antonio Berbegal.
Según fuentes municipales consultadas, los cinco habrían mostrado ya su predisposición a comparecer ante la comisión en la sesión de trabajo prevista para el próximo martes, 2 de mayo, pese a no que tampoco tendrían ninguna obligación de hacerlo. Así lo subraya igualmente el propio informe jurídico emitido por el secretario, en el que, además, se puntualiza que "solo se podrán solicitar las comparecencias del personal funcionario o laboral que haya participado en el proceso" de las oposiciones a la Policía Local y que el personal "funcionario o laboral no tendrá obligación legal de comparecer y por tanto lo hará de forma voluntaria".
Al tiempo, en ese dictamen se concreta que "al personal funcionario o laboral que comparezca voluntariamente se le advertirá de que no existe normativa aplicable que garantice la defensa de sus derechos constitucionales" y que "no podrá comparecer el personal funcionario o laboral que no haya tenido parte en el procedimiento" ni tampoco "terceros ajenos a la instrucción de los expedientes".
En este sentido, el informe jurídico responde una a una a las peticiones de diligencias registradas por el conjunto de grupos políticos. Respecto a las presentadas por Unides Podem EU, el dictamen del secretario avala que pueda solicitarse la comparecencia de los cinco miembros del tribunal, así como la de sus asesores y colaboradores que participaron en el proceso. No obstante, se considera que "no procede" que se cite a los miembros de la cadena de mando de la Policía Local al no haber tenido parte en el proceso. De igual modo, rechaza que pueda comparecer el portavoz de Vox, Mario Ortolá, en la medida en que la comisión de investigación no es un pleno ni una comisión permanente. Y, por último, también rechaza la solicitud de que puedan responder ante la comisión los 20 primeros opositores que superaron las pruebas al tratarse de "terceros ajenos a la instrucción de los expedientes".
Respecto a las diligencias propuestas por el PSOE, el informe del secretario señala que la periodicidad de las sesiones de la comisión fue la aprobada en el pleno (cada quince días) de modo que no puede pasar a ser semanal salvo que se apruebe un nuevo acuerdo de pleno en ese sentido. Además, el dictamen concreta que ya se ha puesto a disposición de todos los grupos la información sobre el proceso de selección que se había solicitado, lo que incluiría la documentación remitida al IVASPE y a la Agencia Antifraude.
En todo caso, respecto a esa información puesta a disposición de los miembros de la comisión, no se habría incorporado las plantillas con las preguntas de las cuatro pruebas por escrito incluidas en el proceso, lo que dificultaría la labor de análisis sobre cómo se desarrolló la convocatoria, como ya ha informado este diario.
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Al margen de ello, señala que no se puede facilitar copia de las denuncias, escritos, reclamaciones o recursos en cualquier fase del proceso porque "no constan denuncias ni recursos". En todo caso, se añade que "de existir en el futuro, se pondrán a disposición de todos los miembros de la comisión". Eso sí, se apunta que las reclamaciones de los aspirantes ya se habrían incluido entre la documentación facilitada a todos los grupos.
Sobre las diligencias solicitadas por Vox, solo se añade como elemento nuevo el descarte de la solicitud de comparecencia del exedil de Recursos Humanos por el PSOE, Carlos Giménez, con el mismo argumento esgrimido respecto a Barcala y González.
En lo que concierne a las peticiones tramitadas por Compromís, solo se añade como elemento novedoso que el orden en el que deben comparecer los cinco primeros comparecientes -los miembros del tribunal- "deberá consensuarse entre los miembros de la comisión". La coalición valencianista había planteado que la secretaria y el presidente fuesen los últimos en responder a las preguntas de los miembros de la comisión.
En cuanto a las peticiones de Cs, el informe también avala la petición de comparecencia de la jefa de Recursos Humanos y de la asesora que coordinó las pruebas psicotécnicas. Y no añade ningún elemento nuevo respecto a las diligencias planteadas por el PP, muy similares a la del resto de grupos políticos.
La emisión de ese informe jurídico ha suscitado reacciones por parte de los grupos que ejercen funciones de oposición este mismo martes, antes de que este diario pudiese contrastar que el compromiso de Barcala y González de comparecer ante la comisión permanece en pie. Así, en primer término, y antes de que se garantizase el compromiso de ambos a responder ante la comisión, la concejala del PSOE Llanos Cano ha considerado "increíble que Barcala y el concejal responsable de la Policía Local den un portazo a la comisión que investiga las presuntas irregularidades en las oposiciones a Policía Local". "Este alcalde brilla por su falta de transparencia, por comprometerse a algo y no cumplir su palabra, aunque lo diga en el pleno, pero no creía que iba a llegar a tal nivel de desvergüenza. No da la cara ante un tema de extrema gravedad. Hemos salido en todos los telediarios de España señalados de forma sonrojante y nuestro alcalde, el de todos los alicantinos y alicantinas, se esconde en su despacho", ha asegurado. Así, ha sostenido que "si el alcalde se esconde detrás del secretario y decide no acudir por no estar obligado no le queda más que dimitir. No podemos permitirnos un alcalde sobre el que recae la sospecha y se esconde... ¿o es que tiene algo que ocultar?".
En segundo lugar, el portavoz municipal de Unides Podem EU, Xavier López, ha señalado que "Barcala y el concejal José Ramón González se esconden detrás del secretario para no dar explicaciones políticas de su implicación en el proceso. Esta es la máxima transparencia que prometían, esconderse y no dar la cara apoyándose en una interpretación que nos parece muy sui géneris, por decirlo suavemente, del secretario municipal". En esta línea, ha añadido que "nos llama poderosamente la atención que en otras comisiones de investigación de esta misma legislatura, como la contrata de la limpieza escolar, la de las zonas verdes, o la de los residuos, no se haya producido una interpretación tan restrictiva, y a nuestro juicio, absolutamente interesada, de lo que son estas comisiones". "Una vez más, la palabra de Barcala se demuestra que vale menos aún que su capacidad de gestión. Máxima trasparencia es esconder la cabeza detrás de un informe del secretario que parece hecho para protegerle y lo que transmiten de esta manera es más dudas acerca de la implicación política que ha podido haber en las posibles irregularidades a investigar en esta comisión", ha concluido.
En tercer lugar, el portavoz municipal de Compromís, Natxo Bellido, también se ha cuestionado "qué tiene que esconder el señor Barcala, que se escuda detrás de informes para no comparecer ni él ni su compañero de partido, concejal de Recursos Humanos, ni el portavoz municipal de Vox, en la comisión de los enchufes en las oposiciones a la Policía Local". "Es una nueva cacicada de Barcala que usa los órganos de este ayuntamiento en su beneficio personal y no al servicio de la democracia y de la transparencia y no lo vamos a permitir", ha apostillado.
